El gobierno de Daniel Noboa ofrece venganza por rehabilitación

Rarísimo simulacro el de la Asamblea Nacional esta semana en Cuenca. Sea porque los legisladores de la patria ahí reunidos en sesión plenaria no habían leído ni de forma sumaria el proyecto que se proponían aprobar (cosa harto verosímil considerando las limitadas capacidades de comprensión lectora de una abrumadora mayoría), sea porque necesitaban fingir un desacuerdo inexistente para impresionar mejor cada bancada a sus respectivos feligreses, lo cierto es que el segundo debate sobre las reformas al sistema penitenciario estuvo casi por completo centrado en una fantasía. Y como tal fantasía el proyecto se aprobó y se vendió a los ciudadanos.

El engaño es intencional y proviene del gobierno. Consiste en presentar el proyecto de reformas como aquello que no es: un régimen de trabajo para que los internos de las cárceles costeen su propia manutención. Como todo lo relacionado con las políticas públicas de seguridad, este montaje es parte de un gran operativo de propaganda destinado a estimular la sed de sangre y el deseo de venganza de los ecuatorianos. De otra manera no se explica que un proyecto de ley por lo demás sensato en la mayoría de sus puntos haya tenido que vestirse con el disfraz del más recalcitrante populismo penal para recibir el apoyo de las masas. Populismo penal consistente en un volver, como le gusta a este gobierno, a los tiempos del Antiguo Régimen.

“Miles de personas privadas de la libertad pasan sus días sin hacer absolutamente nada”, dijo la oficialista Lucía Jaramillo en el debate de este martes, resumiendo a la perfección el discurso de su bancada: “Eso no debe ser así. Ellos tienen que pagar su deuda con la sociedad ya sea ayudando a construir escuelas, carreteras, limpiando nuestros ríos, limpiando nuestros mares o cualquier tipo de actividad útil y no ser una carga para la sociedad. No es justo que los ecuatorianos paguemos más de 40 millones para alimentarlos”. Es claro que lo que Jaramillo y sus compañeros de bancada tienen en mente es un régimen obligatorio de trabajos forzados que generaría una fuente de ahorros al Estado. Ese fue, por lo menos, el mensaje que transmitieron. Todo en la misma línea de aquella vieja pretensión del gobierno de eliminar a los privados de la libertad de la lista de personas de atención prioritaria, propuesta destinada desde el minuto cero a ser rechazada por la Corte Constitucional por incompatible con las estándares internacionales de derechos humanos.

La otra cara de las reformas penitenciarias

Las reformas, sin embargo, no dicen nada de eso que dieron a entender Lucía Jaramillo y los demás oficialistas. En el texto aprobado, el tema figura en apenas un párrafo: el de la disposición transitoria décima. Ahí se habla de incorporar una “política pública de trabajo interno para las personas privadas de la libertad, a fin de garantizar el ejercicio del derecho a la rehabilitación social, mediante el desarrollo de actividades laborales y productivas en estricto cumplimiento a (sic) los derechos y garantías contempladas en la Constitución”.

Lo cual no es nada nuevo: está contemplado en la Constitución, en el Código Orgánico Integral Penal y en varios reglamentos, otra cosa es que no se aplique en casi ningún sitio. No es un mecanismo para costear la manutención de los presos, como recogen en sus discursos los del gobierno, sino un procedimiento de rehabilitación. De hecho, en varios artículos que no fueron reformados, el COIP habla de modalidades de contratación, remuneraciones de acuerdo con la ley e incluso acceso a cuentas bancarias gestionadas por el organismo técnico del sistema de rehabilitación social. En resumen: el oficialismo miente. Para poner contenta a la gente, ofrece violar los derechos humanos ahí donde las cosas están reguladas para que eso no ocurra. Lo cual habla pésimo de gobierno y peor, mucho peor, del país.

La única novedad que aportan las reformas al sistema de trabajo en las prisiones es que fijan un plazo para empezar a ejecutarlo (por eso el tema figura en una disposición transitoria): 36 meses. Y este es el punto que de verdad debió ser objeto de debate. Porque lo que está ofreciendo el gobierno con esto es transformar por completo el sistema penitenciario ecuatoriano en los próximos tres años. Y transformarlo en una dirección radicalmente opuesta a la que ha seguido su propia política pública en la materia. ¿Es creíble? ¿El mismo gobierno que pretendió expulsar a los privados de la libertad de la lista de personas de atención prioritaria ahora se propone aplicar políticas laborales para rehabilitarlos?

