Caso Las Malvinas: Fiscalía señala a subteniente como autor directo

La Fiscalía General del Estado presentó este lunes 15 de diciembre sus alegatos en el juicio por la desaparición forzada de cuatro adolescentes en el sector Las Malvinas, ocurrida el 8 de diciembre de 2024. Entre los 17 militares procesados, el subteniente John Henry fue señalado como autor directo de los hechos.

(Te puede interesar: La madre de David Romo sobre el caso Las Malvinas: “Cuatro vidas pequeñas arrancadas”)

Según la investigación, los jóvenes fueron detenidos por una patrulla militar de la Fuerza Aérea tras un supuesto robo. Horas después, desaparecieron y sus restos fueron hallados calcinados el 24 de diciembre en una zona rural de Taura, cantón Naranjal.

Testimonios de cuatro uniformados acogidos a cooperación eficaz indican que John Henry habría ordenado y ejecutado agresiones físicas y psicológicas contra los menores, además de desviar la ruta hacia Taura para abandonarlos, en lugar de entregarlos a la Policía. Durante la reconstrucción judicial, los testigos afirmaron que el subteniente disparó cerca de las víctimas y grabó videos mientras eran humilladas.

Los chat que revelan participación del Subteniente

Además, el fiscal señaló que en el chat denominado Asesoría militar uno de los participantes manifestó: “tenga en cuenta, mi subteniente, que en el informe no se mencionó nada sobre los disparos”.

(Además: Aquiles Álvarez oficializó cambio de nombre a parque en la Coviem y atacó al Gobierno)

El representante del Ministerio Público precisó también que, según los testimonios recabados, el subteniente habría ordenado tomar una vía de segundo orden en el sector de Taura y que tenía conocimiento de la existencia de una poza en esa zona.

Asimismo, el fiscal indicó que, al momento de recoger la ropa, el subteniente no hizo ninguna referencia a la desnudez de los menores. En su contra pesan, además, los testimonios de cinco cooperadores eficaces, así como pruebas de carácter documental.

La Fiscalía solicitó 34 años y ocho meses de prisión para los autores directos, así como multas económicas y reparaciones simbólicas para las familias. El caso, considerado uno de los más graves en materia de derechos humanos en el país, continúa en etapa de juicio.