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Organizaciones realizan marchas en Sucumbíos y otras zonas del país.cortesía Conaie

Paro sigue: Se mantienen cierres viales y en Quito se resuelve apelación de detenidos

El paro nacional en Ecuador cumple 26 días con bloqueos en varias provincias

El paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) llegó hoy a su día 26. Pese a los anuncios de acuerdos parciales entre el Gobierno y dirigentes de Imbabura, las comunidades mantienen cierres de vías en varias provincias.

De acuerdo con el ECU 911, las carreteras más afectadas son la E-35 en Imbabura, la Panamericana Norte y Sur en Pichincha, así como tramos en Carchi y Loja. En Quito, la presencia militar se reforzó en los accesos para evitar nuevos bloqueos.

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, reconoció que los cierres “persisten como parte de un proceso de resistencia” y que el diálogo con las bases comunitarias aún no se ha consolidado. Comerciantes y transportistas reportaron pérdidas millonarias por la falta de movilidad, mientras que en Otavalo se realizaron nuevas asambleas comunitarias para definir la continuidad de la protesta.

Audiencia de apelación en Quito por detenidos en Imbabura

Este viernes se desarrolló en el piso 11 del Complejo Judicial Norte de Quito la audiencia de apelación de doce detenidos durante las protestas en Otavalo, procesados por presunto terrorismo.

La diligencia fue transmitida vía Zoom por la Función Judicial y estuvo a cargo del Tribunal Anticorrupción de Pichincha. La defensa de los procesados solicitó que se revoque la prisión preventiva, alegando que no existen pruebas suficientes y que se trata de una criminalización de la protesta social.

Los detenidos fueron inicialmente ingresados al Centro de Privación de Libertad de Imbabura, pero luego trasladados a cárceles de Portoviejo y Esmeraldas por motivos de seguridad. Afuera del complejo judicial, colectivos de derechos humanos realizaron un plantón exigiendo garantías procesales y la liberación de los acusados.

Fuerza pública llega a Saraguro y comunidades exigen diálogo

En la provincia de Loja, el pueblo Saraguro ha mantenido durante esta semana protestas y cierres de vías en distintos puntos, especialmente en la conexión con Azuay. Este viernes, un contingente de militares y policías arribó a la zona de San Vicente, con el objetivo de habilitar las carreteras, según reportó el Pueblo Kichwa Saraguro.

Los uniformados llegaron en vehículos militares y policiales, pero hasta el momento no se han registrado enfrentamientos con los manifestantes. En un inicio, uno de los policías intentó dialogar con los comuneros para que permitan el paso; sin embargo, los dirigentes insistieron en que la negociación debía realizarse directamente con autoridades del Gobierno.

Ante esta exigencia, la gobernadora de Loja, Alexandra Jara, ofreció trasladarse a Saraguro durante la jornada para sostener un diálogo con los manifestantes. La comunidad reiteró que su demanda principal es la derogación del decreto sobre combustibles y que no levantarán los cierres hasta obtener respuestas concretas.

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MICC ratifica continuidad del paro y llama a la resistencia organizada

La noche del jueves 16 de octubre de 2025, el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) emitió un pronunciamiento en el que ratificó la continuidad del paro nacional y convocó a su estructura organizativa —comunidades, barrios, recintos rurales y urbanos— a mantener activas las asambleas de resistencia permanente en cada territorio.

En su comunicado, el MICC señaló que estas asambleas son la “expresión legítima de nuestra unidad, defensa y dignidad como pueblos que luchan por la vida, la justicia y la autodeterminación”. La organización enfatizó que no se trata únicamente de una medida coyuntural, sino de un mecanismo de articulación social que busca sostener la movilización mientras no existan respuestas concretas a sus demandas.

Aunque el Gobierno ha iniciado mesas de diálogo con organizaciones como la FICI y Unorcac en Imbabura, las bases del MICC y de otros movimientos han manifestado que esos acuerdos no representan a todas las comunidades. 

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