Arturo Moscoso Moreno | ¿Y si eliminamos la jubilación patronal?
Así, en vez de premiar la lealtad laboral, el sistema la castiga
Ecuador es probablemente el único país que mantiene la jubilación patronal. Nació en los años treinta como solución temporal mientras se consolidaba la seguridad social, pero terminó siendo permanente. Sobre el papel luce como un derecho extraordinario: además de la pensión del IESS, el trabajador recibiría otra del empleador. En la práctica, ocurre lo contrario.
Según datos recientes del Ministerio de Trabajo, menos del 2 % de trabajadores acceden a este beneficio. ¿Qué pasa con el resto? Muchas empresas, ante una obligación costosa e incierta, prefieren despedir antes de tener que pagarlo. Y lo hacen cuando el trabajador entra en la etapa más difícil para reinsertarse: entre los 45 y 55 años.
La lógica es simple: se obliga a seguir pagando a alguien que ya no genera producción en la empresa. Esa carga transforma la experiencia y la antigüedad -que deberían ser virtudes- en un riesgo financiero. Así, en vez de premiar la lealtad laboral, el sistema la castiga. Para la mayoría, la prometida ‘doble jubilación’ es un espejismo. Para agravar el cuadro, jurisprudencia reciente interpretó el cálculo de la pensión patronal sin un límite, elevando aún más la incertidumbre.
En este contexto, el Ministerio del Trabajo ha planteado alternativas para reformar la jubilación patronal. Habría que analizarlas, junto con otras. Eliminar la jubilación patronal no es una regresión de derechos, porque el derecho más importante de los trabajadores -y el que debe protegerse antes que nada- es justamente el derecho al trabajo. Ojalá los sindicatos comprendan que aferrarse a esta institución no es defender derechos, sino condenar a miles de personas.
Si queremos proteger a los trabajadores, concentremos reglas y recursos en un IESS fortalecido (este mismo diario, en una reciente investigación, puso en la palestra los problemas graves del sistema de salud pública y nadie ha dicho nada aún).
La jubilación patronal es un castigo disfrazado de beneficio. Y si una institución expulsa del empleo a la mayoría para que unos pocos la disfruten, la respuesta debería ser clara: eliminarla.
