“Si esta gente hubiera cumplido con su deber, no se robaban los 5 mil millones”. El exgerente de Petroecuador en tiempos del correísmo, Carlos Pareja Yannuzzelli, sentenciado por corrupción luego de que el acuerdo de cooperación eficaz que firmó con la Fiscalía de Carlos Baca Mancheno no se hiciera efectivo, demostró con documentos lo que el país daba por descontado: que el expresidente prófugo estaba al tanto de todo el esquema de corrupción montado en torno a la preventa de petróleo. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque él mismo se lo dijo: y mostró el oficio respectivo. Pareja compareció este miércoles ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para rendir su testimonio dentro de una investigación sobre el caso Petroecuador y causó revuelo. Los correístas chillaron (literalmente), patalearon (en sentido figurado) y causaron incidentes en más de una manera, pero nada consiguieron que no fuera hacerse más visibles.

La primera novedad corrió por cuenta de la Presidencia de la Asamblea: no autorizó el uso del antiguo salón del Senado, reservado para ocasiones especiales y muy concurridas, como esta. La Comisión tuvo que resignarse a instalar su sesión en su estrechísima sala de reuniones. Entre los policías que acompañaban al compareciente, los asesores de los miembros, una docena de cámaras, una veintena de periodistas y una multitud de correístas que acudieron a dar gritos, la mayor parte de la sesión (hasta el receso del mediodía) se realizó como en bus de transporte público en hora pico: los asambleístas y el invitado, pegados a la mesa; el resto, embutidos entre el muro y los sillones. Por la tarde se corrigió esta situación y se ocupó, como otras veces, el salón adecuado.

La sesión arrancó con gritos y enfrentamientos a propósito de un pedido de reconsideración de una votación de la víspera (ver recuadro, abajo) que el correísmo quiso bloquear a toda costa. En medio del griterío, Roberto Cuero apeló la presidencia de Fernando Villavicencio. El proceso fue accidentado y el propio Villavicencio votó a favor, es decir, en contra suya, con la sonrisa de oreja a oreja. Para entonces, la comparecencia de Pareja ya había comenzado y nadie la pudo impedir. Ana Belén Cordero asumió la presidencia.

El testimonio del expresidente de Petroecuador estuvo encaminado a demostrar que el esquema de corrupción era liderado por el propio presidente y coordinado desde Carondelet por su asesor jurídico, Alexis Mera. Había ofrecido proporcionar a la comisión una veintena de nombres y cumplió: los entregó en un organigrama que leyó el secretario. Constan ahí: Correa y Mera; los fiscales Galo Chiriboga (que archivó el caso) y Carlos Baca Mancheno (que conoció toda la información y no hizo efectiva la cooperación de Pareja); los contralores Carlos Pólit y Pablo Celi, así como Flor María Guerrero y su equipo; el procurador Diego García; y, coordinados por Jorge Glas, ministros y funcionarios de Finanzas (Fausto Herrera, Patricio Rivera, Madeleine Abarca, William Vásconez), Hidrocarburos (Wilson Pástor, Pedro Merizalde), Sectores Estratégicos (Rafael Poveda, José Icaza), Petroecuador (Marco Calvopiña, Álex Bravo, Nilsen Arias, Mauricio Jaramillo, Celso Rojas) y Petroamazonas (José Luis Cortázar); más el auditor de deuda pública, Nelson Dueñas.

Con oficios, comunicados, informes y actas de sesiones, Pareja demostró que todos estaban al tanto del esquema. Que la responsabilidad del presidente de la República es, cuando menos, por “omisión dolosa”. Que con la venta anticipada se montó un negocio de intermediarios que le costó al país más de 5 mil millones de dólares. Que se repartieron comisiones en contratos entre estados (lo cual es un absurdo) y se vendió petróleo a precios arbitrarios para garantizar una ganancia de entre 4 y 5 dólares para los intermediarios. Que se firmaron así 17 contratos, uno de los cuales fue por una operación crediticia de 10 mil millones no aprobada por el directorio y respaldada con una garantía soberana obtenida ilegalmente, a cambio de 181 millones de barriles.

Los correístas reaccionaron, como queda dicho, a gritos. Seis de sus asambleístas más altisonantes tomaron la palabra para lanzar acusaciones (infructuosas, pues Pareja es un sentenciado), llamarlo mentiroso, negar (sin argumento alguno) la validez de sus pruebas, expresar, en fin, el mayor de sus desamparos ante lo inaudito. Pamela Aguirre llegó a preguntarse cuánto podría valer la palabra de una persona sentenciada, pero seguramente no quiso decir eso. En esas estaban, insultándolo (el turno era de Mónica Palacios), cuando llegó una disposición de la dirección de cárceles: el compareciente tenía que volver. Y así ocurrió. Se quedaron sin su punching ball.

El juicio a los siete del CPCCS va

Mal día para los correístas en el frente de la fiscalización. La víspera, en alianza con los socialcristianos, habían logrado bloquear el informe favorable al juicio político contra los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana (ellos quieren enjuiciar solo a los que no son suyos). En esta nueva sesión, el socialcristiano Pablo Muentes se viró, Pedro Velasco propuso reconsiderar la decisión, se votó de nuevo y el correísta Comps Córdova metió las de andar: se abstuvo en vez de votar no. El resultado es que el informe que recomienda el juicio político a los siete consejeros fue aprobado con el voto dirimente de Fernando Villavicencio y así pasará al Pleno. Córdova pretendió cambiar de voto pero ya era tarde. Media hora de gritos destemplados consiguieron sacar de la presidencia, por el resto de la sesión, a Villavicencio, pero no cambiar los resultados.