Pocas veces se ve a un político o a un funcionario público perder la dignidad tan aparatosamente como a Alembert Vera. Al presidente del Consejo de Participación de Control Social y Participación Ciudadana (CPCCS) le pasó lo que podría pasarle a un sicario que cuando llega armado con pistolas y granadas al lugar donde tenía previsto cometer su crimen, ve que hay unos policías y pretende hacerse pasar por un electricista que fue a arreglar el timbre del establecimiento.

Vera pensó que iba a dar el golpe de su vida y cumplir con la tarea que su jefe y auspiciante de su candidatura al CPCCS, Rafael Correa, le había encomendado: echar abajo la Corte Constitucional y toda la institucionalidad que se construyó a partir de la consulta popular de 2018. La institucionalidad que, precisamente, impide a Correa que tenga el control absoluto del Estado, como pretende.

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Vera aceptó de mil amores y con entusiasmo nada disimulado, una acción de protección expedida por un juez de Montecristi que le ordenaba armar una veeduría ciudadana para que revise la elección de los jueces de la Corte Constitucional hecha por el CPCCS transitorio, presidido por Julio César Trujillo. A pesar de que hasta un estudiante de primer año de derecho se hubiera podido percatar que la orden del juez de Montecristi era ilegal y que su cumplimiento le podía acarrear su destitución porque rompía el candado impuesto por la Corte Constitucional a todo lo actuado por el CPCCS transitorio, Vera la acató sin dilación y lleno de entusiasmo. 

Sin poder esconder esa sonrisita que tienen los vivarachos, Vera salió en medios y redes a decir que acataba la orden y que llamaba a los ciudadanos patriotas para que se postularan para la veeduría. No solo que acató la orden, sino que ni siquiera apeló la decisión del juez de Montecristi. Una omisión que lo único que hace es abonar a la tesis de que entre el juez y él había una trama planificada para echar abajo a la Corte Constitucional.

Pero cuando Vera se dio cuenta que la Corte Constitucional inició un proceso que podría terminar en su destitución, todo se le vino abajo. Hasta la vergüenza, porque fue en ese momento en que empezó a culipandear. Ahí envió una comunicación a la Corte Constitucional diciendo que no es para tanto y que él no había acatado la orden del juez. En otras palabras: no era para tanto señores jueces, aquí no ha pasado nada. 

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Además, con cobardía proverbial, Vera le endilgó todo lo hecho a una dependencia de rango inferior del CPCCS. “Ni el pleno del CPCCS ni ningún consejero han tomado una resolución sobre este tema. La Subcoordinación Nacional de Control Social inició el trámite con la convocatoria que fue publicada en el sitio web institucional”, le dijo Vera a la Corte Constitucional en su comunicado, pensando que la opinión pública iba a olvidar su declaración cuando anunció que iba a obedecer la “contundente” (así lo dijo) orden del juez. En efecto, apenas un día antes había dicho que a la orden del juez “se le va a dar paso de forma inmediata para la conformación (de la veeduría) e invitamos a toda la ciudadanía, a los profesionales… Hace un tiempo tuvieron que callar por miedo, por presión a que no se sumen a esta veeduría para revisar los actos atroces cometidos por el trujillato”.

Vera ha quedado no solo como un vivaracho al que le sale mal su acto de viveza criolla, sino como una persona incapaz de asumir con valentía sus actos. Todo eso sin siquiera que haya logrado disipar por completo las causales para su destitución que tanto teme porque es innegable que el delito de no acatar la orden de autoridad competente, la Corte Constitucional, se cometió de forma flagrante.

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