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El paro de octubre elevó las compras de emergencia

Las Fuerzas Armadas gastaron 312.000 dólares. La Asamblea aún no transparenta sus operaciones.

protestas octubre
Los militares ayudaron en el despeje de vías durante las manifestaciones.henry lapo

Las secuelas aún se sienten. Las manifestaciones violentas de octubre provocaron que el gobierno declare Estado de Excepción a escala nacional y las entidades públicas estuvieron facultadas para hacer compras por Emergencia. Bajo ese régimen, ninguna institución está obligada a presentar documentos antes de las adjudicaciones. Tampoco hay concursos transparentes o seguimiento de las autoridades. Se entregan contratos directos y los montos no están basados en estudios técnicos.

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Incluso los plazos son confusos. Cuando una entidad del Estado recurre al Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) para adquirir un bien o servicio debe cumplir plazos y tener una serie de documentos que justifiquen la transacción. El proceso no avanza sin esos pasos. En Emergencia, sin embargo, el camino es distinto. El contratante tiene libertad para no presentar información hasta meses después del suceso que provocó la conmoción local o nacional.

Un ejemplo es la Asamblea Nacional. Aunque el paro violento terminó en la primera quincena de octubre, las autoridades del legislativo aún no presentan los datos de sus contrataciones por emergencia. La Asamblea se sumó a los organismos que hicieron compras derivadas de las manifestaciones luego de que un grupo de ciudadanos ingresó sin permiso a las instalaciones de la entidad, en Quito.

Ahí, según la declaratoria de emergencia de la Asamblea, se causaron daños físicos a las instalaciones. En la declaratoria, sin embargo, se anunció la necesidad de hacer gastos para temas digitales y de software.

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Ninguna de las compras de la Asamblea, por el paro, han sido justificadas y respaldadas con documentación en el portal del Sercop.

En el otro extremo están municipios de la Sierra centro y parte de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Ellos ya justificaron sus gastos provocados por las manifestaciones.

De los que dieron detalle de sus gastos destacan la Fuerzas Terrestre. La entidad tuvo egresos por 312.005,60 dólares por compras de alimentos para los uniformados que participaron en los operativos para frenar las protestas.

¿En qué se usaron esos recursos? El total se utilizó para comprar raciones alimenticias en territorio para los uniformados que trabajaron en Cotopaxi, Napo, Pastaza, Pichincha y Orellana.

El principal proveedor fue el Grupo La Favorita. También se firmaron acuerdos con Pronaca, Trefilec y Dyconfar. Esta última, para la entrega de medicamentos.

La Defensoría del Pueblo receptará testimonios

Otro espacio para investigar los hechos violentos de octubre. La Defensoría del Pueblo informó que desde el lunes 13 de enero se receptarán los testimonios de todos los ciudadanos que tengan información de actos irregulares, durante los once días de paralizaciones.

La Comisión Especial para la Verdad y la Justicia estará a cargo de la acción. Se receptarán todos los testimonios “sobre violaciones a los derechos humanos o que aporten con información relevante, respecto de personas detenidas, heridas y fallecidas”. El periodo analizado será del 3 de octubre al 16 de octubre de 2019.

Aunque la convocatoria pública no lo precisa, a estas declaraciones podrían acudir los policías, militares y periodistas que fueron retenidos en contra de su voluntad por los organizadores de las protestas.

La información se receptará hasta el 14 de febrero y las audiencias podrán ser públicas o privadas. Eso dependerá de cada caso y de las necesidades de quienes acudan a dar su testimonio ante la Defensoría.

Los interesados deben comunicarse con la entidad estatal y agendar una cita previa para si es necesario. La Defensoría ha llevado adelante una serie de investigaciones ante denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos en las protestas.

La Comisión especial busca, entre otros puntos, esclarecer los hechos de octubre. Quiere dar con nombres y con responsables de actos que fueron contra el derecho a la protesta.