La violencia en Ecuador ha escalado a niveles históricos en los dos últimos años. Las organizaciones criminales comienzan a establecer una agenda que de a poco se vuelve más difícil de contrarrestar para el Gobierno de turno, en un escenario complejo para la nación.

El asesinato del presidenciable Fernando Villavicencio puso en el ojo mundial al país durante los últimos días, generando reacciones sobre todo por el incremento de la criminalidad.

Si queremos una explicación para el auge de la violencia, el presidente colombiano Gustavo Petro dio luces hace pocos días, indicando que la geografía del mercado de la cocaína está cambiando por el apogeo del fentanilo en Estados Unidos.

Y que la nueva mayor zona cocalera del mundo está situada en una franja de 10 kilómetros en la frontera colombo-ecuatoriana. “Es por esto que de ser un país pacífico, Ecuador ha superado en violencia a Colombia”, argumentó el primer mandatario colombiano.

Esa violencia es provocada por organizaciones internacionales que operan en el país a través de bandas locales para el tráfico de drogas.

Jeremy McDermott es el director ejecutivo y cofundador de InSight Crime, fundación dedicada al estudio de amenazas para la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe.

Explicó a EXPRESO que ante la fragmentación de organizaciones criminales en Colombia, que propició mayores costos en la logística para la comercialización de drogas, las mafias mexicanas y europeas consideraron a Ecuador como un espacio ideal para expandir sus negocios ilícitos.

“Establecerse en Ecuador tiene varias ventajas. No hay requisito de visas. Tiene al dólar como su divisa, que también hace muy fácil el gasto y lavado de plata. Y su fuerza pública, la Policía, el Ejército, las agencias de inteligencia, no son bien preparados para tratar al crimen organizado transnacional”, analizó McDermott.

Agregó que la inestabilidad política de Ecuador y sus niveles de corrupción son “tierra fértil” para que las mafias internacionales sigan operando de la mano con las bandas locales, traduciéndose en más muertes por las disputas con sus rivales.

Los resultados están a la vista. Un informe publicado por InSight Crime indicó que Ecuador pasó de tener 7 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2020 a 25,9 en 2022.

Y se acerca a países que han sufrido olas violentas durante varios años. Por ejemplo, en 2022 Venezuela registró 40,4 homicidios por cada 100.000 habitantes; Honduras, 35,8; Colombia, 26,1. Y superó a México, que tiene 25,2 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

¿La situación de violencia en Ecuador puede empeorar? “Sí”, responde McDemott, exoficial del Ejército británico.

Y es que estos niveles de inseguridad se incrementan en forma alarmante. InSight Crime detalló que la tasa de homicidios en el país ha alcanzado el 74 % en el primer semestre del presente año. Con esa constante se prevé que Ecuador culmine el año como el país más violento de la región.

“Ecuador necesita un gobierno estable, una política y estrategia para disminuir la violencia y empezar a luchar contra el crimen organizado transnacional. El problema es que estabilidad política en este momento no existe, y en el corto plazo yo no veo eso desarrollado, no antes del fin del año”, expresó.

Manelich Castilla Craviotto, excomisionado general de la Policía Federal de México, analizó el momento que vive Ecuador. Aunque las situaciones pueden parecer similares con su país, cada nación “tiene sus peculiaridades, sus formas de vivir el fenómeno criminal”.

“Primero hay que entender y sobre todo analizar cuál es el objetivo que buscan estos desestabilizadores, estos criminales. Si son temas de mercado criminal ligados a la política, eso es lo más importante. El crimen organizado gana mucho cada vez que se genera debate y confusión en torno a la presencia de la violencia”, dijo a EXPRESO el exfuncionario.

Que Ecuador ya tenga identificadas las amenazas y a los grupos criminales es un punto a favor para combatirlos. Añadió que las autoridades aún están a tiempo de evitar que estas organizaciones obtengan un control mayoritario sobre la población.

“Deben sacudirse de toda posibilidad de que a través del chantaje que genera la violencia abran espacios y no se combata con la ley, con buenos procesos, con esquemas preventivos a estos delincuentes. Ningún grupo de delincuentes es más fuerte que el Estado”, manifestó.

Ambos analistas coincidieron en que un eje fundamental para el desarrollo de políticas públicas de seguridad es la cooperación internacional.

• Planes de seguridad con enfoque social

Para McDemott, existen riesgos al diseñar políticas públicas de seguridad basándose únicamente en la represión de las fuerzas del orden.

“La única manera de conminar al crimen organizado es una estrategia integral que combina operaciones de policías y militares con inversión social, con el desarrollo de la inteligencia, con la lucha contra la corrupción, con la construcción de confianza”, dijo.

Manelich Castilla coincidió en que si el uso de la fuerza para aplacar a los criminales no viene de la mano con estrategias políticas, jurídicas y sociales, el plan no logrará su objetivo.

“A veces pareciera que hay dos caminos: el agarrarse a balazos con ellos, o no hacerlo, pero no es verdad. Hay que abrir más carpetas de investigación, tener más juicios que muertos. Un delincuente preso es un ejemplo de que las instituciones están haciendo su trabajo”, expuso Castilla.

Añadió que la sociedad también debe formar parte de la lucha contra este fenómeno.

“Cuando la gente consume la subcultura criminal, que puede venir desde la música hasta la forma de vestir, hasta empezar a probar drogas, rompe ese equilibrio que toda sociedad necesita, pues favorece a los criminales”.