El procurador general del Estado, Íñigo Salvador, habló con EXPRESO del caso Sobornos, en el que está llamado a juicio el expresidente Rafael Correa; la negociación con la constructora brasileña Odebrecht y el proyecto de fortalecimiento de la institución de la que está al frente desde el 31 de julio de 2018. Destaca, entre sus logros, que durante su gestión el índice de aceptabilidad de la entidad subió al menos nueve puntos.

Antes no se vio al procurador interviniendo en casos de relevancia como en Sobornos.

No estoy seguro de si históricamente sea el primer caso, pero frente a los últimos años probablemente es la primera vez que se da y tiene que ver con una situación en particular: el caso Sobornos es emblemático y no por los personajes procesados, sino porque es un caso de un esquema bien diseñado de corrupción en altos niveles estatales. Yo sí creo que el ciudadano ecuatoriano quiere ver en las autoridades estatales que están dedicadas y diseñadas para luchar contra la corrupción lo hagan de verdad. Este tema es exclusivamente para evitar la impunidad. El hecho de que los personajes involucrados sean exfuncionarios del gobierno anterior de tan altas jerarquías es puramente accidental.

¿Qué le pareció la acusación de la Fiscalía? La jueza dijo que fue desordenada.

Me parece que la Fiscalía hizo una labor ímproba en armar el caso, porque debo decir que el periodismo de investigación tiene un papel importante que cumplir para llevar estos casos a la justicia como ha ocurrido en Arroz Verde, convertido en Sobornos 2012-2016, pero una cosa es presentar un caso periodístico y otra armar un proceso judicial en donde se pruebe con A+B que tal persona cometió tal delito. No creo que haya sido una acusación desordenada, tanto que a pesar de que la doctora Camacho lo dice aún así encuentra suficientes indicios para llamar a juicio a tantos exfuncionarios, excluyendo solamente a tres.

Otro de los reparos fue que no estaba Odebrecht y otros exfuncionarios.

La Fiscalía, que es la que realiza la investigación previa, es la que mejor conoce el universo del caso. Ella sabe por qué a este contratista sí y a este no. Confío en la doctora Salazar y creo que si algunos contratistas no fueron procesados es porque probablemente no había suficientes indicios contra los otros.

Eso se presta a la suspicacia. Por ejemplo, el caso de Tomislav Topic.

Sí, hay muchas cosas que la gente desconoce, como el procurador porque de acuerdo con el Código Integral Penal, la fase de investigación está protegida por la reserva. Solo cuando la fiscal decide pasar a la instrucción nos enteraremos a quién estaba investigando y por qué delitos. Nos llevaremos sorpresas y ojalá algunas de las aspiraciones de estos casos, que parecen evidentes como el del señor Topic o de los señores de Odebrecht, vayan a ser juzgados.

¿Las conversaciones con Odebrecht para la reparación integral se truncaron por el incendio de la Contraloría?

Se han dado unas cosas más o menos coincidentes en el tiempo. Va a ser necesario una evaluación en la que el Estado decida si proseguir con eso o no; la oportunidad la da este comienzo de año. El incendio le ha impedido a la Contraloría seguir operando con toda la eficiencia y ritmo de antes. Se sabe que algunos documentos se perdieron; se están reconstituyendo las bases de datos, hay documentos que tenían respaldo; eso todavía no tenemos claro. En función de la situación que establezcamos que nos encontramos tomaremos la decisión de seguir con la negociación.

¿En qué caso Odebrecht pide devolución de dinero?

Entiendo que se le ha retenido 115 millones de dólares por pagos de contratos pendientes. Entiendo que hay rubros por encima de los 20 millones que debe al SRI y cerca de 9 millones a proveedores locales. El resto, unos 80 millones, han dicho que están disponibles. Estamos evaluando todas estas circunstancias para ver si vale la pena seguir en un ejercicio desgastante.

¿Cómo le ha ido al procurador en su gestión? ¿Qué ha hecho?

Quisiera dividir la gestión hacia el exterior y puertas adentro. En el último caso, en los primeros días de noviembre de 2019 la Procuraduría recibió los resultados de la medición del clima laboral realizada por el Ministerio de Trabajo. En 2018, el índice general de aceptabilidad del clima de trabajo era del 68 % que nos pone en un rango aceptable. A noviembre de 2019, la Procuraduría dio un salto a 77 % que nos pone en el rango de muy bueno.

¿Cómo lo logró?

Uno es el liderazgo, otro es el sentimiento de pertenencia del personal. A diferencia de lo que ocurría antes quiero creer que el estilo de trabajo, de gerencia del nuevo procurador, es uno más humano. 

 

¿En qué consiste su estilo?

Un nuevo modelo de gestión de la Procuraduría. Queremos hacer una entidad moderna, eficiente en donde la gente se sienta a gusto trabajando, que sea una entidad reconocida a nivel nacional por los buenos resultados que brinda, que el ciudadano sienta que la Procuraduría defiende sus intereses.

Se cuestionó a la Procuraduría por perder la mayoría de litigios.

Litigios contra el Estado siempre va a haber. Ahora tenemos más de 100.000 juicios en tribunales y juzgados, más la treintena de procesos entre arbitrajes y juicios internacionales. En los juicios internos va a ser difícil que el Estado deje de ser demandado mientras los procedimientos internos de todas las instituciones no permitan el cumplimiento estricto de la ley. Si el Estado incumple sus obligaciones para con los ciudadanos, los ciudadanos lo van a demandar. Y, frente a los contratistas internacionales, mientras se siga siendo, como ocurrió en los últimos años, incumplidor de obligaciones, vamos a seguir viendo pérdidas y derrotas judiciales para el Estado.

¿Son incumplimientos?

Así es. Creo que en este periodo hemos dado muchos pasos para evitar conflictos y arbitrajes que se iban a dar; ya no se darán. Nos tenían notificados en Repsol y OCP y se llegó a acuerdos transaccionales beneficiosos para el Estado y para las compañías, con eso evitamos esos procesos arbitrales.

¿En qué concluyeron?

Lo que se hizo fue un cruce de cuentas porque había deudas de compañías al Estado y también del Estado a las compañías que se acogieron a la amnistía tributaria del año pasado. Hicieron sus pagos y se les descontó lo que el Estado les debía.

Usted habló de capacitación.

El proyecto de fortalecimiento va a enfatizar en la capacitación no solo a los funcionarios de la Procuraduría sino a los encargados de los temas de contratación pública para que apliquen bien la ley.

¿Y las acciones puertas afuera?

Lo primero es tratar de proyectar la imagen de una Procuraduría seria, técnica, que participa en la defensa de los intereses del Estado cuando corresponde, sin escurrir el bulto.