Cerca de las 22:00 del viernes 19 de mayo concluyó en el Complejo Judicial Norte de Quito la audiencia de formulación de cargos efectuada por la Fiscalía en contra del exgerente de la Refinería del Pacífico, Pedro Merizalde y de su esposa Zoa Torres. Ellos fueron investigados por la Fiscalía por el presunto delito de lavado de activos.

El viernes su domicilio ubicado en el norte de Quito fue allanado por la Policía en colaboración con la Fiscalía. En el sitio agentes de criminalística recogieron indicios. Por tratarse de personas de la tercera edad y que presentarían enfermedades catastróficas recibieron medidas sustitutivas. Eso es: presentaciones periódicas tres veces por semana y prohibición de salida del país. Ordenó medidas de incautación, retención y prohibición de enajenar bienes, solicitadas por la Fiscalía.

Según el acta de la audiencia efectuada por el juez Vicente Hidalgo, de la Unidad Judicial de Garantías Penales especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, la diligencia que había sido convocada para las 18:00 tuvo tres momentos y concluyó a las 22:31 de la noche del viernes. 

El fiscal Luis Augusto Rosero Méndez presentó 35 elementos de convicción en contra de los ahora procesados. Detalló que Merizalde ocupó cargos públicos entre 2010 y 2017, durante el gobierno del prófugo expresidente Rafael Correa, sentenciado a ocho años de cárcel por corrupción en el caso Sobornos 2012- 2016 junto con otras 19 personas.

Rosero señaló que entre febrero 2010 y julio 2011 trabajó en la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair y entre julio 2011 y abril 2013 fue gerente de la Refinería del Pacífico Eloy Alfaro Empresa de Economía Mixta. También fue, entre abril 2013 y noviembre 2015, ministro de Energía, luego asesor del exvicepresidente, también condenado por corrupción, Jorge Glas y finalmente en 2017 fue gerente de la estatal Petroecuador. 

El fiscal dijo que el 29 de octubre de 2012, mientras era gerente de la Refinería del Pacífico habría constituido en Panamá la offshore Horgan Investment "de la cual fue el propietario del 100 % de acciones y su beneficiario final". Para constituir la empresa contrató los servicios del Estudio Panameño Mossack Fonseca. 

Rosero habló de que al ser accionista único, Merizalde en diciembre del 2012 transfirió 1.805 dólares desde su cuenta personal en un banco del Ecuador a la cuenta de Mossack Fonseca en Panamá por la creación de la firma. Pero, en su declaración de bienes del 8 de mayo de 2013 ante la Contraloría no declaró la existencia de la empresa como parte de su patrimonio. 

Además, la Fiscalía afirmó que como causa probable Merizalde "habría recibido pagos ilícitos de parte de Odebrecht a través de varias transferencias" a la cuenta de la empresa Horgan Investment abierta en el Royal Bank of Canadá de Ginebra-Suiza, ahora Banco SYZ.

Dijo que el lavado de activos comienza a partir de 2017, luego de que Merizalde ya no fue empleado público. Franklin Bravo, defensor de Merizalde, señaló en la audiencia que la Fiscalía menciona los cargos públicos pero no los privados como el que tuvo en Texaco entre 1977 y 1990 y que como liquidación recibió 400 mil dólares. El defensor dijo que "era lógico que tenga un patrimonio como declaró en la Contraloría, no es una persona de la calle, ha trabajado 43 años" y el dinero es producto de su trabajo.

Admitió que  efectivamente la compañía de Panamá se creó teniendo un proyecto de trabajo en en ese país cuando se retire del sector público.  Habló de la transferencia a Mossack Fonseca y mencionó que no hay nada que esconder. Ofreció hacer los descargos respectivos y que la cuenta del Ocean Bank es una cuenta de 2007 y "se creó no para lavar activos.

La pena que podrían recibir Merizalde y su esposa, en caso de ser hallados culpables es de entre 10 y 13 años y una multa del triple del monto. Entre los elementos presentados están  informes del Servicio de Rentas Internas, transferencias de Klienfield Services, Columbia Management, Sentinel Mandate and Scrow, entre otros.