Es un tiempo crítico en materia de seguridad ciudadana. Los expertos dicen que los hechos de inseguridad recién empiezan, que todavía Ecuador no ha experimentado los sucesos que pasaron en Colombia y México. Así lo indica Daniela Chacón, directora ejecutiva de la Fundación Tandem.

En estos tiempos de crisis económica, política y social se está volviendo común ver cada día la inseguridad en distintos niveles y desde las diferentes ciudades de la patria; lo que insta a reflexionar sobre qué se debe hacer para enfrentar estas situaciones que solo generan miedo, desconfianza y a veces hasta no saber qué esperar del futuro.

Hay que empezar por definir qué es la seguridad ciudadana, plantea Edison Mafla Mantilla, licenciado en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas, abogado de los Tribunales del Ecuador y máster en Administración Pública con mención en Gestión por Resultados, vinculado también a la academia.

Mafla indica que hay varias definiciones de seguridad ciudadana. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es “la capacidad de los Estados, en asociación con el sector privado, los particulares, la academia y asociaciones comunitarias, vecinales y ciudadanas, de proveer y coproducir un marco de protección de la vida y el patrimonio de los individuos, que les permita a los ciudadanos convivir pacíficamente, sin miedo, en aras de alcanzar una mejor calidad de vida”.

De esta definición lo principal es entender lo que se pretende del Estado y de su papel para hacer efectiva una seguridad ciudadana, para proveer protección y garantizar una convivencia pacífica, de conformidad con las visiones del desarrollo previsto en su planificación nacional. Pero hay más actores que deben trabajar en pro de la seguridad ciudadana.

Hay que tener claro que para la seguridad ciudadana debe existir una autoridad que garantice dicha seguridad. En esto no solo tiene responsabilidad el Gobierno central, sino también los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) e incluso el ciudadano. Las personas tienen el rol más importante, porque son quienes contribuyen moderando sus propias acciones; no quedándose calladas, pues tienen que denunciar lo ilícito; y además están llamadas a participar en los grupos que trabajan para la prevención y concienciación.

La labor tiene que ser integral, con la participación de los municipios, que son el nivel de gobierno más próximo al ciudadano. Hay que recordar que en América Latina fue una tendencia en las décadas de los 80 y 90 la acción de descentralizar al Estado, con el fin de tener una entidad eficiente y viable.

Entonces a los municipios se los ve como un sistema de Gobierno de proximidad que debe basar su gestión en acciones sostenibles, que también aporten a la edificación de la seguridad ciudadana. Claro, sabiendo que el manejo de las Fuerzas Armadas no es de su competencia, pero dentro de sus obligaciones sí aporta a que exista seguridad ciudadana. Es que aquí todo suma, por lo que no puede ser una labor aislada en la que se diga “esa no es mi competencia”, porque la seguridad ciudadana es parte de los derechos humanos. Por lo tanto, aquí todos tienen la responsabilidad de trabajar para solucionar la creciente inseguridad.

También hay que tener claro que la simple promoción no basta. Las estrategias que plantee el Estado deberán estar enfocadas en el desarrollo de las regulaciones y recursos dispuestos para estos fines.

El no considerar uno de estos o los dos factores limitará al final la política pública que debe ser el objetivo máximo del Estado; es decir, procurar establecer políticas públicas eficientes, efectivas, de calidad y calidez. Caso contrario, la desconfianza ciudadana no permitirá incluirse en las acciones planteadas, ya que serán consideradas descontextualizadas, débiles y hasta contrarias a las necesidades de la sociedad civil y de los mandatos, sobre todo de los actores principales de la rectoría de la seguridad y defensa de una nación.

Por tanto, la definición insta a una relación efectiva y eficiente del Estado con la sociedad civil, para diseñar estrategias diferenciadas y de manera corresponsable en sus competencias, funciones y atribuciones, tales que permitan perfeccionar la política pública de seguridad ciudadana, tanto a nivel nacional como en cada circunscripción territorial, es decir con los GAD, para así contribuir con la transformación social necesaria hacia una mejor calidad de vida.

Entender el concepto da paso a las acciones. Por eso para hacer este artículo, además de contactar a expertos, se hizo un sondeo con los ciudadanos en Guayaquil, Durán, Samborondón y Salitre, y allí se evidenció que el ciudadano de a pie sabe a medias de las autoridades, pero falta tener conciencia de la importancia del trabajo conjunto, de que también es posible pedir asesoría a entidades internacionales y, lo más importante, muy pocos hablaron del rol de los municipios y del aporte que puede dar cada persona.

Duele tanto lo que pasa con la inseguridad, que el enfoque está solo en cómo lograr que existan menos robos, sicariatos y extorsiones. Pero lo fundamental es estar conscientes de que se requieren acciones integrales, con las que se vean claramente los esfuerzos, por ejemplo, de la disuasión y control que ejercen el Ministerio del Interior, Policía Nacional, pero también de las obras de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, hasta de la labor articulada de la Fiscalía.

