Cuando amenazan a los jueces

La corrupción en la administración de justicia es una realidad que, desde hace años, socava la confianza de los ecuatorianos. La percepción ciudadana de que existen jueces y fiscales que actúan por intereses particulares, bajo presiones o incluso al servicio de organizaciones criminales, ha debilitado uno de los pilares esenciales de la democracia. Nadie puede oponerse a una depuración profunda, transparente y sometida al debido proceso. Es una necesidad impostergable.

Pero combatir la corrupción no autoriza al poder político a reemplazar el Estado de derecho por la intimidación. Si un ministro o cualquier funcionario dispone de pruebas contra jueces o fiscales, su deber no es lanzar advertencias públicas sino presentarlas ante las autoridades competentes para que sean investigadas y sancionadas. Esa es la única conducta compatible con un régimen democrático.

Por eso inquietan las declaraciones dirigidas a los jueces en el sentido de que deben “enderezarse”, “corregirse” o “van a terminar presos”. Más allá de la intención con que fueron pronunciadas, ese tipo de mensajes proyecta una imagen de presión sobre quienes deben resolver procesos en los que incluso pueden estar comprometidos intereses del propio poder político. La independencia judicial no solo debe existir; también debe estar libre de cualquier sospecha de interferencia.

Urge una auténtica carrera judicial

Los jueces tienen la obligación de condenar a los culpables, pero únicamente cuando las pruebas lo acrediten y la ley lo permita. El principio de legalidad impide condenar por conductas que la legislación no tipifique como delito. Si el marco jurídico favorece la impunidad o presenta vacíos, corresponde reformarlo. Lo que no puede hacerse es exigir a los jueces que sustituyan al o que fallen para satisfacer expectativas políticas.

La justicia no puede convertirse en un instrumento para perseguir adversarios ni para proteger aliados. Ecuador necesita una auténtica carrera judicial que garantice jueces independientes, competentes y probos. Necesita instituciones fuertes, no gobernantes que pretendan condicionar sus decisiones.