Caminan rodeados de policías o su seguridad privada. Cada vez es más común ver a gobernadores, alcaldes y prefectos usando chalecos antibalas. Viven en zonas peligrosas de Ecuador, han recibido amenazas o son objeto de la enemistad de alguna banda o mafia.

Así es como trabajan varias autoridades. Es el caso de Luis Esteban Chonillo, alcalde de Durán, una de las zonas más peligrosas del Ecuador.

En mayo pasado salió del país tras un ataque armado en el que murieron tres personas (dos policías y una víctima civil). Luego volvió, pero actualmente despacha desde diferentes ciudades del país. Si sale a la calle, si visita una obra, si inspecciona el avance de un contrato, siempre está rodeado de policías, que cargan armas largas. Él está obligado a usar chaleco antibalas.

El alcalde de General Villamil (Playas), Gabriel Balladares, es otra autoridad que tras recibir amenazas de muerte a través de panfletos y en redes sociales, decidió contratar seguridad privada. Hoy siempre está rodeado de agentes de la Policía.

El pasado 26 de julio, Balladares mantuvo un encuentro con los comerciantes de la Plaza Gastronómica. Estuvo rodeado de policías armados y con chalecos antibalas.

El 16 de agosto último, el alcalde participó de una ceremonia por los 34 años de cantonización de General Villamil. Mientras entregaba las placas de reconocimiento, estuvo rodeado todo el tiempo de gendarmes armados.

Su calvario inició apenas se posesionó en el cargo y especialmente después del asesinato del comerciante Eduardo Omar Freire Vélez, quien según Teleamazonas fue acribillado al salir de una reunión que tuvo con Balladares, en la Alcaldía. Tipos armados le dispararon en el parqueadero, mientras se movilizaba en uno de sus vehículos de alta gama.

Para un agente a cargo de la seguridad de dignatarios, quien prefirió el anonimato, la violencia que enfrentan las autoridades viene por dos causas: porque son personas que con su labor incomodan o se resisten a las bandas criminales, o porque están relacionadas con acciones ilícitas. “Algunas autoridades han recibido fondos (ilícitos) para sus candidaturas. Están con problemas con otras bandas”, indica.

Marciana Valdivieso, alcalde de Manta tras el sicariato de Agustín Intriago, recorrió el pasado 16 de agosto las instalaciones del Centro de Atención Integral. Se reunió con los médicos, enfermeros y los pacientes o usuarios del servicio. En todo momento estuvo rodeada de un equipo de seguridad, que portaba rifles y armas de fuego.

Una autoridad que tiene protección habló con EXPRESO, pero pidió no citar su nombre por temor. “Es muy cansado vivir con miedo. Yo diría que es desgastante mentalmente. Uno se hace la pregunta: ‘¿Hoy me lograrán matar?’. Pero sé que también elegí trabajar para mi gente y debo hacerlo”.

El funcionario explica que aprendió a despachar desde una oficina que tiene la persiana baja. “Movieron el escritorio para que yo esté siempre en la pared”. A veces lleva dos prendas de ropa diferente y una gorra para cubrir un poco su rostro.

La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) sostiene que todos los 221 alcaldes deben recibir protección, pero en la Policía no hay tanto personal. Ahora se elabora una lista de riesgos para establecer quiénes corren peligro real.

• Los últimos hechos violentos

El sábado 19 de agosto el alcalde de La Libertad, Francisco Tamariz, sufrió un ataque armado. Dijo que los ocupantes de un vehículo blanco persiguieron la camioneta blindada, de vidrios polarizados y sin placa en la que él viajaba junto con su esposa y allegados. Gracias al blindado salió ileso.

Roberta Zambrano, prefecta de Esmeraldas, señaló que en las últimas semanas, contratistas y trabajadores de la Prefectura fueron amenazados de muerte y de ataques incendiarios en campamentos y maquinarias. Desde la semana pasada, los funcionarios hacen teletrabajo por temor a atentados.