Cartas de lectores | Corte Constitucional: alinearse con la Constitución
La independencia de la Corte Constitucional es clave para proteger la Constitución y evitar abusos de poder
De conformidad con la Constitución, la Corte Constitucional (CC) es el máximo órgano de control e interpretación constitucional y administración de justicia en esta materia. Es autónoma en lo administrativo y financiero; sus miembros no pueden ser removidos por quienes los designan ni están sujetos a juicio político, aunque sí responden por sus actos u omisiones como cualquier autoridad pública. En caso de responsabilidad penal, son acusados por el fiscal general y juzgados por la Corte Nacional de Justicia, con el voto favorable de dos tercios de sus integrantes.
Para ser miembro de la CC, entre otros requisitos, no se debe haber pertenecido en los últimos diez años a la directiva de partidos o movimientos políticos. La selección se hace mediante concurso público, con veeduría e impugnación ciudadana, a partir de candidaturas presentadas por las funciones Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia y Control Social. La CC interpreta la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos; resuelve acciones de inconstitucionalidad, incumplimiento, protección, ‘habeas corpus’, ‘habeas data’ y acceso a información. También controla la constitucionalidad de estados de excepción, sanciona el incumplimiento de sentencias y dirime conflictos entre funciones del Estado. Es fundamental que la CC se mantenga independiente de cualquier gobierno. Pretender su alineamiento político refleja ignorancia y es antidemocrático. Es el Gobierno quien debe alinearse con la Constitución. Su misión esencial es defender el orden constitucional, principio clave en un Estado de Derecho como el ecuatoriano, donde todas las funciones del Estado deben someterse a la Constitución.
El control de constitucionalidad garantiza que la ley esté por encima de la voluntad de los gobernantes, especialmente si esta es arbitraria o autoritaria. Nadie, ni el presidente ni otras autoridades, está por encima de la Constitución. En un contexto de inseguridad, se requiere mayor obediencia al marco legal para dar ejemplo a la ciudadanía y enfrentar las causas estructurales del delito.
Someter a los miembros de la CC a juicio político sería una medida retrógrada que permitiría la manipulación política y el debilitamiento del control constitucional. Esto abriría la puerta a una dictadura encubierta disfrazada de legalidad, en la que los derechos humanos y de la naturaleza quedarían desprotegidos frente a intereses partidistas.
Carlos Castro Riera
