Concurso para fiscal general: el fraude está en marcha

Tayron Michael Valarezo Eras es uno de los delegados del Consejo Nacional Electoral para integrar la Comisi칩n Ciudadana de Selecci칩n que elegir치 al pr칩ximo fiscal general del Estado. Lleg칩 a esa posici칩n tras recibir el voto favorable de cuatro de los cinco vocales de ese cuerpo colegiado, incluida la presidenta, Diana Atamaint. Sin embargo, no tiene experiencia alguna en el 치mbito judicial. M치s a칰n: en materia de habilidades para la litigaci칩n penal (que es cabalmente lo que deber치 juzgar en los aspirantes al cargo de fiscal) lo ignora todo o casi todo. Esto es as칤 por una sencilla raz칩n: Tayron Michael Valarezo Eras no es abogado sino comunicador institucional del CNE. Se lo conoce, de hecho, como su fot칩grafo: una suerte de asistente y amigo cercano de la presidenta, a quien acompa침a en sus viajes por el mundo.

Por supuesto, Valarezo Eras es uno de los 13 integrantes de la Comisi칩n Ciudadana de Selecci칩n (de un total de 20) que no cumplen con los requisitos para estar ah칤. Pero est치n. Una Comisi칩n C칤vica de seguimiento al concurso (integrada, a diferencia de la comisi칩n de selecci칩n, por gente intachable y de reconocida solvencia acad칠mica), ha hecho al respecto un diagn칩stico de terror. El caso de este representante del CNE es uno del mont칩n pero, probablemente, sea la demostraci칩n m치s clamorosa de hasta qu칠 punto los concursos de m칠ritos y oposici칩n organizados por el CPCCS (todos, pero en particular 칠ste para elegir fiscal) se han convertido en una completa farsa, en una aut칠ntica estafa a la fe p칰blica.

Las sombras de la Comisión Ciudadana del concurso para fiscal

Porque vamos a ver: �쯤u칠 clase de razonamiento se encuentra detr치s de la designaci칩n de un fot칩grafo y asistente de confianza para una tarea que sobrepasa en mucho sus capacidades acad칠micas, que no tiene nada que ver con su experiencia y sus 치reas de conocimiento y que requiere un dominio y un grado de especializaci칩n en Derecho del que el designado carece por completo? Est치 claro que Tayron Michael Valarezo Eras no est치 en la Comisi칩n Ciudadana de Selecci칩n para juzgar y calificar a los aspirantes al cargo de fiscal, pues no tiene ni un 치pice de las competencias necesarias para hacerlo. Simplemente, no podr칤a. Entonces, �쯣ara qu칠 est치? Obviamente, para recibir 칩rdenes: para elegir al aspirante que le indiquen sus superiores, aquellos que lo pusieron ah칤 (en este caso Diana Atamaint y las personas con m치s poder que la instruyan a ella).

T칩mese el caso de Valarezo Eras nom치s como un ejemplo. El hecho es que, de los diez integrantes de la Comisi칩n Ciudadana de Selecci칩n designados por los cinco poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y de Transparencia, a raz칩n de dos por cada uno), s칩lo una cumple con los requisitos necesarios, aunque queda debiendo en materia de confianza p칰blica: Pamela Teresa Garay Mateo, abogada, representante de la Funci칩n de Transparencia, ha sido por a침os asistente del estudio jur칤dico de Luis Alberto Cabezas-Klaere, el superintendente de Compa침칤as devenido en herramienta de persecuci칩n pol칤tica del gobierno, como lo ha demostrando acosando a GRANASA, empresa editora de este peri칩dico, y dirigiendo una ofensiva ilegal para incautarse del 40 por ciento de sus acciones. Garay trabaj칩 para 칠l en lo privado, fue empleada del BIESS durante el tiempo en que Cabezas Klaere ocup칩 la gerencia de ese organismo y ahora es su asesora en la Superintendencia. Ser칤a ingenuo pedir independencia a alguien que ha dependido laboralmente de una misma persona durante tanto tiempo. Sobre la cabeza de Pamela Garay, lo mismo que sobre la de Tayron Valarezo, hay una cadena de figuras de poder dando instrucciones sobre a qui칠n elegir para el cargo de fiscal.

