“Preocupa que el Municipio de Quito tercerice la gestión de residuos”: Fernanda Solíz

El alcalde Pabel Muñoz dijo que entre 2029 y 2030, en cuatro o cinco años (es diciembre 2025), ya funcionará el complejo ambiental de Quito, que “nos pondrá a la vanguardia de Latinoamérica”. También ha resaltado que se lo implementará a través de una alianza público-privada y que el Municipio de la capital es el único que ha conseguido la aprobación para ese modelo.

La catedrática María Fernanda Solíz, coordinadora del proyecto Alianza Basura Cero, conversó sobre este proyecto. ¿Cuál es su opinión sobre ese modelo de gestión para el complejo ambiental? "Quito enfrenta una grave crisis de gestión de desechos. Es un problema que se arrastra desde hace varias administraciones, ya que es un tema que históricamente ha sido relegado", respondió.  

Además dijo: "Se han tomado medidas paliativas, parche, abriendo nuevas celdas emergentes, usando zonas de amortiguamiento, vaciando piscinas de lixiviados, lo que ameritaría una declaratoria de emergencia sanitaria. Desde la academia y Alianza Basura Cero lo que más quisiéramos es que el complejo sea en la práctica lo que se ofrece".

¿Qué les preocupa? "Alertamos porque el hecho de poner un nombre ‘verde’ y bonito no hará que las prácticas sean ecologistas ni buenas. No es el primer complejo ambiental ni la primera propuesta de construir un espacio así en el país, que termina convertido en un nuevo relleno sanitario".

¿Cuál es el problema del proyecto de complejo ambiental de Quito?

No se construye con una perspectiva transparente y de participación ciudadana amplia y plena. Sigue un modelo de concesión o privatización, está licitándose, buscan oferentes. No hay claridad sobre si el modelo es público, privado, mixto, concesionado.  

Nos preocupa que se tercerice la gestión de residuos sólidos. Si se privatiza como se hace en Guayaquil, se paga por tonelada recogida, tratada. No les interesará reducir, pues a más residuos, más les pagan.

¿Qué debería considerar el alcalde Muñoz?

Que un modelo así atenta contra modelos de basura cero, ya que los desechos se convierten en una mercancía, que beneficia solo a la empresa privada. Nos inquieta que pueda perjudicar al movimiento reciclador, así como a decenas de comunidades. Además quisiéramos saber cuál será la política de cierre técnico para el relleno actual.

¿Qué conocen sobre el complejo ambiental?

Que avanzan con definiciones para un nuevo espacio donde se construiría el complejo, sin consulta previa, libre e informada y sin principio precautorio. No hay claridad sobre la tecnología a usar, todo en el plan es impreciso y ambiguo.  

Se habla de aprovechamiento energético de residuos, tecnología ‘waste to energy’ (valoración energética de desechos), una forma elegante de llamar a la incineración de residuos. Así no se haga en Quito y se los lleve a quemar en otra ciudad, como pasa en Cuenca, que envía a Guayaquil, contaminará los territorios alrededor de hornos incineradores.

En ese contexto, ¿cuán real es que Quito va camino a ser una ciudad verde azul, como señala el alcalde?

Un Quito verde azul no puede seguir enterrando 2.000 de las 2.200 toneladas de basura que produce (diariamente) o privatizando la recolección.

¿Qué esperarían ustedes que se haga?

Un gran acuerdo país, un compromiso de transición, con varios actores: Estado con ministerios como el de Ambiente y otros como Salud, ya que hay desechos biopeligrosos y hospitalarios; de Producción, ya que hay comercio transfronterizo de desechos; Cancillería, por el Convenio de Basilea. Además, con los GAD, sociedad civil, academia y ciudadanos. También con la industria.

El 80 % de todo es orgánico y el 20 %, material reciclable. ¿Qué tan rápido le parece que avanza la recolección diferenciada de desechos en Quito? Se hace en zonas como Nayón o La Primavera. Decían que para el año 2028 se aplicaría en el 100 % de rutas.

No se puede seguir gestionando más de 2.000 toneladas de basura diarias. La separación en la fuente no se debe hacer solo en barrios piloto. Si alguien vive en La Armenia y allí se clasifica, luego se muda a La Floresta y allá no. Así no se crean hábitos ciudadanos. Esos pilotajes no han logrado avanzar desde hace décadas.  

Nos han dicho que la limitación está en la flota de vehículos. Podrían colocarles parrillas para que lo reciclado vaya arriba. Se podría comprar composteras domiciliarias en vez de pagar a la empresa privada.

Hay iniciativas como la de Agrovivas, que recoge basura orgánica de 500 familias, por un pago mensual de $11.

Quien no quiera compostar podría pagar por ese servicio, pero se debería asumir la responsabilidad de gestionar parte de los residuos. Claro, hay una responsabilidad estatal, pues el ciudadano de a pie no puede estar a la par de la empresa privada, la mayor generadora de residuos.

A propósito, ¿cómo ven lo ocurrido luego de que el Gobierno ya no quiso cobrar la tasa de recolección de basura en la planilla eléctrica?

El Gobierno tiene otros intereses: seguir subvencionando a la empresa privada, que al consumir más energía, pagaba más por la tasa. Son los mayores contaminantes.  

Las tasas son imperfectas, no son tasas diferenciadas. En Biblián, en Cañar, un ciudadano produce 0,3 kg diario de desechos, mientras que en Cumbayá, 1,6 kg. Algo similar resulta al comparar el consumo en Guamaní (en el sur, con ese valle).

¿Qué otros temas de ambiente preocupan en la urbe?

Calidad de aire, vinculado a la movilidad; salud de ríos sobre los que se intervendrá por las demandas ganadas por colectivos; necesidad de gestionar residuos con perspectiva basura cero; o el trabajar en agroecología, para empezar a cultivar en lo urbano.

Contexto 

Desde Alianza Basura Cero persisten las dudas en torno a cuál es el plan para la gestión de desechos en la capital. Se cree que el nombre (complejo ambiental) suena bien, pero el temor es que, “como en Cayambe o Santo Domingo”, solo se entierren los residuos. Se pide abrir un debate acerca de este tema en la urbe.

¿Quién es María Fernanda Solíz?

Cuencana. Doctora en Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad. Directora del Área de Salud de la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene experiencia en Investigación Acción Participativa con comunidades afectadas por conflictos socioambientales en Ecuador, América y África. Coordina el proyecto Alianza Basura Cero. Asesora a municipios en Argentina, Colombia y Brasil en construcción de políticas en basura cero.

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