La ineficiencia de Sensi-Contugi en el CIES nos sale carísima

Nunca hubo tantos asesinatos en el Ecuador como en este año que termina: 8.272 hasta el 29 de noviembre, es decir, un 15 por ciento más que en 2023. Nunca, sin embargo, el país había gastado tanto dinero en el organismo encargado dizque de “inteligencia estratégica”, cuya supuesta tarea es anticiparse al crimen para prevenirlo: 131 millones de dólares que representan, de hecho, el doble de lo normal, como informó el lunes este Diario. Es obvio que algo no está funcionando bien. Es obvio que ese algo no puede ser sino el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), organismo presidido por Michele Sensi-Contugi, íntimo amigo del presidente de la República que tuvo un fugaz y olvidable paso por el Ministerio de Gobierno y que, a la luz de estas cifras, se consagra como el funcionario más ineficaz del régimen (salvo que sirva para otras tareas inconfesables distintas a combatir el crimen).

El incremento del CIES no tiene sustento real

Lo primero que se debe decir sobre este inusitado e inexplicado incremento del presupuesto del CIES (de 69,5 millones en 2024 a 131,2 millones en 2025) es que no tiene el menor sentido ni razón de ser. Y no lo tiene porque, entre las tareas del CIES, no figura ningún tipo de inteligencia operativa ni de trabajo de campo (o “en territorio”, para que entienda la nueva casta de políticos y burócratas). Según la manera como están organizadas las cosas en el sistema de inteligencia del Estado, al CIES no le corresponde desplegar espías, pagar informantes, pinchar teléfonos, infiltrar organizaciones delictivas ni ninguna de esas cosas. Para eso están los subsistemas de inteligencia (los de la Policía, las Fuerzas Armadas, la UAFE, el SRI, la Senae, etc.) que rinden informes y comparten sus hallazgos con el CIES para que éste realice el análisis estratégico prospectivo sobre el cual la Presidencia pueda diseñar las políticas generales de inteligencia del Estado.

De esto se desprende que el CIES no necesita invertir en tecnología, ni comprar equipos, ni contratar personal especializado… Esos gastos deberían correr por cuenta de la Policía, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía y el resto de organismos de los que dependen los subsistemas de inteligencia que le rinden cuentas. Es más: el CIES podría (¿debería?) reducirse a una mesa de análisis, tal como pretendió en algún momento Diego Ordóñez, quien fuera secretario de Seguridad del gobierno de Guillermo Lasso. ¿Cómo se explica, entonces, que llegue a gastar tanto y hasta duplicar sus gastos? La respuesta cabe en dos palabras: gastos reservados.

Gastos reservados: una pista para el aumento de presupuesto

Si se analizan los componentes del incremento presupuestario del CIES (de 69,5 a 131,2 millones), se verá que estos no tienen que ver con los egresos de personal o con las inversiones, sino con el rubro denominado “bienes y servicios de consumo”, es decir: el presupuesto de gasto. La partida de “bienes y servicios de consumo” es un cajón de sastre en el que cabe casi cualquier cosa: desde los servicios básicos y el arrendamiento de oficinas hasta las pólizas de seguro, el mantenimiento y limpieza de las oficinas, el servicio de transporte de funcionarios y todos aquellos rubros que provienen de contratos sometidos a concurso a través del sistema de compras públicas. Pero, sobre todo, figuran ahí aquellos gastos ocasionados por actividades secretas como pago de informantes, alquiler de casas de seguridad o vigilancia y lo que en la jerga oficial se conoce con el nombre de operaciones psicológicas, entre las que se cuentan el financiamiento de granjas de trolls, la puesta en marcha de campañas de desinformación, la compra de conciencias de políticos o periodistas, el pago de influencers o productores de contenido supuestamente independientes, la adquisición de medios de comunicación a través de testaferros…

A esto hay que añadir la compra de equipos de seguridad y de inteligencia que, estrictamente, no corresponden a esta dependencia de Carondelet pero sirven para mantener fidelidades e incluso repartir prebendas, si se considera el casi inexistente control que se ejerce sobre los gastos reservados. En años anteriores el CIES ha comprado, sin que le correspondiera, sistemas de espionaje como el Pegasus, carros blindados para la Policía y hasta gases lacrimógenos para las Fuerzas Armadas. Sobre la administración y probables beneficios de estos gastos habría que preguntarles a Michele Sensi-Contugi y a sus operadores cercanos, como el correísta o excorreísta (esto no está claro) Fausto Jarrín, agente del gobierno en la Función Judicial.

Este es el rubro que se ha duplicado este año. Si se considera que en la compra de Radio Centro de Guayaquil y la plataforma de producción de contenidos digitales La Posta, finalmente extinta, se movieron apenas 2,6 millones de dólares, mientras el incremento presupuestario supera los 60 millones, se tendrá una idea de la dimensión de las actividades del CIES. Actividades que nada tienen que ver con la prevención del crimen o la anticipación de las actividades de los grupos de delincuencia organizada. Las más recientes masacres producidas en las cárceles del país (cuatro en tres meses, con 55 muertos en total) muestran hasta qué punto la inteligencia estratégica del Estado es incapaz de controlar incluso aquellos espacios cerrados que se encuentran bajo vigilancia. Es insólito: cuestan el doble y no sirven para nada. La ineficiencia de Michele Sensi-Contugi nos está saliendo carísima.

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