Enredos y dilataciones que protegen al alcalde de Quito, Jorge Yunda. El vicealcalde de la capital, Santiago Guarderas, denunció que la Secretaría y la Procuraduría del Municipio están retrasando e impidiendo las reuniones del Concejo Metropolitano para que no se trate una posible remoción del titular de la ciudad por los actos de corrupción en los que es investigado él y otros que ahora señalan a su hijo, Sebastián Yunda.

Hay una denuncia puntual de un colectivo ciudadano que no puede ser tratada porque no hay autorización. Guarderas cumplió con hacer la convocatoria del Concejo, pero la Secretaría no tramitó el pedido y elevó a consulta para que la Procuraduría determine si el vicealcalde puede convocar a una sesión del cuerpo edilicio. Según Guarderas, la consulta es innecesaria porque la ley permite que el vicealcalde haga el llamado.

La remoción de Jorge Yunda no podrá avanzar hasta que exista una reunión del Concejo y se determine los miembros de una mesa que deberá analizar el caso. Ahora mismo, dicha mesa cuenta con tres integrantes y no se puede designar al cuarto. ¿Quién impide que el Concejo de Quito se reúna? Damaris Ortiz es la secretaria encargada del Municipio. Ella fue designada por el alcalde Yunda y va más de un año con el “puesto temporal”.

Sin embargo, Yunda parece que empieza a ceder. La secretaria Ortiz, por disposición del alcalde, convocó a la Comisión de Mesa del Municipio para tratar la denuncia del colectivo ciudadano liderado por el excandidato a prefecto de Pichincha Marcelo Hallo, quien pide iniciar el proceso de remoción del primer edil capitalino. Además, la presentación de la excusa de Yunda a integrar dicha Comisión por ser sobre parte interesada y la resolución de la convocatoria del Concejo con la finalidad de que el cuerpo edilicio designe al miembro de la mesa en reemplazo de Yunda.

Guarderas es uno de los tres convocados a dicha sesión prevista para el próximo viernes 9 de abril a las 12:30. También es llamada la concejal Mónica Sandoval de las filas de la Revolución Ciudadana, grupo político que con su ausencia impidió la semana pasada que el Concejo sesionara y debatiera la situación legal del alcalde, su hijo y las implicaciones en la administración de la ciudad.

Por último, el concejal Fernando Morales, quien es un frontal crítico de la gestión de Yunda. “Como miembro de la Comisión de Mesa, apoyaré todas las acciones que estén a favor de los quiteños. Quito no puede seguir soportando una administración municipal manchada con tantos actos de corrupción”, tuiteó Morales hace pocos días al enterarse del pedido de remoción presentado por el colectivo ciudadano.

Hallo, en el documento entregado en el Municipio, señala a Yunda de haber cometido “negligencia expresa e irregularidades” en los procesos de contratación en que la Contraloría detectó indicios de responsabilidad penal y motivó el inicio de indagaciones previas por parte de la Fiscalía. También menciona los hechos develados del peritaje a los celulares incautados dentro del proceso de investigación por la adquisición de pruebas PCR “que ha destapado una supuesta red pero con actos que son comprobables fuera del proceso penal”, recoge el documento.

El alcalde Yunda, hasta el cierre de esta edición, no se ha pronunciado respecto a la declaración de Guarderas ni sobre lo que espera que pase en la sesión de la Comisión de Mesa en la que se podría dar paso o no al inicio del proceso de remoción en su contra.

El vicealcalde Guarderas dijo que insistirá en la convocatoria a la sesión del Concejo Metropolitano y adelantó que ha invitado personalmente a Jorge Yunda a que concrete legalmente una ausencia temporal o definitiva de la Alcaldía para que las investigaciones por corrupción no traben el trabajo que se debe cumplir en la ciudad.