Una auditoría que demora generando sospechas. Aunque el país acaba de pasar por la elección de asambleístas, parlamentarios andinos, presidente y vicepresidente de la República, conocer si en el financiamiento de sus campañas hubo irregularidades tomará al menos dos años, es decir, cuando tengan más de la mitad del tiempo en el cargo para el que fueron elegidos.

En el Consejo Nacional Electoral (CNE) todavía están pendientes los resultados del análisis de las cuentas de campaña de las elecciones seccionales de 2019, en las que también se eligió a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Pese al tiempo que ha transcurrido, la novedad es que 261 responsables de las cuentas no han entregado los expedientes correspondientes, según la rendición de cuentas del CNE del 2020.

En tanto que la documentación financiera de las elecciones generales del 7 de febrero se debieron entregar hasta el 8 de mayo pasado y de las presidenciales del 11 de abril puede ser remitida por los encargados de las finanzas de las organizaciones políticas hasta mediados de junio, informó a EXPRESO la Dirección Nacional de Control y Fiscalización de Gasto Electoral del CNE.

Su directora, Francisca Bustamante, explicó que el plazo para hacer estos análisis es de dos años, por ley, y que no existen demoras. “En el caso de las elecciones de 2019, al tratarse de unas seccionales, cada delegación provincial es la encargada de evaluar las cuentas. La auditoría de las elecciones generales se hace en la matriz del CNE y arrancará cuando tengamos los expedientes, para lo cual tenemos aproximadamente dos años”, señaló.

Esta laxitud de tiempos para las auditorías genera preocupación y críticas tanto al interior del CNE como en organismos de la sociedad civil que hacen seguimiento a temas relativos a la transparencia en el financiamiento de las campañas políticas.

Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), reconoce que la normativa vigente establece estos plazos muy amplios, pero cuestiona que no se haga el ejercicio de revisión con mayor celeridad para evitar que el proceso entre en tela de duda.

“El tema crítico es que la revisión extemporánea no ayuda a un control eficiente considerando, por ejemplo, que si se determinan financiamientos ilegales se deberían dar paso a procesos que incluso pueden derivar en la pérdida de los derechos de participación política. Sería ridículo que una cosa así se determine cuando están a punto de dejar sus cargos o ya los dejaron”, le dijo Alarcón a EXPRESO.

Por ahora, con las reformas que se hicieron en la Asamblea Nacional al Código de la Democracia se incluyeron algunas herramientas para que exista una mejor vigilancia de las cuentas de campaña, incluso desde la sociedad civil, aunque estas se cumplieron de forma parcial en el último proceso electoral en el cual ya estaban vigentes.

Por ejemplo, los candidatos tenían la obligación de subir periódicamente información sobre sus gastos y las aportaciones que recibieron de parte de sus simpatizantes o adherentes a una plataforma que fue habilitada por el Consejo Nacional Electoral.

Sin embargo, como pudo constatar EXPRESO en su momento y luego fue alertado por el Observatorio del Financiamiento de la Política no todos los actores políticos han cumplido con este requisito, y de entre los que sí lo hicieron, algunos presentaron documentación tan ilegible que impide hacer cualquier tipo de revisión, obligando a que se la haga necesariamente con un documento físico, lo que extiende los plazos de auditoría.

El consejero electoral José Cabrera reconoce que es demasiado extenso el tiempo que la normativa da para que se revisen las cuentas de campaña, y que este proceso se debería dar cuanto antes, una vez que terminen los comicios. Sin embargo, señala que al estar normado, no se pueden obviar esos plazos.

El funcionario ve que la luz al final del túnel, con respecto a este tema, se podría encontrar recién en 2023, cuando hayan nuevas elecciones seccionales, con la implementación de un sistema informático para que los partidos y movimientos puedan ingresar en línea sus ingresos y egresos.

“Eso se logró en las reformas al Código de la Democracia, pero se estableció que entre en producción, que se ejecute y obligue, desde 2023. Con esa herramienta habrá un cruce más ágil y real, por ejemplo, de información de facturas con el Servicio de Rentas Internas (SRI) o con la Unidad de Análisis Financiero. Podríamos bajar de dos años a tres meses una auditoría de las cuentas de campaña”, aseguró Cabrera a este Diario.

Pero sobre ese tema también hay puntos de vista diferentes. Alarcón sostiene que la implementación de ese sistema de rendición de cuentas debía ejecutarse en el último proceso electoral, “pero el CNE ha interpretado a su conveniencia y ha asimilado que la interoperabilidad de los datos debería correr en esos tiempos. Con eso, volveremos a tener los mismos problemas con las cuentas de esta campaña”, señaló Alarcón.

En marzo pasado, el asambleísta Fernando Villavicencio envió sendos escritos a la Fiscalía General y al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que investiguen la ‘vaca’ que aseguró haber realizado el entonces candidato a la Presidencia de la República por la Alianza Unión por la Esperanza (UNES), Andrés Arauz, con la que aseguraba haber recaudado más de un millón de dólares para su campaña de primera vuelta.