Contra reloj. Ocho años después y quedando año y medio para que el Ecuador pueda hacer efectiva la ampliación de la reserva marina de Galápagos a 188 millas náuticas a partir de la extensión de la actual, a fin de convertirla en una zona de amortiguamiento y así evitar el ingreso de grandes flotas pesqueras, tal como lo determina el artículo 76 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), el Ejecutivo y Legislativo quieren apresurar el paso para cumplir con los requisitos que esto conlleva para hacer el requerimiento a las Naciones Unidas.

El canciller, Luis Gallegos, durante su comparecencia a la Comisión de Desarrollo Económico, adelantó que los estudios técnicos elaborados con datos del buque de investigación Orión, sobre la ampliación de las plataformas, tiene un avance del 76 % y deberá culminar “para entregar el informe a la autoridad internacional de Convemar para la extensión de esa plataforma”.

Aspecto que, según la asambleísta Ana Belén Marín (Alianza PAIS), no es nuevo. Sostuvo que hace más de un año y medio, cuando era vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, se tenía ese mismo porcentaje de avance y no sabe por qué se le sigue ‘dando largas’ al tema, lo cual es preocupante, al tiempo de señalar que las entidades que tienen la competencia para hacer el planteamiento son el Ministerio de Ambiente, Cancillería y Fuerzas Armadas.

“Estas tres instancias tienen que juntarse, hacer un trabajo en equipo y ya presentar (el informe), porque el plazo solo es hasta el 2022, y no se puede dejar al último, y cuando estemos sobre la fecha ponernos a trabajar. Nos dieron tanto tiempo de plazo (desde 2012) y es hora de cumplir”, sostuvo Marín.

La asambleísta Marcela Aguiñaga (RC) coincidió con su excompañera de bancada, al sostener que este trabajo es exclusivo de las tres instancias. Sin embargo, cree que para poder hacer el planteamiento de la extensión se debe tomar en cuenta el criterio del sector pesquero artesanal e industrial.

Sostuvo que se debe efectuar un debate técnico sobre la posibilidad de la ampliación de la reserva marina de Galápagos (que hoy tiene 40 millas) a 188 millas, para que esas 40 millas sigan siendo zona de reserva exclusiva, pero que el resto se convierta en una zona de amortiguamiento que impida el ingreso de flotas pesqueras.

“Esta es una discusión que debe hacerse con el sector ambientalista, con las autoridades pesqueras y con el sector pesquero industrial ecuatoriano, para ver si en la zona de amortiguamiento se permite pescar solo a las embarcaciones ecuatorianas”, señaló.

De su parte, el asambleísta Raúl Tello (BADI), quien puso la alerta sobre el tema, dijo que es incomprensible que hayan esperado ocho años y que a pesar de la alerta surgida en 2017, cuando se capturó al barco chino con aletas de tiburón, no se haya hecho nada. A su criterio, esto se debe a los compromisos económicos que el anterior Gobierno y el actual tienen con China. “No hicieron, no hacen y no harán nada que perjudique a China, porque es al que le deben mucho”, dijo.

Comisión hará seguimiento

El pleno de la Asamblea, dentro de la resolución aprobada el martes pasado, decidió que la Comisión de Relaciones Internacionales haga el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones hechas al Gobierno sobre el tema de la flota extranjera en Galápagos, y que elabore un informe en un plazo de 45 días y lo presente al pleno.