En el contexto legal de Ecuador, una pregunta que ha suscitado interés y controversia es: ¿qué ocurre cuando la prueba de paternidad del demandado arroja un resultado negativo en casos de pensión de alimentos? La Corte Nacional de Justicia da la respuesta.

Según la Corte, la finalidad de la práctica de prueba de ADN para determinar paternidad es proteger y garantizar los derechos de los niñas, niños y adolescentes a la identidad, a la prestación de alimentos y al interés superior.

Sin embargo, la ley no determina un procedimiento para solicitar la devolución del dinero gastado por el presunto padre en la prueba de ADN, o en las pensiones alimenticias ya pagadas, en caso de resultado negativo. Esta decisión se basa en la premisa de que la práctica de la prueba de ADN tiene como objetivo principal salvaguardar los derechos de los menores, incluyendo su identidad y el acceso a una adecuada prestación de alimentos.

En el marco del derecho de alimentos en Ecuador, la norma especializada en niñez y adolescencia establece claramente que este derecho no admite en ningún caso reembolso de lo pagado.

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¿CÓMO SE SOLICITA LA PRUEBA DE ADN?

La prueba de ADN se utiliza para determinar si existe un vínculo genético entre un padre y sus hijos. En el caso de niños nacidos dentro del matrimonio, generalmente no se necesita esta prueba, ya que son inscritos directamente en el Registro Civil.

Sin embargo, para los hijos nacidos fuera del matrimonio o antes de que este se haya formalizado, e incluso en situaciones donde el matrimonio ha terminado, pueden surgir casos donde los hombres se niegan a reconocer legalmente su paternidad de manera voluntaria.

En este escenario, tanto el hombre sospechoso de ser el padre como la madre tienen el derecho de solicitar a un juez que se autorice la realización de un examen comparativo de los patrones de ADN entre el presunto padre y el demandado para confirmar la paternidad.

¿QUÉ OCURRE CON LAS PRUEBAS DE PATERNIDAD EN MUJERES EMBARAZADAS?

Recientemente, una sentencia de la Corte Constitucional dejó claro que las mujeres embarazadas tienen derecho a recibir pensión alimenticia desde el momento en que quedan embarazadas hasta el primer año de lactancia.

Esto implica que, desde el momento de la concepción hasta los primeros doce meses después del nacimiento, las mujeres embarazadas tienen derecho a recibir ayuda financiera para cubrir los gastos relacionados con el embarazo y la crianza del niño. Esta medida está destinada a garantizar el bienestar tanto de la mujer embarazada como del futuro niño, reconociendo la importancia de un apoyo financiero durante esta etapa crucial.

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Sin embargo, surge otra pregunta importante: ¿qué ocurre con la prueba de paternidad en estos casos? En Ecuador, la ley establece que la prueba de paternidad solo puede realizarse después del parto. 

Si esta prueba resulta negativa, es decir, si demuestra que el hombre demandado no es el padre biológico, el demandado no recibirá reembolso alguno por las pensiones pagadas durante el embarazo.

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