Refinería Esmeraldas: Contraloría determina glosa millonaria por compra de terrenos
También hay indicios de responsabilidad penal producto del examen a la adquisición de terrenos del cinturón de seguridad
La Contraloría General del Estado (CGE) encontró indicios de responsabilidad penal en la adquisición de terrenos comprados en octubre de 2023 para la Refinería de Esmeraldas. Según el organismo de control, el análisis abarcó operaciones efectuadas entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024.
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El examen especial se centró en la compra de los terrenos que conforman el cinturón de seguridad de la Refinería Esmeraldas, realizada por Petroecuador.
La Contraloría recomendó imponer multas por un total de 27.000 dólares. Además, como resultado del examen especial, se establecieron glosas por 10’105.300 dólares. El caso está relacionado con las acciones ejecutadas por el gerente de Refinación encargado, quien estuvo en funciones entre el 19 de octubre de 2023 y el 15 de enero de 2024.
“Declaró de utilidad pública en octubre de 2023 a dos predios rurales de 13,71 y 27,10 hectáreas, ubicados en las parroquias Vuelta Larga y Simón Plata Torres”, señala el informe de la CGE.
Asimismo, se determinó que la operación se realizó sin los certificados de avalúo de la Dirección de Avalúos y Catastros del Municipio de Esmeraldas y sin la delegación del gerente general de la empresa pública.
“Durante la negociación realizada en octubre de 2023, la Jefatura de Contratos y la Subgerencia de Finanzas fijaron el precio de los inmuebles sin contar con el certificado de avalúo otorgado por la respectiva Dirección de Avalúos y Catastros”, insistió el ente de control.
¿Cómo se determinó la glosa por 10,1 millones de dólares?
En el proceso investigado por la Contraloría se evidenció el pago de 10,1 millones de dólares como consecuencia de un cálculo que no tomó en cuenta la normativa vigente. La entidad lo explicó de la siguiente manera: “Bajo los parámetros del artículo 58.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el monto de adquisición se establece sumando un 10 % al valor que consta en el avalúo catastral (53.471,25 dólares), lo que fija el monto legal de los terrenos en 58.818,38 dólares”.
Sin embargo, se efectuó un pago total de 10’164.118,37 dólares a los propietarios.
“La responsabilidad civil sugerida por la CGE corresponde a la diferencia de USD 10’105.300 entre el desembolso efectuado y el valor que debía calcularse según la normativa vigente a la fecha de la negociación”, precisó la Contraloría.
En cuanto a los indicios de responsabilidad penal, el organismo señaló que los hallazgos serán puestos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado “para la investigación de un presunto delito contra la eficiencia de la administración pública”.
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