El lunes pasado un grupo de bomberos trabajaba contra reloj para extraer a dos personas atrapadas en la carrocería de un auto, que se había chocado con un puente y caído a una zanja. Los especialistas de emergencias utilizaron equipos hidráulicos para levantar el vehículo y cortar el tablero. De ese siniestro de tránsito, una persona falleció y tres resultaron gravemente heridas.

El accidente se suscitó en la vía Yaguachi-Durán, de la provincia del Guayas. Entre esa vía y el resto de carreteras dentro de las 8 provincias (Guayas, Santa Elena, El Oro, Los Ríos, Santo Domingo, Manabí, Azuay y en 72 kilómetros de Pichincha), en las que tiene jurisdicción la Comisión de Tránsito de Ecuador (CTE), de enero a abril de este año 2021, se han registrado 2.083 accidentes de tránsitos.

Durante ese mismo periodo, pero del 2020, en las mismas 8 provincias, se registraron 1.525 accidentes. Es decir, hay un incremento de siniestros viales del 33,6 % en comparación con el año pasado.

Este aumento no es muy distante de los 2.285 accidentes que ocurrieron en 2019; y esta última cifra era la que ‘normalmente’ registraba la CTE en la pre-pandemia. Lo que quiere decir, que mientras se flexibilizan las restricciones de movilidad, de su mano, crecen los accidentes.

“El 2020 fue un año atípico. En este 2021 vemos un incremento porque, pese a las restricciones, las personas se han movilizado bastante, en los feriados especialmente. En Carnaval, por ejemplo, hubo un considerable movimiento en las carreteras, incluso comparándolo con el 2019”, explica a EXPRESO el coronel William Ayala, Director de Planificación Operativa de la CTE.

A nivel nacional, en cifras de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), cada día, en Ecuador, se registra un promedio de 10 muertes por accidentes viales. Solo el año pasado hubo 16.972 siniestros de tránsito, que causó 1.591 muertos in situ. En este año hasta abril, por siniestros en las vías, a nivel nacional, se han reportado más de 6.000 accidentes con más 600 fallecidos como resultado.

Con la intención de reducir esas cifras e incentivar a una movilidad sostenible, la Asamblea Nacional aprobó el 30 de abril, las reformas a la Ley de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial. Cambios, que de acuerdo a lo expuesto por el exlegislador Fafo Gavilánez, quien propuso las reformas, están enfocadas en favorecer al medio ambiente, en la seguridad y educación vial. Entre los cambios aplaudidos, está más regulación en la velocidad cerca de las unidades educativas, incentivar al uso de vehículos eléctricos y entregarle más competencia a los GADS municipales, en cuanto a tránsito.

No obstante, desde la aprobación en el Legislativo, este grupo de cambios en la normativa ha levantado un sinnúmero de quejas en colectivos de movilidad, así como múltiples debates ciudadanos. ¿Los motivos? Algunos de sus artículos que, para organizaciones como el Observatorio de Movilidad de Guayaquil, resultan contraproducentes.

“La reforma no es totalmente negativa. Hemos revisado cada artículo con varias organizaciones ciudadanas y de movilidad y tiene detalles muy positivos, como la incorporación de la movilidad activa y obligación de circular a 20 0 30 kilómetros por hora en zonas donde hay grupos vulnerables”, dice a EXPRESO Paola Carvajal, ingeniera civil y coordinadora del Observatorio.

Sin embargo, también hay puntos específicos que preocupan, dice Carvajal, como la eliminación de la reducción de puntos a la licencia. Lo que quiere decir, que antes de las reformas, cuando un conductor realizaba ciertas infracciones, los agentes de tránsito lo sancionaban con una multa económica y una reducción de puntos. Ahora con estos cambios, la sanción solo será económica.

“Esta es una alerta grande para nosotros. Porque los puntos son créditos que los conductores pueden perder si no actúan bien en las vías. Pierden si llevan pasajeros en el balde de la camioneta, si llevan niños adelante, si le faltan el respeto a la autoridad, si circulan sin placas, etc. Entonces, si bajo este concepto luego vamos a una eliminación de la reducción de puntos, entonces no se va a poder modificar la conducta de los conductores y habrá más fallecidos y lesionados por siniestros viales”, indica.

Y es que los accidentes de tránsito no solo significan una desgracia para los familiares de las víctimas, sino un elevado costo económico al Estado. De acuerdo al ‘Informe sobre el estado de la seguridad vial en la Región de las América’, realizado en 2009 por la Organización Panamericana de la Salud, entre los países de la región, entre esos Ecuador, se gasta un promedio de 518 mil millones de dólares por año para atender los traumatismos causados por el tránsito. El mismo estudio indica que en Ecuador, un 10% de las personas con discapacidad de entre 41 a 64 años, declara a los accidentes como causa de su discapacidad. El Gobierno entrega un bono de 240 dólares (bono Joaquín Gallegos Lara) a cada persona con discapacidad física o intelectual.

El año pasado, por siniestros viales hubo 13.099 lesionados y hasta abril de este año se reportan 5.120 personas con traumatismo por siniestros viales.

Otro apartado que el Observatorio critica, es la autorización que le da el Gobierno a los cantones que no cuentan con Centros de Revisión Técnica Vehicular (RTV), para poder hacer ese proceso a través de talleres mecánicos. “Alrededor de 140 municipios no tienen implementados ese servicio (RTV), entonces ellos siguen matriculando el vehículo con revisión visual y terminamos con vehículos inseguros en la circulación. Y los talleres harán algo similar, porque no cuentan con la tecnología de los Centros de Revisión Técnica”, detalla.

Ante eso, menciona Carvajal, el sistema de centros de RTV tiene que tener un enfoque de plan territorial, que pueda definir las ubicaciones más adecuadas para que todos los vehículos puedan acceder fácil al servicio, en cada cierta distancia. “Es decir que cada vehículo tenga, por ejemplo, a cada 40 o 70 kilómetros el sistema de Revisión Técnica Vehicular”.

“Las muertes por accidentes de tránsito, antes de la pandemia, son más o menos de 2.200 cada año en el país, mucho más que las muertes violentas, pero los accidentes viales no están en la agenda ciudadana ni se les da el mismo trato”, concluye.

Ayala, el director de Planificación Operativa de la CTE, sostiene que reducir los siniestros en las vías no solo depende de la ley o del control de los agentes, sino que “es un plan integral que involucra y les da corresponsabilidad a las autoridades como Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Agencia Nacional de Tránsito, Los GADS municipales y a la ciudadanía”.

El ejecutivo tiene hasta el 3 de junio para aprobar o vetar estas reformas.