Concurso para fiscal general: el fraude está en marcha

Tayron Michael Valarezo Eras es uno de los delegados del Consejo Nacional Electoral para integrar la Comisión Ciudadana de Selección que elegirá al próximo fiscal general del Estado. Llegó a esa posición tras recibir el voto favorable de cuatro de los cinco vocales de ese cuerpo colegiado, incluida la presidenta, Diana Atamaint. Sin embargo, no tiene experiencia alguna en el ámbito judicial. Más aún: en materia de habilidades para la litigación penal (que es cabalmente lo que deberá juzgar en los aspirantes al cargo de fiscal) lo ignora todo o casi todo. Esto es así por una sencilla razón: Tayron Michael Valarezo Eras no es abogado sino comunicador institucional del CNE. Se lo conoce, de hecho, como su fotógrafo: una suerte de asistente y amigo cercano de la presidenta, a quien acompaña en sus viajes por el mundo.

Por supuesto, Valarezo Eras es uno de los 13 integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección (de un total de 20) que no cumplen con los requisitos para estar ahí. Pero están. Una Comisión Cívica de seguimiento al concurso (integrada, a diferencia de la comisión de selección, por gente intachable y de reconocida solvencia académica), ha hecho al respecto un diagnóstico de terror. El caso de este representante del CNE es uno del montón pero, probablemente, sea la demostración más clamorosa de hasta qué punto los concursos de méritos y oposición organizados por el CPCCS (todos, pero en particular éste para elegir fiscal) se han convertido en una completa farsa, en una auténtica estafa a la fe pública.

Las sombras de la Comisión Ciudadana del concurso para fiscal

Porque vamos a ver: ¿qué clase de razonamiento se encuentra detrás de la designación de un fotógrafo y asistente de confianza para una tarea que sobrepasa en mucho sus capacidades académicas, que no tiene nada que ver con su experiencia y sus áreas de conocimiento y que requiere un dominio y un grado de especialización en Derecho del que el designado carece por completo? Está claro que Tayron Michael Valarezo Eras no está en la Comisión Ciudadana de Selección para juzgar y calificar a los aspirantes al cargo de fiscal, pues no tiene ni un ápice de las competencias necesarias para hacerlo. Simplemente, no podría. Entonces, ¿para qué está? Obviamente, para recibir órdenes: para elegir al aspirante que le indiquen sus superiores, aquellos que lo pusieron ahí (en este caso Diana Atamaint y las personas con más poder que la instruyan a ella).

Tómese el caso de Valarezo Eras nomás como un ejemplo. El hecho es que, de los diez integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección designados por los cinco poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y de Transparencia, a razón de dos por cada uno), sólo una cumple con los requisitos necesarios, aunque queda debiendo en materia de confianza pública: Pamela Teresa Garay Mateo, abogada, representante de la Función de Transparencia, ha sido por años asistente del estudio jurídico de Luis Alberto Cabezas-Klaere, el superintendente de Compañías devenido en herramienta de persecución política del gobierno, como lo ha demostrando acosando a GRANASA, empresa editora de este periódico, y dirigiendo una ofensiva ilegal para incautarse del 40 por ciento de sus acciones. Garay trabajó para él en lo privado, fue empleada del BIESS durante el tiempo en que Cabezas Klaere ocupó la gerencia de ese organismo y ahora es su asesora en la Superintendencia. Sería ingenuo pedir independencia a alguien que ha dependido laboralmente de una misma persona durante tanto tiempo. Sobre la cabeza de Pamela Garay, lo mismo que sobre la de Tayron Valarezo, hay una cadena de figuras de poder dando instrucciones sobre a quién elegir para el cargo de fiscal.

En cuanto a los otros nueve delegados de los poderes del Estado, aquellos que no se ajustan a los requisitos, y los cuatro de diez representantes de la ciudadanía que ganaron un concurso para integrar la Comisión Ciudadana de Selección a pesar que tampoco los cumplen, ninguno de ellos parece representar un problema para el Pleno del CPCCS, que ayer los posesionó de sus cargos a pesar del escándalo desatado, las protestas de la Comisión Cívica de Seguimiento y el clamor ciudadano para que corrija procedimientos.

El CPCCS elimina la probidad notoria de la lista de virtudes cívicas

No es una casualidad que los requisitos que más incumplen estos comisionados sean la prohibición de tener vínculos políticos, la experiencia en temas relacionados con la Fiscalía y la trayectoria y compromiso cívico reconocidos, algo que podría resumirse con dos palabras venidas a menos en el CPCCS y en el mundo de los concursos de oposición y méritos: probidad notoria. De hecho, tanto los vocales del Consejo de Participación a cuyo cargo está toda esta farsa, como los integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección ayer posesionados, carecen todos de este valor que solía considerarse indispensable para cualquier alta responsabilidad pública: ninguno de ellos, ni uno solo, empezando por el presidente Andrés Fantoni, tiene probidad notoria. Esto no quiere decir que todos ellos sean ímprobos ni mucho menos. No. Simplemente, que su probidad (en caso de tenerla) no es notoria ni, por tanto, demostrable. Porque la probidad es una virtud de tal naturaleza que no puede ser acreditada por hojas de vida y certificados. Y de hojas de vida y certificados va todo este simulacro.

De eso se trata precisamente este sistema de selección de autoridades que gira en torno a ese organismo aberrante que es el CPCCS: de eliminar la probidad notoria de la lista de virtudes cívicas. No sólo es que el sistema puede prescindir, por ejemplo, de juristas intachables, sino que necesariamente tiene que excluirlos. Un jurista intachable no se prestaría al juego de recibir instrucciones para ratificar nombramientos ya decididos a dedo. Para eso se necesita una Comisión Ciudadana de Selección integrada por ilustres desconocidos, con tyrones valarezos y pamelas garays en la colada. Tampoco se sentirán cómodos los juristas intachables que aspiren al cargo de fiscal, con dejar que sea el fotógrafo del CNE quien califique sus valores académicos. Lo más probable es que este concurso quede para gente como Carlos Alarcón, el actual fiscal ilegítima e ilegalmente nombrado y convertido, también él, en herramienta de control político al servicio del Ejecutivo. De hecho, ya manifestó Alarcón (en entrevista con Primicias) su voluntad de volver a participar.

Así las cosas, desaparecida la probidad notoria del mapa de valores y con toda la élite política conchabada en el fraude, el concurso para fiscal general del Estado arranca oficialmente a cargo de las personas más descalificadas que pudieron juntarse. Ante el país, dos opciones para llorar a gritos: de un lado, hay quienes piden detener el concurso, deshacer todo lo hecho y volver a empezar de cero, con nuevas reglas y nuevos comisionados; eso implicaría, claro, eternizar a Carlos Alarcón en un cargo para el que no está capacitado y que ejerce con criterio político y de manera fraudulenta; otros, en cambio, piden que el concurso continúe, precisamente para sustituir a Alarcón lo más pronto posible; en ese caso el país corre el riesgo de que el nuevo fiscal electo por semejante bodrio de Comisión Ciudadana de Selección sea aún peor, cuando no el mismo. Nunca antes el país se había encontrado en tal estado de indefensión ante sus autoridades.

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