A las oficinas de la la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), en el norte de Quito, llegó la requisición, justificado por el estado de excepción decretado el pasado 17 de junio en el marco de las protestas generalizadas.

Esta herramienta permite al Estado disponer de “bienes patrimoniales que pertenezca a personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras” como lo señala la Ley de Seguridad Pública y del Estado, es decir, se pueden requisar estos bienes para el uso del Estado en el marco del estado de excepción.

Las autoridades de la Casa de la Cultura anuncian que van a dirigirse a Flagrancia a presentar un acción de protección contra ese pedido que acaba de entregar la Policía. Argumentaron las razones para oponerse en un comunicado señalando que los bienes patrimoniales tienen una garantía constitucional de inembargabilidad.

Al ingreso del Ágora de la Casa de la Cultura se encontraba un grupo de manifestantes, que se identificaron como artistas, que buscan para resguardar el espacio hasta que lleguen los indígenas. Sin embargo, aproximadamente a las 20:30 la policía ingresó a los predios del lugar.

En la tarde de este 19 de junio, la policía se indicó que “vamos a hacer uso de algunas de las herramientas que están en el decreto del estado de excepción para una requisición de esa área”.

Hay que recordar que, en octubre de 2019, la CCE fue la sede que albergó cientos de manifestantes que llegaron a Quito para protestar y rechazar, en esa época, lo que les afectaba durante el gobierno de Lenín Moreno. Se quedaron aproximadamente doce días de protestas en la capital.