La Corte Constitucional tiene la competencia para hacer cumplir sus dictámenes y sentencias. Con el pedido de información que remitió el lunes al juez de Montecristi, Leiver Quimis; al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Alembert Vera, y a la fiscal Diana Salazar, lo que ha hecho la Corte es activar esta competencia, señala el exjuez constitucional Ramiro Ávila Santamaría.

El exfuncionario señala que cuando la Corte constata el incumplimiento de sus decisiones tiene la facultad para destituir al funcionario.

Los involucrados en este caso serían el juez de Montecristi, Leiver Quimis, quien acogió una acción de protección que presentó una ciudadana y dio paso a que Alembert Vera, a título personal, anuncie la conformación de una veeduría ciudadana para que revise las actuaciones del Consejo Transitorio, que fue presidido por Julio César Trujillo (+). (LEA ADEMÁS: "La CC se 'arma' de datos previo a actuar frente al fallo del juez Quimis")

“Lo que hace la Corte es mirar posibles pruebas para evaluar si aprecia responsabilidad en un incumplimiento. En el caso del juez, hay un error inexcusable, y de Vera, un acto encaminado a incumplir; además, que desconoce el valor jurídico del dictamen”, destaca Ávila.

En tanto que el expresidente de la Corte, Hernán Salgado Pesántez, recordó que el expresidente del CPCCS, José Tuárez, ya trató de hacer una revisión y convocó a dos constitucionalistas y la respuesta de la Corte fue ratificar la legitimidad de lo actuado por el Transitorio y la imposibilidad de hacer revisión. Tuárez fue destituido.

Salgado va más allá y señala cuál sería la verdadera intención de revisar las resoluciones del Consejo de Participación Transitorio. “En el fondo lo que están buscando los correístas es que declaren a Rafael Correa inocente, pero así no lo van a conseguir”, considera. (TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: "Meter mano a las decisiones del CPCCS transitorio, una idea constante")

Sobre la decisión de la Corte de pedir información a los tres actores, en este caso coincide con el exjuez Ávila, en que puede desembocar en la destitución y enjuiciamiento de Vera por contradecir e incumplir una sentencia que dio la Corte. “La Constitución es bien drástica en decir que cuando no se cumplen las sentencias constitucionales hay amplias facultades de la Corte en tomar el camino que creyere adecuado”, insiste.

Mientras que analiza que en el caso del juez de Montecristi el camino sería el Consejo de la Judicatura, pero reconoce que ese organismo también tiene una situación insostenible. De no prosperar esa vía, la otra alternativa cree que sería la Fiscalía para que se procese a Leiver Quimis por un posible prevaricato porque está yendo contra disposiciones legales que están establecidas.

La constitucionalista Ximena Ron insiste en que lo que ha hecho la Corte con su resolución es blindar las decisiones del Transitorio, que tiene una disposición: la prohibición de revisar esos actos y en cualquier momento la Corte Constitucional puede supervisar su cumplimiento.

Y lo ha hecho a través de pedir información por medio de la Secretaría Técnica de la Corte Constitucional al dirigirse a todos los órganos involucrados a los que irá monitoreando a efectos de ver si han cumplido o no.

Coincide con Salgado y Ávila en que en caso de incumplimiento se contemplan sanciones que van desde la económica hasta la destitución que la Constitución faculta aplicar a la Corte en esos casos.

A reafirmar que el futuro de los funcionarios que incumplan el dictamen de la Corte será la destitución estuvo también el ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Él recuerda que ese organismo ha iniciado la fase de control de seguimiento. “Si el CPCSS insiste en querer revisar tales actuaciones y, por lo tanto, incumplen el dictamen que lo impide, correrán la misma suerte que sus antecesores”, sentencia.

En Participación, tres consejeros se apartaron de la responsabilidad por la decisión de Alembert Vera, exabogado de Rafael Correa, de intentar formar una veeduría que revise las actuaciones del Consejo Transitorio.

El detalle

Pedido. El CPCCS anunció que pedirá a la Corte que dicte jurisprudencia del alcance de la acción del juez de Manabí y la presunta contradicción.

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