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La Contraloría estableció sanciones por 749 millones de dólares, en 2019

La recuperación, como en años anteriores, es baja. El ente de control emitió 1.601 informes en el año pasado. 

peritaje en el edificio de la contraloria
Los sospechosos de haber dañado la infraestructura fueron al lugar resguardados por agentes de Criminalística.Karina Defas

El control contra la corrupción tiene cifras altas. Pese al incendio a las instalaciones de la Contraloría General del Estado, durante las manifestaciones violentas de octubre del año pasado, el organismo emitió 1.601 informes revisando la gestión de las entidades públicas. En la mayoría de casos, los documentos aprobados por las direcciones provinciales y nacionales de auditoría dan cuenta de una afectación al Estado.

Según información a la que accedió EXPRESO, durante 2019 se realizaron informes que determinaron multas, glosas y potenciales delitos que ahora se investigan en la Fiscalía General del Estado. En total, el rubro de penalizaciones superó los 749 millones de dólares. Una cifra menor a los más de 830 millones de dólares determinados durante 2018.

En ese año también se hicieron más exámenes especiales. Fueron más de 2.500.

Parte del rubro del año pasado responde a las sanciones administrativas a funcionarios y exfuncionarios públicos, que pudieron cometer actos dolosos y afectaciones al interés público. Estas sumaron 4’833.063 dólares.

Según los datos oficiales, entre enero y diciembre de 2019 también se suscribieron 2.005 resoluciones de responsabilidad civil (glosas y órdenes de reintegro) que superan los 744,6 millones de dólares. Estas sanciones están dirigidas a servidores públicos, exempleados del Estado y también contra contratistas privados que estuvieron involucrados en actividades anómalas.

En un informe de la Contraloría puede existir uno o más involucrados que termina con una sanción económica.

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La recuperación, sin embargo, sigue siendo el talón de Aquiles del control contra la corrupción. El monto recuperado, debido a la cantidad de trámites y pasos legales que deben cumplirse para efectuar el cobro y a los procesos que puede exigir el acusado para alargar el mecanismo, equivale a 6,9 millones de dólares.

El dinero recuperado, que va a las arcas fiscales, no necesariamente es efectivo. La Contraloría General emitió, en 2019, 699 títulos de crédito que deben ser cubiertos por los ciudadanos infractores.

Durante 2019, además, se aprobaron 275 informes que incluyen posibles delitos contra la eficiencia administrativa del Estado. Esas determinaciones van a manos de la Fiscalía con la reserva de indicios de responsabilidad penal.

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En la mayoría de casos, los exámenes aprobados revisan las irregularidades en la gestión del expresidente Rafael Correa y su equipo.