Unidad Popular presenta demanda de inconstitucionalidad contra la reforma al Cootad

La Unidad Popular presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional contra la ley de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). La acción fue impulsada por su director nacional, Geovanni Atarihuana, junto a militantes y autoridades locales. La organización cuestiona tanto el fondo como la forma en que fue aprobada la normativa. Además, solicitó medidas cautelares para suspender sus efectos.

Atarihuana sostuvo que el Gobierno no justificó una supuesta urgencia económica para impulsar la reforma. “Hemos concurrido para presentar una demanda de inconstitucionalidad contra las reformas al Código Orgánico territorial. Lo hacemos por el fondo y la forma”, declaró en los exteriores de la Corte. Según dijo, la normativa vulnera la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados. También advirtió una posible afectación a derechos ciudadanos.

El dirigente agregó que la ley pone en riesgo recursos destinados a prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales. “Vamos a presentar en este momento ante la Corte Constitucional y solicitamos medidas cautelares, es decir, que se suspenda de forma inmediata cualquier efecto de estas reformas”, afirmó. Señaló que la organización se mantendrá en las calles y en el ámbito jurídico. También cuestionó la votación de 77 asambleístas que respaldaron la iniciativa.

Reforma al Cootad y cuestionamientos por autonomía y fondos

La demanda de Unidad Popular se suma a otras acciones legales ya presentadas contra la reforma al Cootad. Entre ellas constan la de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la interpuesta por un concejal de Quito. Todas coinciden en señalar posibles vulneraciones a la autonomía financiera de los gobiernos locales. Los demandantes piden que la Corte analice la constitucionalidad de la norma.

Atarihuana afirmó que el Ejecutivo “no hace obras ni las deja hacer” y que la reforma busca retirar fondos a los territorios. “Lo que está planteándose aquí y ahora es precisamente quitarle fondos a las prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales”, manifestó. Añadió que el movimiento social ha convocado acciones de resistencia. Indicó que se sumarán a las movilizaciones anunciadas para el viernes 13 de Marzo.

El dirigente también se refirió a la postura de un asambleísta independiente que llegó al Legislativo en alianza con su organización. Aclaró que ya no forma parte de esa alianza y que mantienen caminos separados. “En todos los territorios estamos llamando a que el pueblo repudie a los asambleístas que votaron por esta ley totalmente antipopular”, expresó. Reiteró que defenderán los derechos ciudadanos en instancias judiciales y en las calles.

Concejal advierte impacto en municipios y proyectos sociales

Desde la misma sede judicial, la concejal de Santo Domingo, Liliana Silva, respaldó la demanda presentada por Unidad Popular. Señaló que la reforma afectaría directamente a cantones, provincias y juntas parroquiales. “Creemos fundamental defender los derechos de cada uno de los territorios”, dijo. Aseguró que el Gobierno pretende desconocer obligaciones pendientes con los gobiernos locales.

Silva mencionó una deuda cercana a los 1.000 millones de dólares con juntas parroquiales, prefecturas y municipios. “El gobierno de Daniel Noboa prácticamente le quiere hacer borrón y cuenta nueva”, afirmó. Explicó que muchos municipios pequeños dependen del recurso que transfiere el Ejecutivo por equidad territorial y devolución del IVA. Según indicó, la reducción o condicionamiento de esos fondos impactaría proyectos sociales.

La concejal advirtió que áreas como deporte, arte, cultura, guarderías municipales y programas para mujeres y grupos prioritarios estarían en riesgo. También cuestionó la disposición que destinaría el 70% de los recursos a infraestructura. “Si queremos cumplir con adoquinado masivo o asfaltado masivo, necesitamos contratar a cientos de obreros y profesionales, pero ahora no se puede hacer”, sostuvo. Añadió que la ley generaría presiones políticas en la asignación de recursos.

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