Además de haber causado decenas de miles de infectados y fallecidos, la COVID-19 también ha agravado los problemas sociales del país. A la cabeza de ellos está el aumento del número de personas en pobreza extrema: se estima que en un año subieron de 1’400.000 a 2’300.000, según las cifras proporcionadas a este Diario por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

Eso significa la casi duplicación del número de ecuatorianos que requieren de un subsidio económico estatal o bono. También implica un incremento del número de familias que ven complicarse aún más su acceso a educación, salud, alimentación adecuada, vivienda, conectividad y otras necesidades. Y, por ser derechos, deben ser garantizados por el Estado.

De allí que la COVID-19 y sus múltiples efectos en todas las áreas le marquen la agenda social al nuevo Gobierno.

“El impacto de la pandemia se evidencia en la agudización de las condiciones de vida de los ecuatorianos, ya que al perder o no poder acceder a un empleo adecuado, pierde capacidad adquisitiva para satisfacer necesidades como alimentación, ropa, vivienda, atención sanitaria y médica, educación, entre otras”, confirma el exdirector del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Roberto Sáenz Ozaetta.

En cifras, cita que el empleo adecuado, que en la fase crítica de la pandemia descendió a 30,8 %, en términos relativos tuvo un ligero repunte para junio del 2021, llegando a 31,3 %; pero lejos del 37,9 %, que fue la tasa de junio de 2019. A eso añade el aumento del desempleo y el consecuente incremento de la informalidad.

Las organizaciones de ayuda social también ven con preocupación esta problemática y están a la espera de las acciones y programas que emprenda el gobierno de Guillermo Lasso para enfrentarlas. Así lo expresa María Delia García Jouvín, vicepresidenta de la Asociación Coordinadora del Voluntariado (Acorvol), organismo que agrupa a las fundaciones y organizaciones no gubernamentales de ayuda social. “Necesitamos que sean más amplios en indicar cuál va a ser este nuevo rumbo, para nosotros como tercer sector poder apoyar”.

Aludiendo a las acciones y objetivos del plan de Gobierno, dice coincidir en que se dé prioridad a la vacunación, así como al combate de la desnutrición crónica infantil y el tráfico y consumo de drogas.

Pero acota que también se deben mantener los programas dirigidos a otras áreas y temas, como la protección a las personas con discapacidades y a los adultos mayores y niños en situación de vulnerabilidad. “Las personas vulnerables y sus necesidades han existido toda una vida, es importante continuar con esas estrategias”, dice, aunque aclara que, sobre todo con las madres, el fin debe ser capacitarlas para que puedan ser autónomas económicamente.

Como integrante del consejo del Banco de Alimentos Diakonia, ella destaca también que desde la campaña electoral se haya anunciado como prioridad el tema de la desnutrición infantil, un problema donde Ecuador es el país con las segundas peores cifras de América Latina, según recuerda.

En efecto, consultado por este Diario, el MIES reitera que estos temas son sus prioridades. Y afirma que, ante la falta de financiamiento por las dificultades de la caja fiscal, han recurrido a la cooperación internacional. También alistan la reapertura de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), cerrados desde el año pasado.

Agrega que el Gobierno alista el plan ‘Ecuador crece sin desnutrición infantil’, que será multisectorial y al que se invitará también a la empresa privada, la academia y los gobiernos seccionales, para atacar la múltiples causas del problema.

A criterio de Sáenz, también sociólogo y catedrático universitario, la COVID-19 ha cambiado la forma de entender la vida y estas nuevas condiciones deben llevar a los dirigentes del Estado a concebir políticas de desarrollo real y no como simples propuestas de campaña.

“El gobierno de turno debe tener claro que la reducción de la pobreza, el aumento del empleo y la garantía del derecho al trabajo adecuado, mediante el estímulo al crecimiento económico que incluya medidas para la justa redistribución de la riqueza, debe ser uno de los objetivos del desarrollo social”.

