Comisión Anticorrupción pide a Fiscalía indagar vínculos delictivos en la Judicatura
El organismo anticorrupción alerta sobre cercanías con núcleos delictivos y cuestiona omisiones estatales en casos sensibles
El pronunciamiento llegó en un momento de tensión pública. La Comisión Nacional Anticorrupción advirtió que el titular del Consejo de la Judicatura “tiene que ser investigado por Fiscalía debido a su proximidad con núcleos delictivos”, según el comunicado difundido por el organismo de control ciudadano.
La advertencia no se limita a una sola autoridad. La CNA señaló que tampoco pueden quedar en “impunidad política” quienes, en calidad de ministros, habrían protegido a responsables de la muerte de los niños de Las Malvinas o encubierto hechos irregulares.
Exigencias de investigación y responsabilidades políticas
En el documento, la Comisión amplía el foco de sus señalamientos. Menciona supuestas componendas de corrupción en los casos Progen y Austral, y cuestiona que no se haya realizado una “auténtica indagación” sobre decisiones adoptadas desde instancias del poder Ejecutivo.
El mensaje cierra con un llamado directo a las entidades competentes. “La obligación de los organismos de control es cumplir su rol”, subraya la CNA, sin someterse a intereses del poder político ni a presiones externas, marcando una línea clara entre control institucional y subordinación.
Expediente de la CNA alerta pagos irregulares en compras de salud
El 2 de diciembre, la entrega de un expediente anticorrupción volvió a poner en el centro del debate el manejo de insumos médicos en el país. La Comisión Nacional Anticorrupción remitió a la vicepresidenta María José Pinto un informe que recoge información sobre presuntas irregularidades en las compras públicas de salud, datos que (según la CNA) no habrían sido atendidos oportunamente por las instituciones competentes.
El documento señala que 174 proveedores del sector salud habrían recibido pagos irregulares por un monto que asciende a 240 millones de dólares, cifra consolidada entre 2019 y 2025. Aunque el expediente fue enviado al Ministerio de Salud y al IESS el 4 de agosto, la Comisión sostiene que las contrataciones continuaron con empresas denunciadas, pese a que el informe incluía procesos observados, códigos de proveedores y las unidades médicas involucradas.
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