RC denuncia intento de privatización del sector eléctrico tras proyectos urgentes
Blasco Luna alerta que el gobierno quiere “regalar proyectos avanzados” y privatizar la generación eléctrica
El asambleísta Blasco Luna, de la Revolución Ciudadana, denunció un presunto intento de privatizar el sector eléctrico en Ecuador, tras la entrega de dos proyectos de ley económica urgente por parte del Ejecutivo. Según Luna, los textos buscan entregar proyectos avanzados al sector privado “a precio de gallina enferma”.
“Vea, es otro intento para querer privatizar uno de los sectores que en su momento generó estabilidad al país y que permitió tener una matriz energética que hacía que Ecuador progrese y vaya en adelante. Nos vendieron hace ya un año un proyecto, no más apagones, no olvidemos. Ahí decían que había restricciones para que haya inversión privada. No nos olvidemos”, aseguró el legislador.
Blasco Luna critica intención de privatización del sector eléctrico
Luna recordó que la Asamblea, incluida la Bancada Revolución Ciudadana, respaldó la propuesta para permitir inversión pública y privada. “Ponían de pretexto que solamente podían invertir hasta si esta capacidad de generación se amplió, y hoy nos viene con el cuento de que todavía existe un impedimento. Pónganse de acuerdo, díganlo con nombre y apellido. Quieren privatizar el sistema de generación energética, eso es lo que quieren”, afirmó.
“Ya muéstrese de cuerpo entero. La incapacidad del gobierno a hoy de atraer inversión pública, mixta y privada es notoria. Si hay gobiernos provinciales como el del Azuay que le dijo en sesiones de directorio al Ministerio de Energía. Tenemos la capacidad de realizar inversión para generación en el Austro, miraron para otro lado. Pueden preguntarle al prefecto Juan Cristóbal Lloreto, que quiso invertir en generación, y aquí también en Quito, en Pichincha, quisieron invertir. Ah, no, como es público, hay sinoval”, agregó.
“Ahora, ¿qué es lo que quieren?”, cuestiona Luna, señalando que, según la ley, la generación debe ser pública, mixta o de la economía popular. Para él, el gobierno busca usar la falta de capacidad como pretexto para que “venga el privado” y terminen privatizando “la generación, la comercialización, la distribución”.
Proyectos económicos urgentes buscan inversión y eficiencia
Los comentarios de Luna se producen tras la entrega de dos proyectos de ley económica urgente por parte del Ejecutivo, amparados en el estado de excepción. Según Enrique Herrería, secretario jurídico de la Presidencia, los textos buscan ordenar el gasto público y atraer capital privado a sectores estratégicos como minería y energía, y tienen un plazo de 30 días para su trámite legislativo.
En el sector eléctrico, las reformas habilitan concesiones excepcionales que integran financiamiento, construcción, operación y mantenimiento, trasladando riesgos al sector privado. El objetivo es diversificar la matriz energética, proteger la liquidez del Estado y prevenir pérdidas económicas por racionamientos, sin incrementar impuestos ni presionar el presupuesto.
Minería y simplificación de trámites
En minería, las iniciativas buscan simplificar trámites, reducir plazos y eliminar cargas procedimentales que han paralizado proyectos. También incorporan clústeres integrales, registro, trazabilidad y priorización territorial para mejorar eficiencia fiscal, combatir la minería ilegal y asegurar que los recursos se traduzcan en inversión social verificable.
Reforma al gasto público local y sostenibilidad
La reforma al Cootad establece que los GAD deben destinar al menos 70 % de su presupuesto a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos. El régimen de transición arranca con 60 % en 2027 y llega al 70 % en 2029, con trazabilidad y control para asegurar sostenibilidad fiscal sin afectar servicios.
Según las memorias, la falta de inversión “lo encarece y traslada sus efectos negativos a generaciones futuras”, afectando competitividad territorial y productividad. La medida busca garantizar que los recursos se traduzcan en proyectos e inversión social eficientes y medibles.
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