La Corte Constitucional (CC) dispuso un año de plazo para desmantelar la infraestructura petrolera en el bloque 43 del Yasuní tras los resultados de la consulta popular que ordenó la conservación del recurso bajo tierra.

Sin embargo, Petroecuador estima que se necesita al menos 20 años para cumplir con el retiro de la actividad extractivista con el debido plan de remediación y reforestación.

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Byron Caicedo, intendente de Construcciones del bloque 43, detalló a EXPRESO que el proceso es más complicado debido a que había una planificación para pasar de 59.000 barriles de petróleo a los 100.000 y que además había proyectos de corto plazo. Todos ellos se están dando de baja.

“Tan solo sacar el lastre tomará cinco años, aparte las líneas, cables, fibra óptica y lo que está en la superficie. Por ejemplo: los pozos que son más de 200 hay que dejarlos cerrados, descontaminados y sembrados con árboles, eso toma varios años. Y de plataforma para arriba 15 a 20 años”.

El supervisor de operaciones del bloque 43, Jorge Cuzme, adelanta que según los cálculos, el desarme de las construcciones que iniciaron en 2013 tiene un valor de $ 680 millones y que la realidad económica del Estado no está para asumir aquel costo.

“Hasta el día de hoy se ha invertido más de $ 1.800 millones y dentro de estos siete años que van operando se han generado más de $ 4.000 millones versus lo que se invirtió inicialmente. Esto sin medir las 105.000 fuentes de empleo que ha generado de acuerdo a las estimaciones del Banco Central del Ecuador”.

Por su parte, Yasunidos insiste en que ese costo debe ser asumido por el Estado ecuatoriano porque en el año 2010 se fomentó la iniciativa de conservación del petróleo, pero cuando se planteó la consulta popular en 2013, no se había invertido aún recursos para la extracción.

Para Alexandra Almeida, presidenta de Acción Ecológica y vocera de Yasunidos, sostiene también que Petroecuador debía tener recursos para el cierre de las operaciones en su planificación y que lo único que se está pidiendo es que se adelante el proceso correspondiente.

“Eso fue saboteado y eliminado a través de fraude, quien tiene que pagar es ese gobierno que hizo fraude y estafó al pueblo, cuando se entra a operar debe tener entre los estudios un plan de abandono. De ahí debe también salir una parte del financiamiento”.

Sin embargo, Almeida resalta que se trata también de cambiar las perspectivas y ejecutar verdaderas políticas que apunten al desarrollo de la Amazonía y de la agricultura del país.

“Hay que volver al campo, empecemos a ver otras formas de financiamiento, formas que no destruyan, que sean limpias y sustentable. Ecuador siempre ha sido con visión agrícola. Extraemos petróleo, no lo producimos. 

Se ha enfermado a la selva, a las personas y no puede ser que el Estado ausente sea remplazado por petroleras para entregar derechos como el agua, la educación, la salud. No es un pedido sino una obligación”.

No obstante, en el cierre de la extracción petrolera se encienden otras alarmas como el tráfico de especies, el monocultivo, el tráfico de madera y de crudo. Esta preocupación se debe a las protestas de representantes de las comunidades.

Ricardo Benites, intendente de seguridad y ambiente del bloque 43, enfatiza que cumplir con la normativa legal y cerrar todo tendrá un impacto en la forma de vida de los comuneros.

“Existe el riesgo de que vengan foráneos, las personas que ya vieron estos caminos tratarán de abrirlo, el Ministerio del Ambiente y la Policía ambiental deben hacer un trabajo muy fuerte para que esta salida no provoque un efecto muy complejo en el comportamiento de las comunidades”.

El bloque 43 está en la reserva ecológica del Yasuní ITT que se localiza en la provincia amónica de Orellana en donde el 58 % de la población está a favor de la extracción.

Una comunidad enfrentada por la necesidad

Las poblaciones que se ubican a lo largo del río Coca tienen opiniones encontradas porque hay generación de recursos pero también por los daños ambientales que se han ocasionado a lo largo de la historia.

Berta Coquinche es una de ellas, porque sostiene que se dedica a la transportación de canoa y que con ello gana mayor beneficio económico y a diario que con la agricultura. “Es muy difícil, porque además que es un trabajo duro, no hay facilidad para sacar el producto por carretera, ni por agua porque solo para llegar a la ciudad Coca son siete horas y sin contar que el cacao o el café demora cinco años en rendir fruto”. 

En tanto que, María Pinchupá, líder de una asociación de mujeres enfermas por la contaminación en la Amazonía en 17 comunidades, rechaza tajantemente los trabajos petroleros y pide que se elimine por completo la intervención de las empresas. “Ya hay zonas donde han sacado todo el petróleo y nosotros nos hemos quedado con la enfermedad. No tenemos para comer el día y ahora debemos conseguir para curarnos, no tenemos ni hospitales, ni vialidad”.

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