Propuesta ciudadana: Ley de Contratación Pública, falencias y necesidad de reforma
Las deficiencias del marco legal y los fallos en los mecanismos de control han permitido abusos que se repiten
Respondiendo a la iniciativa de Diario EXPRESO de recoger propuestas ciudadanas, me permito formular una que es trascendental para el país. Se trata de una reforma a la Ley Orgánica de Contratación Pública (LOSNCP).
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La contratación pública es mucho más que un trámite administrativo para adquirir bienes y servicios: es la vitrina donde se refleja con nitidez la ética y la calidad de la gestión gubernamental. Allí se verifica, en hechos y cifras, el compromiso real de un Estado con la transparencia, la eficiencia y la honestidad. Un sistema opaco o manipulable se convierte en caldo de cultivo para la corrupción sistémica, el despilfarro de recursos y la erosión de la confianza ciudadana. Un sistema transparente, en cambio, disuade prácticas ilícitas y cataliza el buen uso de los recursos públicos.
La contratación pública ha sido históricamente terreno fértil para la corrupción. Las deficiencias del marco legal y los fallos en los mecanismos de control han permitido abusos que se repiten a lo largo de los años. La pandemia de COVID-19, por ejemplo, expuso el viejo esquema de sobreprecios, que en ese caso llegó hasta el 1.200 % en mascarillas, pruebas diagnósticas y equipos hospitalarios.
En el sector petrolero, Petroecuador fue escenario de contratos firmados en condiciones lesivas para el Estado, con multimillonarias pérdidas y un daño reputacional que trasciende fronteras. Y no es un fenómeno aislado: carreteras, puentes y toda clase de obras civiles han inflado costos mediante modificaciones contractuales extemporáneas y ampliaciones de plazo que, aunque parecían cumplir con la letra de la ley, estaban diseñadas para beneficiar a oferentes escogidos de antemano.
Una ley con más deudas que logros
La LOSNCP, promulgada en agosto de 2008 con la promesa de optimizar recursos y transparentar procesos, defraudó las expectativas. Sus vacíos normativos facilitan prácticas de corrupción que afectan tanto al sector público como a su interlocución ética con el sector privado. El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), órgano rector creado para vigilar el sistema, exhibe limitaciones severas. Su independencia es débil. La entidad ha privilegiado el cumplimiento meramente formal de los procedimientos sobre la evaluación de resultados. Y su capacidad operativa es precaria: sin suficiente presupuesto ni personal especializado, supervisar miles de procesos cada año resulta inabarcable. El sistema de reclamaciones es ineficaz, con plazos exiguos y decisiones sin fuerza vinculante, mientras la coordinación con la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría se muestra discontinua.
Las grietas visibles
A la fragilidad institucional se suman los resquicios que la propia LOSNCP abre. Las numerosas excepciones y regímenes especiales (concebidos para circunstancias puntuales) se han transformado en la ruta preferida para adjudicar directamente contratos sin controles rigurosos. Los mecanismos de control previo y concurrente apenas funcionan, de modo que las irregularidades se detectan cuando ya no hay marcha atrás. Abunda la práctica de redactar términos de referencia “a medida” para un proveedor predeterminado, anulando la competencia real.
Las declaratorias de emergencia, concebidas para situaciones extraordinarias, se activan con frecuencia injustificada. Durante la crisis sanitaria se convirtieron en regla, no en excepción. Y aunque el Sistema Oficial de Contratación Pública (SOCE) ha supuesto un avance, la plataforma digital todavía no permite rastrear de forma integral cada contratación ni generar alertas tempranas sobre comportamientos atípicos.
Hacia una reforma integral
Cerrar estas brechas exige una reforma profunda, tanto estructural como cultural. El Sercop debe refundarse con auténtica autonomía: un directorio técnico plural, dotado de facultades sancionadoras efectivas, recursos suficientes y la misión explícita de prevenir irregularidades antes de que se materialicen. Necesita especialistas capaces de suspender procesos viciados, excluir a oferentes involucrados en investigaciones penales (dentro o fuera del país) y resolver reclamaciones con decisiones obligatorias y plazos razonables.
La LOSNCP, por su parte, debe regresar a los principios de transparencia, igualdad, competencia y eficiencia. Ello implica reducir al mínimo las excepciones y garantizar controles desde la fase de planificación, con especial énfasis en contratos estratégicos y de alto riesgo. La reforma tiene que modernizar la plataforma tecnológica para incorporar análisis de datos e inteligencia artificial capaces de detectar patrones sospechosos, y apostar por contratos de adhesión cuando la naturaleza del bien o servicio lo permita, de modo que solo se liciten precio y plazo, no las condiciones sustantivas que hoy se renegocian tras la adjudicación. Finalmente, es indispensable establecer responsabilidades precisas (y sanciones ejemplares) para cada actor del proceso, a fin de erradicar la impunidad que ha acompañado demasiados escándalos.
Un pacto político ineludible
Reformar la contratación pública no es un ejercicio meramente técnico. Es, ante todo, una decisión política. Resulta impostergable aprobar una ley que cierre fisuras, refuerce los controles y devuelva la confianza ciudadana en la gestión de los recursos estatales. Solo un sistema austero, transparente y eficaz (blindado contra la captura de intereses particulares) garantizará que cada dólar invertido se revierta en hospitales, carreteras y escuelas, y no en cuentas opacas ni sobreprecios ofensivos. Ecuador se juega, en esa reforma, buena parte de su credibilidad institucional y el bienestar de sus ciudadanos.
Propuesta del Dr. Carlos Pareja Cordero
