En 2021, el presidente de la República de ese entonces, Guillermo Lasso, anunció después de las dos primeras masacres de su período que había un presupuesto de $74 millones para reestructurar las cárceles y hacer que funcionen como verdaderos centros de rehabilitación.

La iniciativa contemplaba la modernización de infraestructura y de sistemas de seguridad. En primera instancia se iba a comenzar con el complejo de Guayas porque su infraestructura data desde 1954 sin los mantenimientos requeridos.

El pasado 9 de febrero, las Fuerzas Armadas (FF.AA.) invitaron a medios de comunicación para que presencien cómo se ha tomado el control del pabellón 3 de la Penitenciaría del Litoral; una de las cinco prisiones que integran el recinto Guayas.

En la visita, que duró más de dos horas, no se observó las obras prometidas en 2021. Por el contrario, ahora funcionan 10 de los 12 pabellones creados. El número 2 y el 10 están inhabilitados por las explosiones y motines registrados desde ese año.

Y es que el 11 de enero de 2022, el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI) contestó a EXPRESO que ya contaba con $ 30 millones para las obras que se iban a desarrollar paulatinamente en ese año. Pero que esa cantidad iba a ser para los 33 reclusorios del sistema nacional.

En esa ocasión, resaltó que “los detalles de esta inversión se trabajan bajo reserva porque incluyen temas sensibles propios de esta entidad”. Y que los recursos faltantes ($44 millones de los $74 millones) se destinarían para la rehabilitación social de los internos.

Casi dos años y doce masacres después, el presidente Daniel Noboa comparó las adecuaciones en los penales con ‘shoppings’ de la capital y entre esas adaptaciones encontradas por la intervención militar estaban los compartimientos secretos o también llamadas caletas.

En la visita al pabellón 3 se mostró cómo se ‘encaletó’ armas en los espacios debajo de las escaleras, en las paredes y pisos inmediatos a las celdas de los privados de libertad.

El comandante de operaciones de la milicia que opera en la cárcel y que prefirió no ser identificado, expuso que se ha encontrado pertrechos en infraestructura en uso, vieja, abandonada y que no descartan seguir encontrando, pues en todos los pabellones existe esta modalidad.

Sin embargo, ponderó que desde el 9 de enero, fecha en la que inició el estado de excepción y cuando se ordenó el refuerzo de los controles en penales con operación militar, no se ha ingresado más elementos prohibidos en las cárceles del país.

“En todo el complejo penitenciario hay caletas y seguimos encontrando. Ese es nuestro trabajo diario. Vamos a seguir buscando. Es muy amplio el centro de reclusión en Guayas, hay en edificación, debajo de la tierra en todos lados, estamos haciendo el barrido”, resaltó el comandante de operaciones.

En dicha intervención con presencia de la prensa, también estuvo un delegado del SNAI y justificó que la administración carcelaria “es muy compleja” para conocer cuánta edificación se ha destruido o se ha adecuado para esconder armas, pese a que la entidad es la encargada de la administración nacional de prisiones.

Agregó que recién tenía 30 días en el cargo y que lo que se ha encontrado encaletado se ha divulgado, pero tampoco detalló el total de lo decomisado, al menos, en el primer mes de la declaratoria de conflicto armado interno. Prefirió omitir su nombre y cargo y dio indicaciones generales de lo realizado.

“Estamos haciendo las reparaciones debidas. Yo no puedo opinar de las administraciones anteriores y su supervisión (para dejar ingresar materiales y permitir la creación de compartimientos), no podemos fiscalizar una acción administrativa pasada cuando hay cosas por hacer, eso para mí no sería ético... En cuanto tenga información la entidad, proporcionará”.

Se expuso que en el pabellón 3, hay 540 reclusos, se los calificó como de alta peligrosidad, pero los convictos dijeron ser de la clasificación de mínima seguridad y por delitos menores. En su mayoría eran adultos mayores y se mostraban adoloridos por las enfermedades que padecen.

En dicha incursión, se observó cómo los militares y policías no se acercaron ni permitieron que se aproximen a otro perímetro que no conduzca al pabellón 3, no habían las garantías de protección.

“No sabemos cómo entraban las armas, algunas caletas ya estaban desde años anteriores. Pero con la llegada de las FF.AA., al menos aquí, somos todos iguales, creo que es por el estado de excepción. Nosotros apoyamos para decir quiénes son los caporales, los que nos pedían $ 50 cada semana para comer tranquilos”, agregó un reo, quien dijo no pertenecer a ninguna mafia.

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