“Recomiendo que usen buena pijama”: Jácome a RC por financiamiento de campaña

La justificación de los fondos de campaña del correísmo volvió al Pleno de la Asamblea. Esta vez, el oficialismo aprobó una resolución en la que se insta a la Fiscalía General del Estado a “ejercer de manera oportuna y diligente sus atribuciones” en la investigación del supuesto financiamiento irregular desde el extranjero.

La tarde de este 5 de febrero de 2026, el legislador oficialista Luiggi García planteó al Pleno un cambio del orden del día para someter a votación la resolución. La propuesta alcanzó los votos necesarios y permitió que el tema sea tratado.

El caso está relacionado con el presunto financiamiento de campañas electorales del correísmo por parte del régimen de Nicolás Maduro, actualmente detenido en Estados Unidos tras una intervención en Venezuela.

Cabe recordar que en la Comisión de Transparencia de la Asamblea, presidida por ADN, se desarrolla un proceso de fiscalización sobre este tema. Esa investigación también se activó tras un cambio en el orden del día que derivó en la delegación del caso a la mesa legislativa encabezada por Diana Jácome (ADN).

Luego de la aprobación de la resolución, la legisladora se refirió al avance del proceso. “Estamos avanzando en este proceso en el cual ya hemos recibido información del Consejo Nacional Electoral. Son dos denuncias de esta entidad ante el Tribunal Contencioso Electoral”, señaló.

Jácome añadió que en esas denuncias se evidencian serias inconsistencias. “Cerca de medio millón de dólares que no ha podido justificar la Revolución Ciudadana en el gasto electoral”, afirmó.

Una de sus declaraciones, sin embargo, llamó la atención durante el debate en el Pleno. Dijo: “Ahí les recomiendo que usen una buena pijama por cualquier cosa. Espero que encuentren una buena habitación en la Cárcel del Encuentro junto a Wilman Terán, a quien ustedes salvaron (en referencia a los legisladores de la RC)”.

¿Qué plantea la resolución?

Como primer punto, la resolución presentada por García establece: “Rechazar de manera categórica cualquier intento de injerencia extranjera o financiamiento irregular que busque incidir en los procesos democráticos del Ecuador, por constituir una grave amenaza a la soberanía popular, al orden constitucional y a la voluntad libre del pueblo ecuatoriano”.

Luego se propone “exponer la grave preocupación institucional frente a los señalamientos, indicios públicos y antecedentes que vinculan a organizaciones y actores políticos del Ecuador, en particular al movimiento Revolución Ciudadana, con presunto financiamiento irregular de origen extranjero, incluyendo recursos provenientes del régimen chavista”.

Finalmente, se exhorta a la Fiscalía General del Estado, al Consejo Nacional Electoral y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) a “ejercer de manera oportuna y diligente sus atribuciones constitucionales y legales, garantizando actuaciones técnicas, objetivas, independientes y transparentes, frente a los hechos”.

El caso Caja Chica

El tema del financiamiento de la campaña presidencial de 2023, en la que participaron Luisa González y Andrés Arauz como binomio, es investigado por la Fiscalía General del Estado. Ambos son señalados por el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos.

En el mismo proceso también es investigado el exasambleísta y cercano a Rafael Correa, Santiago Díaz Asque. Este último ya rindió su versión y, a la salida de la diligencia, aseguró que trajo dinero desde Venezuela por orden del expresidente.

Esa versión ha sido cuestionada por el propio líder de la Revolución Ciudadana, sentenciado en el caso Sobornos. Entre sus argumentos, Correa señaló que Díaz Asque afirmó haber ingresado el dinero en una fecha en la que González aún no era candidata.

Además, insinuó que el exlegislador habría negociado con la Fiscalía, tomando en cuenta que enfrenta un proceso penal en curso por el delito de abuso sexual contra una menor.

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