Una ‘obsesión’ que, aunque sin mucho futuro, no deja de ser peligrosa. La decisión del juez de Montecristi (Manabí), Leiver Quimis, de aceptar una acción de protección para crear una veeduría que evalúe ciertas decisiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de transición inquieta a algunos de su exintegrantes y juristas.

Como un verdadero “golpe de Estado” calificó el exconsejero transitorio de Participación, Luis Hernández, a la posibilidad de que con esta resolución del juez Quimis se pretenda desconocer una resolución adoptada por la Corte Constitucional (CC), y ratificada por los ecuatorianos en las urnas, con la que se puso un ‘candado’ a las decisiones adoptadas por ese organismo. 

“No creo que esta idea prospere, pero de todas formas la sociedad en su conjunto debe cerrar filas en torno a la Corte Constitucional que le ha dado algo de institucionalidad al país. Gusten o no sus fallos y resoluciones, deben ser respetados de forma democrática”, dijo Hernández.

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Justamente la acción de protección aprobada busca crear una veeduría ciudadana que evalúe el cese y posterior designación de los jueces constitucionales, aunque se desconoce con claridad con qué fin. Hasta ayer en el CPCCS no había certeza de cuándo se llamaría a sesión del pleno para abordar este tema, aunque su presidente Alembert Vera ya adelantó que hay que armar la veeduría de inmediato.

El jurista y también exintegrante de ese Consejo de Participación, Xavier Zavala Egas, dijo a EXPRESO que todo apunta a que el camino de las veedurías que el actual CPCCS se vería “obligado” a aceptar no es sino una ruta para hacer algo de ruido político, pero no más.

“En mayo 2019, la CC emitió una resolución estableciendo que las decisiones del Consejo de Participación Transitorio no pueden ser revisadas por otro Consejo de Participación Ciudadana, ya que este no tiene las facultades extraordinarias que se facultó al organismo de transición”, recordó el académico quien fue crítico de muchas resoluciones adoptadas entonces por ese cuerpo colegiado.

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Al abogado penalista Ramiro García no deja de llamarle la atención la “obsesión” que cierto sector tendría de golpear la institucionalidad que implantó el Consejo liderado por Julio César Trujillo (+) aún a costa de poner en riesgo la institucionalidad del Estado con tal de recuperar espacios de poder no solo en la Corte Constitucional, sino en otros organismos importantes como la Contraloría General del Estado, el propio Consejo Nacional Electoral (CNE) y las superintendencias, entre otros.

Sin embargo, coincide con otros juristas que no ven que la medida vaya a tener mayor efecto jurídico porque va en contravía a lo que resolvió hace tiempo atrás de la Corte Constitucional en el sentido de que los consejos de Participación posteriores al transitorio no cuentan con autotutela para observar o, peor aún, modificar las decisiones adoptadas por este.

El abogado y editorialista de EXPRESO Arturo Moscoso está convencido de que tanto la designación de los jueces de la Corte Constitucional en la etapa transitoria, así como las otras decisiones tomadas no están en peligro, precisamente porque existe un “blindaje” otorgado por la misma Corte.

Recordó que la acción de protección debe ser tratada en una segunda instancia y luego llegar a conocimiento de los propios jueces constitucionales que podrían ratificarse en la decisión de 2019.

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¿Qué consecuencias podría acarrear entonces la decisión del juez de Montecristi? García cree que más bien se puede revertir en contra de Quimis Sornoza a quien, de hecho, denunciará el lunes próximo en la Fiscalía General del Estado por el posible delito de prevaricato.

También, podría traer consecuencias al pleno del Consejo de Participación Ciudadana dependiendo la postura que adopte en torno a la creación de la veeduría ciudadana. Recordó que José Carlos Tuárez fue censurado y destituido por la Asamblea Nacional, en su momento, justamente por intentar revisar las decisiones del transitorio violando una decisión de la Corte Constitucional.

Quien no ve mal que haya un proceso de escrutinio y control desde la ciudadanía a esta y otras actuaciones es el exconsejero de Participación Carlos Figueroa que considera que todos los procesos deben ser transparentados y sometidos a un proceso de observación.

Por ahora, se conoce que la Procuraduría General del Estado apeló la resolución del juez Quimis. Esa entidad se comprometió a dar detalles del reclamo presentado a inicios de la semana entrante. Por su parte, la Corte Constitucional no se ha pronunciado públicamente sobre la acción de protección otorgada, pero se conoce que los jueces analizan el documento para adoptar una postura.

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