Recortes o aumentos: la disputa por los recursos de universidades

El debate por la asignación presupuestaria para las universidades públicas volvió a intensificarse tras la aprobación de la Proforma 2026. Mientras el Gobierno niega cualquier reducción y sostiene que el sector recibirá más recursos, legisladores, rectores y organizaciones sociales advierten que 19 instituciones enfrentarán recortes que comprometerán su funcionamiento.

La discrepancia radica en la metodología: el Ejecutivo compara proformas, mientras los críticos contrastan la asignación con lo realmente ejecutado en 2025.

El 30 de noviembre, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura aseguró que “circula información falsa sobre una supuesta reducción al presupuesto universitario” y sostuvo que para 2026 existe un crecimiento de 58,7 millones de dólares, equivalente al 4,19% frente a la Proforma 2025. La cartera insistió en que no deben compararse los valores con el presupuesto ejecutado, pues incluye saldos no devengados que “no son nuevas asignaciones”.

EXPRESO solicitó una entrevista con la ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar, sobre esta metodología, pero no recibió respuesta. Por ello, este Diario consultó a tres voces que sí advierten una reducción concreta: la asambleísta Ana Belén Yela, el rector Armando Muyolema y el presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Andrés Quishpe.

La asambleísta Ana Belén Yela, de la Revolución Ciudadana y miembro de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, afirma que, pese al discurso oficial, sí existe una disminución real de recursos para la educación superior tras la aprobación de la Proforma 2026.

Sostiene que el incremento anunciado por el Gobierno “es ficticio” porque el Ministerio de Educación “solo ejecutó el 51% del gasto corriente y el 61% de inversión”. Por ello, insiste en que las universidades tendrán menos fondos operativos.

Yela advierte que el caso más crítico es el de la Universidad Amawtay Wasi, que ingresó prematuramente al Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo). “El rector nos dijo que con el recorte del 2026, que baja su presupuesto a poco más de 3 millones, la universidad entra en cierre técnico”, afirmó.

Sobre el procedimiento, la legisladora cuestiona que la redistribución del Fopedeupo se aprobó sin transparentar criterios ni socializar la fórmula con las universidades. “Hubo dos debates en 48 horas y nunca las llamaron a la mesa”, denunció.

Según Yela, este proceso acelerado impide comprender por qué 18 universidades recibirán menos recursos y vulnera la sostenibilidad del sistema. “Mínimamente no debieron afectar en tantos números a las universidades; las están poniendo en un serio inconveniente”, subrayó.

Para el rector de la Universidad Amawtay Wasi, Armando Muyolema, el recorte aprobado en la Proforma 2026 coloca a la institución en una situación crítica. Asegura que, a diferencia de otras universidades que “pueden sobrevivir”, en su caso el ajuste “no nos alcanza para cubrir el funcionamiento cotidiano”.

Señala que la reducción “casi del 70%” compromete la operación básica de la universidad. Explica que este año trabajaron con un presupuesto prorrogado de $7 millones y que el cálculo de $12,2 millones apareció recién en octubre, monto que nunca recibieron. “Es injusto que nos juzguen por la ejecución de 12,2 millones porque ese dinero recién aparece en octubre”, dijo. Recordó que es imposible “planificar ni ejecutar inversión en 40 días”.

Para 2026, la Amawtay Wasi solo recibirá $3,7 millones, cifra inferior incluso al costo de la nómina anual, que asciende a $4,2 millones. Aun así, Muyolema asegura que no contemplan despidos y que se sostendrán con autogestión limitada. “Vamos a seguir operando, pero el presupuesto no garantiza la operación institucional basada en gasto corriente”, advirtió. El desafío, sostiene, es que el Estado “entienda la situación real de nuestra universidad”.

En contraste, la asambleísta por ADN y presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango, afirmó que en 2026 “existe un aumento… de más de 59 millones” para universidades, vía Fopedeuco. Dijo que el CES distribuye según “ejecución presupuestaria, cuántos matriculados existen, niveles de investigación” y que los recursos “garantizan su pleno funcionamiento”. 

Señaló que varias instituciones no ejecutaron saldos y que “se les devuelven esos saldos”, incluido a la Universidad Central, a la que “se le devolverán más de 12 millones”.

Farinango afirmó que en 2026 “por primera vez… va a iniciar un presupuesto cuando inicia el año fiscal”. Recordó que la Constitución exige subir 0,5% del PIB en educación y salud, algo que “cumple la proforma presupuestaria del 2026”. Dijo que la Comisión detectó trabas en la ejecución y por eso reformaron la Ley de Contratación Pública para “hacer más fácil los procesos”.

Proyección. La Asamblea aprobó el 29 de noviembre de 2025 la Proforma Presupuestaria 2026 presentada por el Gobierno Nacional.

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