Vocalía del IESS se define otra vez por vía judicial y reabre disputa electoral

La vocalía de los asegurados del IESS vuelve a definirse por la fuerza de una decisión judicial. Por segunda vez, una acción de protección desplaza la vía electoral y provoca críticas de afiliados, jubilados y expertos, en medio del silencio del Consejo Nacional Electoral (CNE). El nuevo episodio ocurrió el viernes 23 de enero de 2026, cuando una jueza en Portoviejo ordenó la posesión de Jorge Luis Moncayo. El fallo busca cubrir una vacante existente desde octubre, pero repite un mecanismo ya aplicado en 2022, reavivando la tensión institucional dentro del IESS.

EXPRESO solicitó una reacción del IESS sobre la designación del vocal de los asegurados. Sin embargo, una funcionaria de Comunicación indicó que no existe una agenda abierta con los medios. Ante la falta de un pronunciamiento oficial, se recurrió a expertos en la materia para analizar la situación.

Para el exvocal Ricardo Ramírez, la reciente designación de Jorge Moncayo mediante una acción de protección confirma un patrón ya repetido en el pasado. “No tiene ninguna legitimidad y, adicionalmente, se está cometiendo una cuestión ilegal, antiética e ilícita”, manifestó. Según sostuvo, esta es la segunda vez que un fallo judicial reemplaza la voluntad de más de 3,5 millones de afiliados y alrededor de 700.000 jubilados y pensionistas que, insiste, no fueron consultados.

Judicialización de la vocalía del IESS

En ese contexto, Ramírez cuestiona el origen sindical de la designación, al calificarlo como una maniobra cerrada y sin representatividad real. Aseveró que Moncayo fue respaldado por “organizaciones de papel, simples membretes”, integradas por “personajes tristemente célebres del sindicalismo corrupto del país”; algunos de ellos ligados históricamente a prácticas irregulares en sindicatos del sector público. “Se reúnen entre gallos y medianoche y lo designan sin ningún sustento legal, a espaldas de los asegurados”.

A renglón seguido, el exvocal advirtió que la judicialización del cargo responde a intereses más amplios dentro del Estado. A su criterio, el objetivo es mantener en el Consejo Directivo del IESS a un representante “sordo, ciego y mudo”, funcional al poder de turno y sin capacidad de fiscalización. “Es un asalto continuado a la vocalía de los asegurados”, afirmó, al cuestionar además al sistema judicial: “Lo que acaba de ocurrir corrobora que el Poder Judicial está podrido y que es fácil obtener una resolución cubriendo el costo que tenga”.

En la misma línea de cuestionamientos, la disputa por la vocalía de los asegurados del IESS vuelve a encender alertas sobre la institucionalidad del sistema de seguridad social. Por segunda vez, una acción de protección inclina la balanza sobre un cargo clave, un hecho que, según Ramiro Beltrán, comisionado ejecutivo de la Comisión de Defensa de la Seguridad Social (Codess), evidencia una distorsión grave del marco legal. “Ya lo están tomando como un recurso alterno a las vías que estipula la ley, en este caso las elecciones”.

Críticas por falta de legitimidad y representatividad

Frente a este escenario, Beltrán anunció que la Codess analiza acciones penales contra la jueza que resolvió el caso. “Estamos conversando con juristas con experiencia en acción penal porque vemos que se estaría cometiendo un prevaricato”, dijo. Y anticipó que la decisión se adoptará tras nuevas reuniones. Asimismo, cuestionó el proceso de autoconvocatoria que respaldó el nombramiento, al que calificó de “ilegal” y realizado “a puerta cerrada por un grupo de personas que no son las más confiables”, lo que, para él, profundiza la fractura entre organizaciones sindicales y resta legitimidad a la vocalía.

Codess analiza acciones penales por prevaricato

Asimismo, el dirigente vinculó este escenario con la falta de respuesta institucional del Ejecutivo y del Consejo Nacional Electoral. “No hay interés en que se realicen elecciones”, expresó, pese a que la Codess, el Frente Popular y el FUS presentaron un reglamento y los requisitos del proceso ante el CNE. Para Beltrán, el trasfondo es más profundo: “Quieren seguir trabajando en el IESS como una caja sin fondo”, mientras los problemas estructurales persisten.

A estas críticas se sumó Henry Llanes, exasambleísta e impulsor de la Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Social, quien indicó que la designación de la vocalía de los asegurados del IESS mediante una acción de protección carece de sustento legal y constitucional. A su criterio, tanto la acción de protección como la medida cautelar “tienen un carácter de ilegalidad e inconstitucionalidad”, ya que se apoyan en normas que dejaron de estar vigentes.

Durante la audiencia, explicó que el Decreto Ejecutivo 571, utilizado como base jurídica, fue derogado tras la entrada en vigencia de reformas legales posteriores. En ese sentido, Llanes detalló que dicho decreto, emitido en octubre de 2022 durante el mandato de Guillermo Lasso, quedó sin efecto con la promulgación de la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social, publicada el 1 de noviembre de 2022 en el Registro Oficial.

Cuestionamientos legales y rol del CNE

“La presente ley deroga toda norma de igual o menor jerarquía que sea contraria”, recordó haber señalado a la jueza, incluso mostrando en pantalla el texto legal durante la audiencia virtual. Por ello, insistió en que no existe base legal para que una autoridad judicial reconfigure la vocalía por fuera del marco normativo vigente.

Finalmente, Llanes advirtió que la jueza habría invadido competencias de otras funciones del Estado, en particular del Consejo Nacional Electoral. Recordó que desde las reformas de 2022, y con mayor claridad tras los cambios de 2024 y la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia de 2025, el CNE es el órgano llamado a intervenir en el proceso de elección de los vocales del Consejo Directivo del IESS.

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