IESS pide revocar medida que busca calificar a Jorge Moncayo como vocal de asegurados
El diferimiento judicial prolonga una vacancia de meses y reaviva el choque entre sindicatos y autoridades
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) pidió la revocatoria de una medida cautelar que ordena calificar, en 24 horas, la idoneidad de Jorge Luis Moncayo Chica, dirigente de la Organización Única Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública (Osuntramsa), para integrar su Consejo Directivo.
De acuerdo con el expediente del caso, la solicitud se presentó ante la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Portoviejo, luego de que la jueza del caso difiriera la audiencia pública para el 16 de enero de 2026, manteniendo vigente una resolución que, según el IESS, altera el marco legal de designación de representantes.
El diferimiento que mantiene viva la medida cautelar
La providencia judicial del 5 de enero de 2026 aplazó la audiencia por once días, pese a que el certificado médico presentado por la defensa del accionante prescribía solo un día de reposo por una afección respiratoria.
Para el IESS, este diferimiento extenso vulnera el principio de celeridad que rige las garantías constitucionales y prolonga los efectos de una medida cautelar que considera ilegítima y desproporcionada.
El IESS rechaza que la justicia otorgue derechos
En su escrito, el Seguro Social sostiene que la medida cautelar no suspende un acto que vulnere derechos, sino que “otorga un derecho” a favor de Moncayo Chica, lo que desnaturaliza esta figura constitucional.
Además, cuestiona que se haya dejado sin efecto un pronunciamiento de la Superintendencia de Bancos y se le haya ordenado calificar una idoneidad fuera de los procedimientos previstos en la Ley de Seguridad Social.
El contexto sindical que rodea la disputa
En medio de este escenario, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) denunció el 31 de diciembre un intento “ilegal” de ocupar la vocalía de los asegurados aprovechando la vía judicial.
Edwin Bedoya, presidente del FUT, aseguró que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) impulsa la designación de Jorge Luis Moncayo Chica. “Quieren que ocupe la vocalía de los asegurados, de forma ilegal”, afirmó.
Una vacancia de más de dos meses en el Consejo Directivo
Desde el 18 de octubre de 2025, la vocalía del IESS en representación de afiliados y jubilados permanece vacante. El Consejo Directivo opera solo con dos integrantes: el delegado del Ejecutivo y la representante de los empleadores.
Con solo dos votos y el dirimente del presidente del Consejo, se pueden aprobar resoluciones clave, pese a la ausencia de la voz de asegurados en el máximo órgano de decisión del Seguro Social.
Bedoya recordó que esta no sería la primera vez que se utiliza una estrategia judicial para ocupar esta representación. Según dijo, así se logró anteriormente que Richard Gómez accediera a la vocalía de los afiliados.
El dirigente también señaló que la CUT mantiene afinidad con el gobierno de turno y que Moncayo Chica proviene de ese sector sindical.
El IESS insiste: no hay amenaza constitucional
Más allá del trasfondo gremial, el IESS sostiene que no existe una amenaza real, grave o inminente de derechos que justifique la medida cautelar concedida por la jueza de Portoviejo. A criterio de la institución, la falta de registro de un representante no constituye una vulneración constitucional, sino la consecuencia jurídica de no contar con un acto habilitante válido conforme a la ley.
Por su parte, el IESS recuerda que el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social establece que los representantes de los afiliados deben ser elegidos mediante procesos organizados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Ni el IESS ni la Superintendencia de Bancos, sostiene la entidad, tienen competencia para validar designaciones directas o reemplazos automáticos, ya que ello vulneraría el principio de legalidad.
El decreto que, según el IESS, fue ignorado
En su solicitud de revocatoria, el Seguro Social cuestiona que la jueza no haya considerado el Decreto Ejecutivo 571, que regula el procedimiento de designación y calificación de autoridades del IESS. A su juicio, la orden judicial impone obligaciones imposibles o ilegales, al desconocer la jerarquía normativa vigente.
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