Justicia en pausa: falta de jueces, citadores y hasta papel retrasa procesos
Rehabilitar infraestructura y fortalecer talento humano es clave; la crisis también se ve en audiencias y demoras
La crisis del sistema judicial no es solo política. También es física, operativa y humana. Los edificios están en mal estado, la seguridad es deficiente y faltan jueces y personal de apoyo. El resultado es concreto: procesos más lentos y funcionarios expuestos.
El Segundo Informe del Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ) documenta que la mayoría de dependencias judiciales funciona en casas remodeladas o inmuebles arrendados que no fueron diseñados para operar como juzgados. Los datos son directos: el 85,81% de los servidores judiciales califica su edificio como “inseguro” o “muy inseguro”. El 81,8% trabaja en unidades sin detectores de metales. El 94,63% no dispone de un plan de escape ante emergencias, desde un terremoto hasta una amenaza de bombas.
Los problemas no están en el papel. En la Unidad Multicompetente de Piñas, en El Oro, no hay espacio para archivo. Se improvisó un depósito en una obra gris, sin ventanas. En Pedro Vicente Maldonado, funcionarios denuncian falta de papel y deterioro de la infraestructura. En varias provincias, abogados reportan que judicaturas que antes tenían tres jueces ahora funcionan con uno solo.
Impacto en los plazos judiciales y la carga de trabajo
En Tungurahua, el abogado de familia Miguel Singuaña resume el impacto: “Cómo podemos decirle a un cliente que su demanda saldrá en cinco meses, que ya es mucho, si ahora tarda un año o año y medio”. La reducción de jueces multiplica la carga procesal y extiende los plazos.
El déficit no se limita a magistrados. También falta personal de apoyo. En las unidades especializadas en corrupción y crimen organizado, los jueces cuentan apenas con un asistente para causas complejas, con múltiples procesados y acciones constitucionales. La misma realidad se replica en las unidades de familia, donde se tramitan pensiones alimenticias, regímenes de visitas y violencia intrafamiliar.
Allí el cuello de botella es la citación. Según datos de la Judicatura, en 2025 existían 151 citadores a escala nacional, pero el déficit es de 137. Para cubrirlo, se encargó la tarea a ayudantes judiciales, gestores de archivo, secretarios y técnicos de ventanilla. No es suficiente. En promedio se realizan 1.765 citaciones diarias en todo el país. Con ese número de funcionarios, cumplirlas todas en tiempo real es inviable. Si no hay citación, el proceso no avanza.
Acceso a la justicia limitado y tecnología insuficiente
Para Luis Ávila, de la asociación de Jueces y Magistrado, el problema final es de acceso a la justicia. “Si no hay recursos, ni gestión ni el número de jueces, tenemos una barrera que impide a la gente a recibir una buena atención”. Nombra algunos problemas como la falta de plantas eléctricas, insumos, personal...
La tecnología tampoco compensa la precariedad. Persisten fallas para realizar audiencias telemáticas, incluso cuando los procesados comparecen desde centros de privación de libertad. El porcentaje de audiencias fallidas supera el 45%, cuando en 2017 era del 3,5%. Cada audiencia frustrada implica nueva fecha, más carga y más retraso.
El diagnóstico es claro: edificios inseguros, protocolos inexistentes, falta de citadores, déficit de jueces y soporte técnico insuficiente. Mientras el debate público gira en torno a disputas políticas, la justicia opera en condiciones precarias.
Necesidad de inversión e intervención urgente
Sin inversión en infraestructura, seguridad preventiva y fortalecimiento del talento humano, no habrá reforma que funcione. La crisis judicial también se mide en archivos amontonados, demandas que esperan meses para ser citadas y jueces que trabajan al límite.
Desde el Consejo de la Judicatura hay un plan que no se ha puesto en marcha, pero se ha venido hablando desde enero de 2025 y que era declarar la justicia en emergencia. La entidad dijo que necesitaba 200 millones de dólares adicionales a los 348 que ya recibe.
Sin embargo, la crítica a este plan era que además de solventar temas administrativos y de infraestructura se buscaba nombrar jueces sin concurso.
