
Judicatura: Alexandra Villacís espera que la Corte Nacional "decida lo correcto"
Certificado del SRI contradice registro laboral que impide su posesión en el organismo judicial
Alexandra Villacís, vocal suplente del Consejo de la Judicatura, denunció que existe un bloqueo institucional que le impide asumir la presidencia temporal del organismo, pese a que (según afirmó) no tiene ningún impedimento legal vigente. La funcionaria aseguró en una entrevista en Ecuavisa que el Ministerio de Trabajo mantiene un registro que la inhabilita, aunque el Servicio de Rentas Internas (SRI) certifica que no posee deudas.
Su designación como vocal suplente fue aprobada sin impugnaciones en septiembre de 2025 por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y posteriormente fue posesionada por la Asamblea Nacional. Villacís sostiene que no existió objeción alguna durante ese proceso.
“¿Es molesto porque es independiente?”, se preguntó durante la entrevista. Añadió que no encuentra una razón clara para el bloqueo y que incluso ha considerado que podría tratarse de su condición de mujer o de su falta de vínculos políticos.
Impedimento en el Ministerio de Trabajo y certificado del SRI
Villacís afirmó que el Ministerio de Trabajo mantiene un registro que le impide ejercer el cargo público, pero que ese dato contradice un certificado oficial del SRI. “No existe realmente un impedimento real, no ha existido un debido proceso”, aseguró.
Según explicó, presentó físicamente una solicitud ante el Ministerio de Trabajo para que se levante el registro. “No puede ser que estemos a expensas de un pantallazo de una página web”, dijo, al cuestionar que un sistema informático esté por encima de un certificado oficial.
La vocal suplente señaló que se estaría confundiendo “un registro en el Ministerio de Trabajo con un certificado emitido por una institución”. En su criterio, existe una “pugna entre dos instituciones del Estado” que debe resolverse de forma inmediata.
Consejo de la Judicatura designó presidente temporal
Mientras se mantiene el registro en el Ministerio de Trabajo, el Consejo de la Judicatura designó a Damián Larco como presidente subrogante. En sesión, los vocales señalaron que la actuación sería temporal hasta que Villacís subsane el supuesto impedimento.
Sin embargo, la situación cambió cuando el CPCCS solicitó a la Corte Nacional de Justicia el envío de una nueva terna para reemplazarla. Para Villacís, esa decisión carece de lógica jurídica. “¿Cuál es la lógica jurídica de esto? Ninguna”, manifestó. Cuestionó que, por un lado, se reconozca que su situación es temporal y, por otro, se active un proceso para su reemplazo definitivo.
¿Existe una operación política?
Consultada sobre si existe una operación concertada entre el Ejecutivo, el CPCCS, la Judicatura y otras instituciones, Villacís respondió que no se mueve en el ámbito político. “Mi rol aquí es sumamente técnico, jurídico”, afirmó.
No obstante, hizo un llamado público al Ministerio de Trabajo. “Que cumplan su rol”, expresó, al recordar que esa cartera de Estado debe defender los derechos laborales, incluidos los de una servidora pública. Insistió en que el caso no debe analizarse desde la confrontación política, sino desde la institucionalidad. “La institucionalidad solamente se defiende con la verdad”, sostuvo.
Señalamientos de vínculos con Guillermo Lasso
Desde el oficialismo se ha señalado que Villacís tendría vínculos con el expresidente Guillermo Lasso, debido a que fue subsecretaria de Puertos durante su gobierno. Ella negó esa relación política.
“Está demostrado hasta la saciedad que no pertenezco ni siquiera tengo vínculos”, afirmó. Incluso aseguró que no conoce personalmente al exmandatario. Indicó que el propio Lasso emitió un comunicado aclarando que no la conoce y que su designación respondió a criterios técnicos. “Fue simplemente por cuestiones y condiciones de mi perfil académico”, explicó.
Posibles acciones legales y expectativa en la Corte
Villacís no descartó emprender acciones legales, incluida una acción de protección. Señaló que evalúa las herramientas jurídicas disponibles para defender sus derechos. También se refirió al papel de la Corte Nacional de Justicia, que deberá decidir si envía o no una nueva terna. Considera que lo correcto sería ratificar su designación original.
“Se espera que la Corte Nacional de Justicia decida lo correcto”, manifestó. Añadió que los vocales de la Judicatura “deben dar cuenta de lo que están haciendo”. Al cierre de la entrevista, recalcó que el conflicto no es personal. “Esto no es personal, esto es institucional”, concluyó.
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