Renuncia en suspenso: Judicatura dice que el juez Serrano aún debe despachar fallos
Desde el 8 de diciembre, el Consejo de la Judicatura afirma que tramita la renuncia del juez anticorrupción
La crisis en torno al juez anticorrupción Carlos Serrano continúa sin resolverse. En la sesión plenaria del 22 de diciembre de 2025, el Consejo de la Judicatura decidió postergar la aceptación de su renuncia hasta que el magistrado emita por escrito cinco sentencias que mantiene pendientes, es decir, hasta que reduzca a texto los fallos ya anunciados oralmente.
Durante el debate, el vocal Fabián Fabara sostuvo que resulta indispensable que Serrano redacte la sentencia escrita de mayoría en el caso del serbio Jezdimir Srdan, condenado a diez años de prisión por lavado de activos. En ese proceso, Serrano y el juez Christian Fierro —actualmente suspendido— conformaron la mayoría, mientras que la jueza Gabriela Lara, restituida pese a estar investigada en el caso Fachada, emitió un voto salvado y declaró inocente al procesado. “Ese caso caería en un grave riesgo jurídico y posiblemente en la impunidad”, advirtió Fabara.
Serrano comunicó que dejó de despachar desde el 17 de diciembre, debido a la falta de seguridad y de garantías para ejercer su función con independencia. Aunque presentó su renuncia voluntaria el 8 de diciembre, el Consejo de la Judicatura no la ha aceptado ni ha emitido una respuesta formal, lo que mantiene al magistrado en un limbo administrativo.
En la sesión del Pleno, una funcionaria técnica explicó que el pedido de renuncia sigue el trámite regular y que varias áreas jurídicas y administrativas aún deben analizarlo antes de que exista una resolución definitiva.
La seguridad de Serrano se abordó en el pleno
El Pleno también abordó la situación de seguridad del juez. El director general del Consejo de la Judicatura, Jorge Mauricio Maruri Vecilla, afirmó que la protección personal de Serrano no compete al organismo, sino al Ministerio del Interior. Según Maruri, la Judicatura activó el trámite correspondiente el 3 de diciembre de 2025, fecha en la que se puso el caso en conocimiento de esa cartera de Estado para que realice un análisis de riesgo.
“Al Consejo de la Judicatura no le corresponde otorgar ni retirar seguridad personal. Nosotros cumplimos con el trámite y el Ministerio del Interior es el encargado de evaluar el riesgo”, señaló Maruri.
No obstante, la Corte Constitucional, en la sentencia 9-22-IN/22, relativa a la creación de judicaturas especializadas en corrupción y crimen organizado, estableció que el Consejo de la Judicatura y los órganos auxiliares de la Función Judicial deben adoptar las medidas necesarias para garantizar de forma efectiva la seguridad de los operadores de justicia, a fin de evitar afectaciones o amedrentamientos que influyan en su desempeño.
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