Detención de Aquiles Álvarez: Daniel Noboa y su búsqueda por el control en Guayaquil

La detención del alcalde Aquiles Álvarez por el caso Goleada deja abierto el tablero electoral en Guayaquil de cara a las seccionales de 2027. Con Álvarez temporalmente fuera de juego y sin certezas sobre su futuro político, el gobierno del presidente Daniel Noboa ha centrado su atención en la ciudad, según expertos consultados, en un intento por captar votantes y, con ello, disputar la Alcaldía.

El futuro electoral de Aquiles Álvarez en pausa por caso Goleada

La situación de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, no solo se debate en el ámbito judicial, sino también en el político, especialmente ante la cercanía de las seccionales de febrero de 2027.

Álvarez, quien llegó a la Alcaldía de Guayaquil en 2023 tras derrotar la hegemonía socialcristiana en la ciudad, permanece detenido desde el 10 de febrero de 2025 por el denominado caso Goleada, por presunta delincuencia organizada.

De acuerdo con la Fiscalía, Álvarez y otros diez procesados se habrían organizado para delinquir con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. Se trata de un caso que, según la defensa del alcalde, se deriva de Triple A, por un presunto comercio irregular de combustibles.

Noboa aprovecha la ausencia de Aquiles Álvarez en Guayaquil

Mientras sus coidearios, entre ellos la Revolución Ciudadana, denuncian persecución política, el Gobierno del presidente Daniel Noboa ha volcado su atención a la urbe porteña. El principal detonante fue la intervención a Segura EP por supuestas irregularidades.

Noboa, además, adelantó que “haría base” en Guayaquil durante las próximas semanas y, de hecho, mantiene una amplia agenda en la ciudad desde el 12 de febrero de 2026, que incluye la firma de convenios y la entrega de becas, entre otras actividades.

El interés electoral del Gobierno en la Alcaldía de Guayaquil

La cercanía de los comicios seccionales de 2027, con el periodo electoral ya declarado por el Consejo Nacional Electoral, hace que las acciones de la justicia y del Gobierno no puedan valorarse de forma independiente, sostiene el analista político Giuseppe Cabrera.

“Todas estas acciones que ha ido tomando el Gobierno, como priorizar su agenda en territorio, trasladar el mando y asumir la seguridad, principalmente, tienen un fin electoral”, sostiene. A su juicio, con la neutralización de Álvarez también disminuye el nivel de conflicto.

Esto, añade, porque la nueva timonel temporal de la ciudad, la vicealcaldesa Tatiana Coronel, no cuenta con experiencia política ni con el músculo partidista que el correísmo proveía a Álvarez. Cabrera incluso no descarta que se busque cooptarla, junto con el resto del Concejo Cantonal.

No obstante, más allá de cómo se construya el relato, enfatiza que toda acción que ejerza el Gobierno en la ciudad en este contexto “claramente es con fines electorales, para posicionarse como un Gobierno de mano dura, que es lo que la gente quiere, aunque no necesariamente se vea en la práctica, especialmente frente a la corrupción”.

Seguridad, la bandera del Gobierno en Guayaquil

En medio de este escenario, la particular atención del Gobierno de Daniel Noboa a Guayaquil busca preparar el terreno para que el oficialismo ingrese a la competencia electoral, complementa Andrés Jaramillo, estratega y docente de Comunicación.

“El Gobierno busca instalar una narrativa de control en Guayaquil: mostrar que el Estado retoma el mando con acciones visibles y de alto impacto”, comenta en relación con la agenda de Noboa y el traslado del mando policial en la ciudad.

"El territorio no se toma, se conquista": el reto del Gobierno de Noboa

Sin embargo, advierte que redoblar la gestión en Guayaquil no implica necesariamente que ello se traduzca en satisfacción ciudadana ni, menos aún, en eventuales votantes de cara a las elecciones seccionales de febrero de 2027.

“Hay un riesgo estratégico. Entrar en la ciudad no es lo mismo que ganarla. La demostración de fuerza puede proyectar autoridad, pero no garantiza legitimidad ni respaldo ciudadano”, advierte. Y agrega un elemento que podría escapársele al Gobierno: el discernimiento de la ciudadanía.

Existe el riesgo de que, en lugar de convertirse en un activo electoral de cara a los comicios locales de 2027, la gestión y la mano dura contra el crimen, si se perciben como imposición o confrontación, “pueden convertirse en un bumerán y fortalecer a los actores locales; en política, el territorio no se toma, se conquista con legitimidad”.

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