TCE reduce la pérdida de derechos políticos de Verduga y Franco Loor hasta 2026
El juez Maldonado moduló una sentencia ejecutoriada, lo que abre la puerta para que sean candidatos a la Constituyente
El juez electoral Patricio Maldonado resolvió la noche del 17 de octubre de 2027 reducir de cuatro a un año la sanción de pérdida de derechos políticos impuesta a los exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Eduardo Franco Loor y Augusto Verduga.
Maldonado moduló la sentencia ejecutoriada en el caso 123-2024-TCE, invocando el principio de favorabilidad. Su decisión establece que Verduga y Franco Loor ya no estarán inhabilitados hasta 2029, sino que únicamente perderán sus derechos políticos entre el 7 de febrero de 2025 y el 7 de febrero de 2026.
El caso se originó por la prohibición que tenían los exconsejeros de realizar proselitismo político durante sus candidaturas al CPCCS. Ellos, en cambio, se vincularon con la Revolución Ciudadana.
Consecuencias del fallo del juez del TCE
Este nuevo fallo abre la posibilidad de que ambos puedan postularse como candidatos a la futura y posible Asamblea Constituyente, cuyas inscripciones ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) están previstas para febrero de 2026. También podrían participar en las elecciones seccionales de ese mismo año, cuyas inscripciones se realizarán entre agosto y septiembre.
Argumentos del juez electoral
En su resolución, el juez Maldonado sostuvo: “Respecto a la suspensión de los derechos de participación, se debe indicar que esta sanción se ejecutará en el tiempo inicialmente impuesto de cuatro años; sin embargo, la reforma al Código de la Democracia modificó la sanción máxima a un año. En este contexto, considerando la solicitud expresa de los ejecutados y siendo que sus efectos se producen hacia el futuro, esta sanción es susceptible de modulación conforme al principio de favorabilidad, determinando la sanción de acuerdo con el nuevo umbral máximo”.
La sentencia dispone, además, oficiar al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio de Trabajo para notificar sobre la reducción de la sanción.
El caso Ligados que se diluye
En paralelo, la Fiscalía General del Estado impulsa el denominado caso Liga Azul, en el que se investiga una presunta asociación ilícita que involucra a Verduga, Franco Loor, Yadira Saltos y la actual consejera de Participación Ciudadana Nicole Bonifaz.
La audiencia preparatoria de juicio del caso Ligados está prevista para noviembre, pero no se sabe si el fiscal del caso será Wilson Toainga o Carlos Alarcón, quien lo reemplaza en su ausencia por decisión del Consejo de la Judicatura.
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