Retrasos en devolución del IVA: Finanzas afirma que ha pagado más que en 2024
Finanzas defiende avances en la devolución del IVA: “Este año ya vamos en 328 millones”
Mientras avanza la disputa judicial por los retrasos en la devolución del IVA a adultos mayores y personas con discapacidad, el Ministerio de Economía y Finanzas sostiene que los pagos no se han detenido y que en 2025 incluso han registrado un aumento frente al año anterior.
Según la ministra Sariha Moya, hasta octubre del año pasado el Estado había entregado 262 millones de dólares por este concepto. “Este año vamos en 328 millones. Es decir, esta es una prioridad para el Ministerio”, afirmó en declaraciones a Teleamazonas.
Finanzas asegura que los pagos son mayores que en 2024
La funcionaria explicó que los desembolsos subirán aún más al cierre del año. “Conforme vamos recibiendo los recursos, vamos entregando. Es superior el monto con respecto al año pasado y se va a seguir incrementando conforme finalizamos el año”, dijo.
El dato surge en medio del proceso judicial iniciado por beneficiarios que denuncian demoras que superan los plazos legales establecidos en el reglamento: dos meses para adultos mayores y tres para personas con discapacidad. En la primera audiencia, ninguna institución pudo mostrar evidencia de pagos dentro de los plazos.
¿Se cubrirán las devoluciones pendientes?
Ante la consulta sobre los valores que aún se adeudan a los beneficiarios, Moya afirmó que sí se cubrirán.
“Son pedidos que van entrando desde el SRI y al Ministerio de Finanzas, y conforme van ingresando se van atendiendo de acuerdo al orden y a la prioridad. Siempre damos prioridad a los sectores”, aseguró.
La declaración se alinea con la expectativa de la segunda audiencia, prevista para el 8 de diciembre, en la que el Estado deberá presentar documentación que certifique que no existen devoluciones atrasadas o que ya fueron procesadas.
El proceso judicial continúa
Si la jueza determina que hubo incumplimiento estatal, la resolución podría ordenar al Gobierno asignar y depositar los valores en 24 a 48 horas. De no hacerlo, los demandantes advierten que podría configurarse desacato, con posibles consecuencias administrativas o penales para los funcionarios responsables.
