Paro nacional Ecuador: Representantes de la Unión Europea “preocupados por represión”
Representantes del Parlamento Europeo expresaron su preocupación por la represión en Ecuador durante el paro nacional
Un grupo de 17 representantes del Parlamento Europeo emitió un comunicado en el que manifiestan su “profunda preocupación” por la represión y criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos, organizaciones sociales y activistas en Ecuador, en el marco del paro nacional que se desarrolla desde septiembre.
El pronunciamiento, difundido el 14 de octubre, advierte que los hechos registrados en las últimas semanas vulneran obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano y podrían activar cláusulas de derechos humanos contempladas en el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE) y Ecuador.
Los parlamentarios europeos señalaron que la represión estatal se ha intensificado, con denuncias de detenciones arbitrarias, malos tratos y procesos judiciales bajo cargos de terrorismo contra líderes comunitarios. “El aumento de la represión estatal en Ecuador es innegable”, subraya el documento, que insta a la Delegación de la UE en Quito a desplegar herramientas diplomáticas inmediatas para la protección de derechos humanos y la prevención de nuevas violaciones.
El comunicado también llama al Gobierno ecuatoriano a cesar el uso excesivo de la fuerza y a garantizar los derechos fundamentales de reunión, asociación, libertad de expresión e independencia judicial.
Recopilación de sucesos en el comunicado
En el comunicado, el Parlamento Europeo hizo una recopilación de los sucesos desde septiembre de este año, donde más de 90.000 personas marcharon en Cuenca y otras localidades de Azuay contra el proyecto minero Loma Larga, considerado por comunidades locales como una amenaza a fuentes de agua y ecosistemas de páramo. Estas movilizaciones se sumaron a las protestas nacionales convocadas por la Conaie en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y otras medidas económicas.
También detalló que el 22 de septiembre en Imbabura se registraron detenciones de al menos 13 personas kichwas de Otavalo, procesadas bajo cargos vinculados a terrorismo. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que estas detenciones fueron arbitrarias, con vulneraciones al debido proceso y denuncias de malos tratos durante la custodia.
Asimismo, resaltó el trabajo de Amnistía Internacional, quien presentó el informe “Son militares, yo les vi”, en el que concluyó que las Fuerzas Armadas habrían cometido desapariciones forzadas en el marco del 'Plan Fénix', estrategia de seguridad militarizada impulsada por el presidente Daniel Noboa. El documento registró la desaparición forzada de 10 personas, entre ellas seis niños, lo que generó alarma en organismos internacionales.
Solicitudes del Parlamento Europeo
En su comunicado el Parlamento Europeo realizó cuatro solicitudes al Estado ecuatoriano:
- Emitir una declaración pública urgente exhortando el cese inmediato del uso excesivo de la fuerza, de la criminalización de la protesta y de las hostilidades contra activistas.
- Realizar gestiones diplomáticas de alto nivel con el Gobierno de Ecuador, recordando las obligaciones del Acuerdo y solicitando garantías para los derechos a la vida, integridad, libertad de expresión, reunión y asociación, así como la independencia judicial.
- Desplegar misiones de observación y monitoreo de derechos humanos en territorios y jornadas de protesta, en coordinación con sociedad civil organizada y mecanismos nacionales.
- Valorar el inicio de consultas formales para la suspensión temporal del Acuerdo Comercial UE – Ecuador ante indicios gravas y persistentes de violaciones de derechos humanos.
Riesgos para la institucionalidad
El comunicado europeo también hace referencia a la campaña del Ejecutivo y su gabinete contra la Corte Constitucional, a cuyos jueces se ha intentado posicionar como “enemigos del pueblo”. Para los parlamentarios, esta narrativa erosiona la independencia judicial y debilita el Estado de derecho.
Los representantes advirtieron que, de persistir las violaciones a los derechos humanos, se podría valorar la activación de consultas formales para la suspensión temporal del Acuerdo Comercial UE–Ecuador. Este tratado, vigente desde 2017, ha sido clave para el acceso de productos ecuatorianos al mercado europeo, por lo que una suspensión tendría repercusiones económicas significativas.
La Unión Europea recordó que el acuerdo incluye cláusulas de respeto a los derechos humanos como condición esencial. “Los hechos señalados son causa más que justificada para estudiar la activación de estas cláusulas”, señala el pronunciamiento.
