TCE admite denuncia del CNE contra Leonidas Iza por presunta infracción electoral
La presunta infracción es la no presentación de cuentas de campaña en consulta popular sobre el bloque petrolero 43
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitió a trámite la denuncia presentada por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, en contra de tres dirigentes (en ese entonces) de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), por la presunta infracción electoral relacionada con la no presentación de cuentas de campaña en el proceso de consulta popular sobre el bloque petrolero 43, realizado en 2023.
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La denuncia involucra (en ese entonces) a Segundo Leónidas Iza Salazar, representante legal de la CONAIE; Zenaida Anabel Yasacama Gayas, responsable del manejo económico; y Patricia Estefanía Lalvay Naula, jefa de campaña. Según el CNE, la organización social habría incumplido con la obligación de reportar los gastos y aportes recibidos durante la campaña por la opción “Sí” en dicha consulta.
El juez Juan Patricio Maldonado otorgó un plazo de cinco días para que presenten su contestación, pruebas de descargo, designen abogado defensor y señalen una dirección electrónica para notificaciones. En caso de no comparecer, la audiencia se realizará en rebeldía y su defensa será asumida por un defensor público.
La audiencia convocada para el 13 de noviembre
La audiencia oral única de prueba y alegatos fue convocada para el 13 de noviembre de 2025, a las 09:00, en la sede del TCE en Quito. El tribunal también solicitó a la Policía Nacional garantizar el orden público durante la diligencia.
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La denuncia se fundamenta en el artículo 281 del Código de la Democracia, que establece sanciones por incumplimientos en el financiamiento político, incluyendo multas de hasta 70 salarios básicos y la suspensión de derechos políticos por hasta cuatro años.
Este proceso se da en un contexto de creciente escrutinio sobre la transparencia en el financiamiento de campañas políticas, y podría sentar precedentes sobre la responsabilidad de organizaciones sociales en procesos electorales.
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