En cuanto a los otros nueve delegados de los poderes del Estado, aquellos que no se ajustan a los requisitos, y los cuatro de diez representantes de la ciudadan칤a que ganaron un concurso para integrar la Comisi칩n Ciudadana de Selecci칩n a pesar que tampoco los cumplen, ninguno de ellos parece representar un problema para el Pleno del CPCCS, que ayer los posesion칩 de sus cargos a pesar del esc치ndalo desatado, las protestas de la Comisi칩n C칤vica de Seguimiento y el clamor ciudadano para que corrija procedimientos.

El CPCCS elimina la probidad notoria de la lista de virtudes cívicas

No es una casualidad que los requisitos que m치s incumplen estos comisionados sean la prohibici칩n de tener v칤nculos pol칤ticos, la experiencia en temas relacionados con la Fiscal칤a y la trayectoria y compromiso c칤vico reconocidos, algo que podr칤a resumirse con dos palabras venidas a menos en el CPCCS y en el mundo de los concursos de oposici칩n y m칠ritos: probidad notoria. De hecho, tanto los vocales del Consejo de Participaci칩n a cuyo cargo est치 toda esta farsa, como los integrantes de la Comisi칩n Ciudadana de Selecci칩n ayer posesionados, carecen todos de este valor que sol칤a considerarse indispensable para cualquier alta responsabilidad p칰blica: ninguno de ellos, ni uno solo, empezando por el presidente Andr칠s Fantoni, tiene probidad notoria. Esto no quiere decir que todos ellos sean 칤mprobos ni mucho menos. No. Simplemente, que su probidad (en caso de tenerla) no es notoria ni, por tanto, demostrable. Porque la probidad es una virtud de tal naturaleza que no puede ser acreditada por hojas de vida y certificados. Y de hojas de vida y certificados va todo este simulacro.

De eso se trata precisamente este sistema de selecci칩n de autoridades que gira en torno a ese organismo aberrante que es el CPCCS: de eliminar la probidad notoria de la lista de virtudes c칤vicas. No s칩lo es que el sistema puede prescindir, por ejemplo, de juristas intachables, sino que necesariamente tiene que excluirlos. Un jurista intachable no se prestar칤a al juego de recibir instrucciones para ratificar nombramientos ya decididos a dedo. Para eso se necesita una Comisi칩n Ciudadana de Selecci칩n integrada por ilustres desconocidos, con tyrones valarezos y pamelas garays en la colada. Tampoco se sentir치n c칩modos los juristas intachables que aspiren al cargo de fiscal, con dejar que sea el fot칩grafo del CNE quien califique sus valores acad칠micos. Lo m치s probable es que este concurso quede para gente como Carlos Alarc칩n, el actual fiscal ileg칤tima e ilegalmente nombrado y convertido, tambi칠n 칠l, en herramienta de control pol칤tico al servicio del Ejecutivo. De hecho, ya manifest칩 Alarc칩n (en entrevista con Primicias) su voluntad de volver a participar.

As칤 las cosas, desaparecida la probidad notoria del mapa de valores y con toda la 칠lite pol칤tica conchabada en el fraude, el concurso para fiscal general del Estado arranca oficialmente a cargo de las personas m치s descalificadas que pudieron juntarse. Ante el pa칤s, dos opciones para llorar a gritos: de un lado, hay quienes piden detener el concurso, deshacer todo lo hecho y volver a empezar de cero, con nuevas reglas y nuevos comisionados; eso implicar칤a, claro, eternizar a Carlos Alarc칩n en un cargo para el que no est치 capacitado y que ejerce con criterio pol칤tico y de manera fraudulenta; otros, en cambio, piden que el concurso contin칰e, precisamente para sustituir a Alarc칩n lo m치s pronto posible; en ese caso el pa칤s corre el riesgo de que el nuevo fiscal electo por semejante bodrio de Comisi칩n Ciudadana de Selecci칩n sea a칰n peor, cuando no el mismo. Nunca antes el pa칤s se hab칤a encontrado en tal estado de indefensi칩n ante sus autoridades.