
Perito de los casos de Esteban Guarderas causa controversia
Las pericias en Comunicación resultaron nulas por falta de cuidado de los informes hechos por expertos sin idoneidad
Una controversia afecta a las denuncias de inducción al voto presentadas por el exvocal del Consejo de Participación, Esteban Guarderas, ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra autoridades de la Revolución Ciudadana (RC).
El Tribunal declaró pruebas inválidas en dos de las cinco causas impulsadas por Guarderas, debido a la falta de idoneidad de la experta. La perito en cuestión actuó en todas las causas de Guarderas.
Se la contrató para realizar pericias en Comunicación y Opinión Pública. Sin embargo, dos jueces del TCE, que manejaron los juicios contra Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, y Juan Cristóbal Lloret, prefecto del Azuay, determinaron que la falta de experticia afectaba la administración de la justicia.
“Se evidencia una falta de idoneidad profesional y técnica que afecta directamente la validez del informe presentado. Conforme a los principios de pertinencia, idoneidad y especialidad que rigen la prueba pericial, un dictamen emitido por una persona no calificada en la materia de análisis no puede ser considerado como medio probatorio válido”, indicó el juez electoral Joaquín Viteri en el fallo de Aquiles Álvarez.
Los cuestionamientos a la perito
En la audiencia del caso de Lloret, la profesional se presentó ante el juez y explicó ella misma en qué consistía su estudio. “Se me designó para el análisis de mensajes públicos y el impacto de mensajes políticos en el comportamiento del electorado”, dijo la perito.
Al preguntarle cuál ha sido el impacto, ella se limita a los mensajes escritos en redes sociales. En el juicio de Álvarez quedó en evidencia lo mismo. El abogado Ramiro García le preguntó cómo midió el impacto de un tuit del alcalde, que, a criterio del juez, fue una inducción al voto.
La profesional no pudo explicar. De hecho, en ninguno de los juicios en los que ha participado ha respondido, por ejemplo, sobre los instrumentos y la metodología para medir el impacto de mensajes políticos. Tampoco en sus informes ha señalado el uso de instrumentos cuantitativos, como la aplicación de encuestas o un análisis de big data, ni menciona métodos de investigación cualitativa en Comunicación, como los grupos focales o entrevistas en profundidad.
La perito ha indicado que la única experiencia que tiene sobre este tipo de experticia es en las causas de Guarderas.
¿Quién designa a los peritos?
Al respecto, el TCE emitió una comunicación a Diario EXPRESO en la que explica el procedimiento para la designación de auxiliares de la justicia. Enfatizó que su rol es limitado en la acreditación.
El Tribunal explicó que la designación de peritos se realiza de manera objetiva y transparente mediante sorteo público a partir de las listas del Consejo de la Judicatura. “El Tribunal Contencioso Electoral no interviene en la acreditación ni en la certificación de peritos...”, señaló.
El TCE enfatiza que garantiza que la actuación pericial se apegue a principios de legalidad, imparcialidad y debido proceso, tal como lo exige el Reglamento de Trámites del TCE (RTTCE), cuyo artículo 170 regula este proceso.
Los afectados son los usuarios de justicia, tanto el demandante como los demandados. “Lo que ha pasado es que cualquier persona, con total soltura de huesos, pueda sentarse ante el Tribunal y dar una opinión, y que eso se considere como prueba o que sirva para determinar derechos y obligaciones, es una falla en el sistema de justicia muy preocupante”, dijo Víctor Hugo Ajila, abogado del prefecto Lloret.
Guarderas, en cambio, dijo que ha ganado 10 juicios contra políticos y que “la prueba de la perito no es la indispensable, por eso hemos sido capaces de ganar varios juicios, ya que no ha impactado de manera particularmente grave”.
Resaltó que en sus causas también presenta publicaciones de X y las respuestas de la gente que interpretan los mensajes como invitaciones al voto, notas de prensa, fotografías y más.
Pocos expertos acreditados
El Consejo de la Judicatura es el organismo que controla el sistema pericial. Para todo el país solo existen cinco peritos acreditados para el área de Comunicación, pero ninguno tiene la calificación para Opinión Pública.
De los cinco, solo dos hacen pericias de comunicación, ya que otros profesionales son expertos en periodismo y televisión y marketing.
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