Tras la victoria del sí en la consulta que se le hizo al pueblo para dejar bajo tierra el petróleo que se encuentra en el Yasuní, se han vertido varios criterios en torno al acatamiento del mandato popular, cuando la Constitución es clara en que se respete lo decidido.

El presidente Guillermo Lasso se mostró contrario a dejar de operar, como se vio en un video filtrado en redes sociales. El Estado tiene un año para acatar la orden.

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Con relación a este tema, Diario El País publicó un reportaje el sábado pasado en el que se hacía referencia a un informe técnico de la estatal Petroecuador “sobre el impacto por el cierre de operaciones y abandono de instalaciones en el ITT en el que considera ‘continuar con la perforación en el área Ishpingo hasta diciembre 2023’, para lo cual se incorporarán ‘15 pozos adicionales’.

El periódico español indicó que solicitó información a Petroecuador. Dicha institución contestó que “no se están pronunciando sobre este tema”.

Mientras que el sector ambientalista está pendiente que se acate de a poco el mandato del pueblo.

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