La rehabilitación, debate polémico en Ecuador

Hay un problema de fondo que el país viene arrastrando mucho tiempo. Bien puede la Constitución de la República garantizar lo contrario, lo cierto es que el Ecuador parece haber renunciado hace años a aplicar el concepto de rehabilitación en sus prisiones. La convicción de que muchos presos no son susceptibles de ser rehabilitados es cada vez más común incluso entre los altos funcionarios del Estado. Puede que tengan razón, pero es un tema que, en todo caso, debería debatirse: ¿cuáles son los presos rehabilitables y cuáles no? ¿Quién debe decidir eso? ¿Sobre la base de qué procedimientos? ¿Con qué consecuencias?

Llevamos años eludiendo ese debate (muy poca gente lo plantea, entre ellos el abogado penalista Felipe Rodríguez, en sus artículos de opinión) y, sin embargo, nos comportamos como si ya lo hubiéramos resuelto. Hasta construimos cárceles en las que cualquier rehabilitación es simplemente impracticable. La Roca, ese hueco sombrío donde los privados de la libertad apenas si ven la luz del sol por escasos minutos al día, es el mejor ejemplo. Dada la reciente adscripción del gobierno al grupo de los creyentes en la rehabilitación, cabe imaginar que infraestructuras como esa serán demolidas en los próximos tres años.

Incorporar en el plazo de 36 meses aquello que el COIP denomina “eje laboral de la rehabilitación” implica una serie de transformaciones radicales que deberían empezar por las mentalidades de los funcionarios a cargo. Transformaciones que implican la adecuación de espacios físicos, la dotación de maquinarias y talleres, la asignación de grandes presupuestos de los cuales la reforma aprobada esta semana no dice ni media palabra. En su lugar, los asambleístas que la plantean la presentan más como un mecanismo de escarmiento y de ahorro de recursos que como parte de un proceso de rehabilitación en el que definitivamente han dado muestra de no creer. En resumen: la inclusión de este punto en el párrafo final del proyecto de reformas, desconectado de todo lo demás, parece obedecer más bien a la necesidad de contar con un argumento de populismo penal para promocionarlo mejor.

Otras observaciones a las reformas penitenciarias

Por lo demás, las reformas persiguen otros objetivos. Para empezar (y este es un gran acierto) contribuyen a la institucionalización del SNAI, ese organismo que solía llamarse simplemente dirección de cárceles y hoy, gracias, al siempre retorcido afán refundador del correísmo, recibe el eufemístico nombre de Servicio Nacional de Atención Integral a Personal Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores. Un título tan largo que es necesario suprimir la mitad de palabras para efectos de fijar sus siglas (SNAIPAPLAI serían las que ridículamente le corresponden). Las reformas estructuran por primera vez una serie de planes de carrera de los agentes de control penitenciario; amplían las capacidades del SNAI para tomar decisiones hoy entorpecidas por intermediarios burocráticos; fija procedimientos estrictos para impedir la corrupción de los agentes; fortalece el sistema de inteligencia penitenciaria; fija criterios para la clasificación de los presos…

…Y escamotea también algunas garantías: suprime el criterio de “acercamiento familiar” como una de las causales de apelación del traslado; desaparece las visitas periódicas obligatorias de los jueces de garantías penales a los centros de reclusión y las sustituye por la comparecencia de los presos; reserva para las autoridades de las prisiones la prerrogativa de evaluar las recomendaciones de organismos internacionales antes de acogerlas; permite la participación de las Fuerzas Armadas en el control exterior de las cárceles sin necesidad de una declaratoria de estado de excepción; permite el registro, monitoreo y grabación de las visitas, con lo cual elimina, en la práctica, el principio de privacidad que dice mantener (en la actualidad esa privacidad ni siquiera se aplica a las reuniones de los presos con sus abogados, como lo demostró el ministro del Interior John Reimberg al difundir imágenes del encuentro entre el alcalde de Guayaquil y su defensor); obliga a que esas reuniones sean telemáticas en los casos de centros o pabellones de alta seguridad, lo cual descarta por completo toda confidencialidad…

En suma: profesionalización (necesaria) de la administración y endurecimiento (discutible) de las condiciones. El correísmo acusa al gobierno de hacer una ley con dedicatoria para Aquiles Álvarez. Y sí: hay disposiciones (sobre todo relacionadas con el traslado de los presos) que parecen estar ahí para otorgar legalidad a todo lo actuado en el caso del alcalde. ¿Cómo se integra a todo esto la idea de un eje laboral para una rehabilitación inexistente? Muy fácil: no se integra.

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