LA MINISTRA MAE MONTAÑO: "ES IMPOSIBLE REDUCIR LOS SUBSIDIOS"

La titular del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Mae Montaño, descarta que el Gobierno esté pensando en reducir los subsidios que entrega a través de los diversos programas de asistencia social y que constituyen entre el 85% y 87% del presupuesto de esa cartera de Estado.

La exasambleísta por el ahora partido oficialista CREO afirma que el régimen anterior dejó desfinanciados estos programas para los últimos meses del año. Por ello, ante la debilidad de la caja fiscal, debieron recurrir a la cooperación internacional, lo cual les permitirá garantizar la entrega de los subidios en lo que resta del año.

Montaño dice estar consciente de que las condiciones socioeconómicas de la mayoría de ecuatorianos se han agravado por la pandemia. Acota que el 2020 le dejó al país un pasivo adicional de 1’400.000 personas en pobreza extrema, así como tambíen otro de 2’300.000 en inseguridad alimentaria.

Por ese motivo, afirma que ante la recurrente pregunta de si el Gobierno, debido a las dificultades fiscales, está pensando en reducir los presupuestos o los programas de protección social, la respuesta es clara: “Es imposible hacerlo”.

Más aún, reconoce que actualmente, según las cifras de personas en pobreza extrema, hay un déficit de cobertura. “Quienes estamos en territorio sabemos cuando las condiciones se han hecho más críticas. El presidente Lasso ofreció protección a 400 mil nuevas familias. Así que ese es el reto que tenemos en este momento”.

EL PRESUPUESTO DEL MIES Y SU DISTRIBUCIÓN 

• El Monto. Según la titular del MIES, Mae Montaño, el presupuesto de esa cartera es de 1.600 millones de dólares, en cifras globales.
• Los bonos. De esa cantidad, 1.400 millones están destinados a las transferencias económicos o bonos, que las reciben 1’400.000 personas.
• La protección social. El monto restante, unos 200 millones de dólares, financian programas de protección para niños, adultos mayores y grupos en situación de calle, que suman unas 500.000 personas.

En todo caso, reconoce que es necesaria una evaluación. actualización y mejoramiento del Registro Social, para determinar quiénes son los ecuatorianos que deben recibir la protección social y quiénes no. De igual forma, para lograr que la entrega de subsidios tenga un real impacto social y deje de ser meramente asistencialista.

“A veces es fácil decir ‘el MIES solo entrega bonos’. No; el MIES tiene que llevar a la población de la inclusión social a la inclusión económica”, dice.

A su criterio, también hay que hacer un esfuerzo y llegar a zonas donde existe subregistro de personas que requieren protección por estar en situación de pobreza o pobreza extrema. Lo ve como otro reto en el que deben trabajar con la secretaría técnica de Registro Social, que depende del Ejecutivo.

ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS SOCIALES PRIORITARIOS:

DESNUTRICIÓN INFANTIL. Ecuador es el segundo país de América Latina con la tasa más alta de desnutrición crónica infantil y por ello el Gobierno ha anunciado que dará prioridad a este problema. Ha esbozado el plan ‘Ecuador crece sin desnutrición infantil’, que será multisectorial, pero aún no ha precisado los detalles.

VULNERABILIDAD. Las personas en extrema pobreza, con discapacidad o en situación de calle, entre otros grupos que constituyen el objetivo de los programas de ayuda económica y protección social del Estado, estarán ahora a cargo de la secretaría técnica denominada ‘Plan toda una vida’ a través de siete ‘misiones’.

DROGADICCIÓN. El tráfico, microtráfico y consumo es uno de los problemas que el régimen ofrece priorizar con el programa ‘Ecuador, libre de drogas’. María Delia García, de Acorvol,  pide que se corrija el error de asignar la desintoxicación inicial a clínicas privadas o a las propias familias; y que eso deben asumirlo los hospitales.

MENDICIDAD. La pandemia también ha incrementado el número de personas en situación de calle, aunque en la mayoría de ciudades se ve un predominio de migrantes venezolanos. El Gobierno ha anunciado un plan para regularizarlos, pero también ha pedido apoyo económico a la cooperación internacional.