Incluso aquí juegan un papel no menos importante las sanciones, la rehabilitación y reinserción, y la labor de la Corte y del sistema penitenciario, que también se tienen que unir a esta cadena de valor en pro de la seguridad ciudadana.

Todos unidos, enfocados en acciones eficaces para garantizar uno de los derechos humanos que contribuyen a tener paz, que es tener seguridad ciudadana.

"HAY QUE LUCHAR CON EL DESEO DE OBTENER DINERO FÁCIL"

Hay que fortalecer el trabajo de los gobiernos municipales. Tienen un rol importante en la medida en que muchos de los delitos están ligados a problemas de convivencia pacífica y violencia comunitaria, los cuales no se resuelven metiendo a todo el mundo a la cárcel, sino mediante estrategias urbanas, de política pública urbana, identificando la causa de la violencia en ese sector.

“Aquí se requiere del complemento de la política social del Estado. Cuando no se trabaja de forma articulada, las mafias y pandillas se toman la administración de los territorios y son quienes finalmente a través de la violencia y de la extorsión juegan ese rol que el Estado no cumple”, explica Daniela Chacón, directora ejecutiva de la Fundación Tandem.

Agrega que se puede pensar que se ha topado fondo, pero la experiencia de México y de Colombia muestra que esto está empezando.

Con el trabajo articulado del Estado, GAD, sociedad civil, empresa privada y la asesoría internacional, hay que rescatar los espacios barriales que están tomados por la violencia.

Señala que hay que entender otro fenómeno social que ocurre a nivel global: se considera que obtener dinero fácil es una virtud, pues han dejado de ser importantes el esfuerzo para realizar un trabajo y el sacrificio honrado para ganar ese dinero. Se ha impuesto la idea de hacer dinero rápido a cualquier costo.

No se está lidiando solo con el crimen organizado, con la falta de oportunidades, con las desigualdades, con la pobreza, con la falta de acceso a servicios básicos; sino también con el deseo vehemente de obtener dinero fácil, algo que lamentablemente se ha vuelto una cultura.

En la gran conversación y trabajo conjunto que la situación demanda, hay que entender también que Ecuador no puede manejar esto solo, pues hay que reconocer que existe un problema regional y global, ya que en la medida de que exista un mercado lucrativo internacional para el consumo de drogas, en los Estados débiles el crimen organizado siempre va a encontrar un espacio para operar.

Entonces hay que unir esfuerzos también con entidades internacionales. Por ejemplo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha reconocido que su país necesita de la cooperación internacional para luchar contra la violencia.

En esta labor hay que evitar hasta que exista un narco-Estado. La mafia extiende sus tentáculos con la anuencia de lo público. El caso de México lo muestra. Genaro García Luna, que fue ministro de

Interior en los gobiernos de Peña Nieto y de Calderón, daba los permisos para la ruta del cartel de Sinaloa. Tras muchas investigaciones fue condenado en Estados Unidos. A esto Ecuador no debe llegar y para ello se requiere de autoridades que eviten el narco-Estado.

Desde las voces ciudadanas, son pocos los que tienen claro lo que pasa y por qué. Pero son opiniones a las que las autoridades deben poner atención.

“La seguridad abarca mucho, implica no solo no padecer con la delincuencia. Hay que aspirar a tener una verdadera ciudad segura, donde debe existir un trabajo coordinado entre la sociedad civil, autoridades y expertos internacionales. Urge aprender a tener una buena relación entre los ciudadanos. Esto implica que no exista contaminación lumínica, acústica, visual; contar con servicio de recolección de basura, con pasos peatonales, con sitios para ciclistas, con calles en buen estado, etc. En la urbe, si no te enfermas de estrés por conducir, te enfermas de virus o bacterias por la basura, las ratas, las calles sin desagüe tapadas con las lluvias. Y esto es un trabajo de los cabildos. Incluso te asaltan o te matan donde hay poca iluminación, y es responsabilidad de la Empresa Eléctrica que existan calles bien alumbradas. Todo tiene que ver con los derechos humanos y la buena relación entre los ciudadanos, autoridades y demás entidades, que deben tener una visión social”, sostiene Kerlly Villacís, habitante de la vía a Daule.

Y como bien lo señala Chacón, aquí el problema es el afán de querer conseguir dinero fácil y rápido. Lamentablemente hay corrupción de algunas autoridades y hasta de ciertos policías. “El efecto de esto es que los ciudadanos perdemos la confianza a entidades que tienen la responsabilidad de asegurar la paz”, dice Violeta Herrera, ecuatoriana que vive en Miami y visitó en agosto a su familia en el sur de Guayaquil.

Queda claro que para tener seguridad ciudadana el trabajo es de todos, sin excepción.