Captura de alias Pipo reabre procesos en Ecuador y desata pugna judicial

La captura en España de Wilmer Geovanny Chavarría Barré, alias Pipo, uno de los líderes más buscados de la agrupación criminal Los Lobos, abrió un nuevo capítulo en la ofensiva regional contra el crimen organizado. 

(Te invitamos a leer: España ordena prisión para ‘Pipo’, jefe de Los Lobos, y revisa pedido de extradición)

Su detención en Málaga no solo frenó la huida de un hombre que fingió su muerte para evadir a las autoridades, sino que activó una ruta legal compleja que ahora compromete a dos Estados, a sus sistemas judiciales y a una estructura criminal con operaciones transnacionales desde hace más de una década. 

Tras confirmarse que Pipo simuló su fallecimiento mediante documentos falsos y un funeral ficticio, la Fiscalía ecuatoriana reactivó causas previas y abrió una nueva investigación por fraude procesal. Además, anunció que solicitará la revocatoria de la extinción de pena, lo que permitiría que, en caso de concretarse la extradición, el detenido sea trasladado de inmediato a prisión en Ecuador. 

Revisan cargos por falsificación de identidad

Después de su aprehensión, Chavarría quedó bajo custodia de las autoridades españolas, que deberán revisar los cargos vinculados a la falsificación de identidad y verificar las alertas internacionales activas en su contra. 

(Te puede interesar: Gian Carlo Loffredo destaca detención de alias Pipo tras votar en Samborondón)

Con ese paso, se abre la vía para que Ecuador formalice el pedido de extradición, un procedimiento que requiere documentación certificada, traducciones oficiales y la demostración de que los delitos imputados también son punibles en España. La solicitud será evaluada por tribunales especializados en cooperación judicial, y la defensa podrá interponer recursos, lo que podría prolongar el trámite durante varias semanas o incluso meses.

Para el analista internacional Carlos Estarellas, el proceso es factible y cuenta con sustento jurídico. “Es totalmente viable. Pipo enfrenta procesos penales en Ecuador y existe un tratado de extradición con España, lo que agiliza estos procedimientos. Bajo acuerdos bilaterales, los tiempos suelen ser más rápidos”. 

No obstante, advierte que las extradiciones desde Europa pueden enfrentar retrasos por recursos judiciales y revisiones de garantías procesales. Recuerda que casos previos, como el de los cabecillas de Los Tiguerones capturados en Tarragona en 2024, tardaron entre ocho meses y un año en resolverse.

Ecuador deberá justificar su pedido debido a que algunos procesos fueron archivados en su momento, bajo el argumento de que el procesado había muerto, una causal que extingue la acción penal.

España también podría optar por juzgarlo si se comprueba que cometió delitos en su territorio. Y existe la posibilidad de que Estados Unidos requiera su extradición si mantiene causas abiertas en ese país.

Para Martín Verrier, experto en delitos transnacionales, la captura representa un avance, pero no el desenlace del caso. “Ahora comienza la etapa más delicada: aprovechar la información que pueda obtenerse en España (teléfonos, finanzas, contactos) para identificar toda la red operativa de Los Lobos, que tiene presencia en Ecuador, la región y Europa, y que mantiene vínculos con el cartel Jalisco Nueva Generación”.

Verrier advierte que la caída de Pipo puede generar reacomodos violentos dentro de la organización y que el Estado debe anticiparse con acciones simultáneas contra la cúpula activa, su financiamiento y especialmente su influencia en el sistema penitenciario. Hay antecedentes recientes, aunque España suele exigir garantías sobre las condiciones de reclusión, lo que puede demorar el proceso.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