Que no hay plagio, resolvió el Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador (UCE): la exestudiante Lady Diana Salazar Méndez (hoy fiscal general de la nación) “es la persona que sin duda alguna elaboró e investigó” el tema de su tesis (de esto hace 18 años), lo defendió en el grado oral y, “en consecuencia, es la autora de ese trabajo”. La conclusión no fue apresurada: se constituyó primero una “comisión de auditoría académica” en la Facultad de Jurisprudencia; esa comisión elaboró un informe; con ese informe por delante, el Consejo Universitario realizó su propio “análisis exhaustivo” de la tesis y dio a conocer los resultados el pasado miércoles 28 de junio por la noche, en un comunicado de cuatro páginas firmado por el rector, Fernando Sempértegui, que produjo de inmediato una auténtica explosión de angurria en las filas correístas. Lo que hasta el momento pretendía ser un debate académico propuesto por un improbable Colectivo Acción Jurídica Popular (abogados unidos por la causa correísta) se convirtió, de pronto, en un griterío rabioso y descompuesto que el propio expresidente prófugo encabezó desde su ultraviolenta cuenta de Twitter y que el Consejo de Participación Ciudadana, controlado por su partido, acompañó con acciones de represalia.

La resolución del Consejo Universitario deja sentados dos puntos importantes que los demandantes habían escamoteado del debate. Primero: la tesis, titulada ‘El tráfico ilegal de migrantes en la legislación ecuatoriana’, contiene “una discusión jurídica bien fundamentada” sobre la tipificación de ese delito y el bien jurídico protegido; “pone en evidencia la insuficiencia de la norma vigente” en el Ecuador y “arriesga una propuesta de reforma”; todo lo cual constituye “un aporte original” de la estudiante en el campo del Derecho. Segundo: los textos que, según los abogados correístas que presentaron la denuncia, fueron plagiados por la fiscal, constan todos en la bibliografía general de la tesis y han sido citados varias veces en notas al pie de página a lo largo del texto, aunque de manera insuficiente; error que el Consejo Universitario atribuye a la impericia de la estudiante en las técnicas de citación. En posteriores entrevistas con distintos medios, el rector Sempértegui ha abundado en estas razones diciendo que la autora de la tesis es una estudiante de Derecho (no la fiscal de la nación) y que la tesis, precisamente, es parte de su proceso de aprendizaje; que de haberse contado en el año 2005 con las tecnologías digitales de la actualidad, esos problemas habrían sido identificados y se habría mandado a la estudiante a corregirlos.

Probablemente, la resolución del Consejo Universitario sea fácil de rebatir con argumentos académicos y metodológicos. Pero ni los abogados correístas del colectivo denunciante ni menos, mucho menos su líder prófugo, recurrieron a ellos. En lugar de refutar con argumentos la resolución, prefirieron manipularla, leerla a medias e interpretarla a su antojo para ridiculizarla. En lugar del debate prefirieron la alharaca. En lugar del ejercicio de la razón, el cargamontón en las redes. Desaforada reacción de quienes quieren, a como dé lugar y por la razón que sea, destituir a una fiscal.

Priscila Schettini lanzó la primera piedra. Ella es una de las integrantes del colectivo de abogados correístas y esposa del exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, sentenciado por abuso sexual con la evidencia de un video que ha visto todo el mundo. Aunque el Consejo Universitario dice textualmente que Diana Salazar es la autora de la tesis “sin duda alguna”, Schettini insiste en que el plagio no ha sido desmentido. La misma noche del miércoles, luego de conocerse la resolución, tuiteó un mensaje disparatado y surrealista: “NUNCA dicen que NO HUBO PLAGIO (las mayúsculas son suyas), dicen q el director de su tesis de 2005 dice q cumplió los REQUISITOS entonces ahora no pueden revisar. Hablan de veracidad de autora no de PLAGIO. ASI QUE EL PLAGIO EXISTE”. Un sofisma elaboradísimo cuyas premisas no establecen relación lógica entre sí y cuya conclusión no se desprende de ninguna de ellas.

Descompuesta, incongruente, atropellada, Priscila Schettini volvió a la carga durante las siguientes 48 horas en una serie de entrevistas concedidas a los medios correístas. En todas despacha más o menos las mismas sinrazones: “Ellos dicen que la señora fiscal general Lady Diana Salazar sí cometió plagio, que sí copió textos sin citar, inclusive lo llaman que la señora comete impericias. Quiere decir que los del Consejo Universitario le dicen a la señora fiscal: vea, señora fiscal, usted es una señora ignorante, inepta, incapaz, que no pudo citar, por lo tanto, eso es igual a plagio”.

La cosa se resume más o menos así: una vez conocida la resolución del Consejo Universitario, Schettini y los suyos buscaron en ella las palabras “no hubo plagio”. Y como no las encontraron, dedujeron que sí hubo. Luego leyeron “impericia” y terminaron de redondear la idea: “El Consejo Universitario llama impericia al plagio”, dijeron. Y sobre esta ruidosa manipulación basaron toda una campaña de redes sociales que, durante dos días, logró colocar al menos tres tendencias simultáneas en la lista de las cinco primeras. “No se desestima el plagio, se lo justifica por ‘impericia’. Ya saben, jóvenes de la Central, ya pueden plagiar y después justificarlo como impericia”.

Estas últimas palabras corresponden a uno de los mensajes que por decenas escribió el expresidente prófugo Rafael Correa el jueves 29 de junio. Su caso es patológico: empezó poco después de las ocho y media de la mañana y no paró de tuitear nerviosamente sobre el tema de la fiscal cada cinco, cada 15, cada 30 minutos, con una vehemencia compulsiva que le duró todo el día y durante la cual está claro que no soltó el teléfono ni para ir al baño. El segundo mensaje lo puso a las 8:52; el tercer, a las 9:13; el cuarto, a las 9:17... Al mediodía, Rafael Correa había escrito 14 mensajes contra la fiscal y el Consejo Universitario, sin contar con los que compartió, entre otros tantos, sobre temas diferentes. En las siguientes 24 horas llegaría a enviar 132 tuits, de los cuales 68 eran contra la fiscal. Los psiquiatras tienen un nombre para esta enfermedad.

Consecuentes a su recién asumida condición de borregos, cientos de correístas lo imitaron. Entre ellos, todos los medios de comunicación (algunos financiados con dinero público) administrados por el partido. Radio Pichincha descubrió que un familiar del rector de la universidad trabajaba en cierta secretaría de tercer rango de la Fiscalía y lo comunicó con la consabida dosis de escándalo, como si fuera ilegal. Al mismo tiempo, radio La Calle dedicaba grandes espacios a convencer a su audiencia (seguramente con éxito) de que el Consejo Universitario sí reconoce el plagio. Así durante dos días.

Mientras tanto, el colectivo de abogados correístas anunciaba la continuación del caso con la intervención de un equipo de juristas españoles que se prestan alegremente para la conspiración. Y el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, el exabogado de Rafael Correa, Alembert Vera, decidió ampliar las investigaciones de plagio a otro trabajo de la fiscal, supuestamente copiado del ensayo académico de un empleado de la Fiscalía. Esta relación justifica, según Vera, la apertura de un caso por tráfico de influencias contra Diana Salazar. Nunca un partido se había esforzado tanto por encarnar aquel ideal político de León Febres Cordero: el del perro con hambre.